El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Gualeguaychú detuvo las obras de recomposición ambiental al que había sido condenada la empresa Altos de Unzué SA. La firma había sido condenada por provocar daños a un área protegida en la comuna de Pueblo General Belgrano con la construcción de un country fluvial. Pero las medidas de resarcimiento en el predio donde iba a funcionar el barrio náutico Amarras no estaban habilitadas, por lo cual los demandantes realizaron una queja formal. Así, el juez Ricardo Javier Mudrovici hizo lugar a una medida cautelar de “no innovar”. El magistrado también admitió la solicitud de designar “peritos para que se expidan sobre la viabilidad del plan de recomposición ambiental presentado”, para lo cual las partes podrán designar los consultores técnicos respectivos

Denuncian obras no autorizadas para recomponer los humedales de Gualeguaychú

En 2022, el juez civil de Gualeguaychú, Ricardo Javier Mudrovici, condenó a pagar una multa de $200 mil diarios en forma conjunta al Gobierno de Entre Ríos, a la Municipalidad de Pueblo Belgrano, que gobierna Mauricio «Palito» Davico, y a la firma Altos de Unzué SA por incumplir una orden judicial que ordenó desmantelar el barrio privado, Amarras, que se había construido sin un estudio de impacto ambiental y en consecuencia reparar el daño que se había producido. La multa, luego, fue dejada sin efecto por otro fallo que dictó el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

 

De igual modo, quedó firme la orden de desmantelar el barrio privado Amarras, que generó un pleito que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución que causó conmoción e hizo mella en los magistrados del Superior entrerrianos, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Julio Jesús Majul, con la representación del abogado Mariano Aguilar, y declaró «formalmente procedente el recurso extraordinario» presentado en el marco de un amparo ambiental que rechazaba la instalación del barrio privado Amarras, un proyecto que divide a dos municipios, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

 

Antes, en 2016, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos había rechazado un recurso extraordinario interpuesto por parte del colectivo de organizaciones ambientales y sociales de Gualeguaychú que acompañaron el recurso de amparo promovido por el vecino Julio Majul contra la instalación del barrio privado Amarras. En primera instancia, la Justicia del sur provincial ya había dictaminado que Amarras avanzó con su proyecto sin contar con el visto bueno de las autoridades de Medioambiente de la Provincia.

 

ÚLTIMO DERROTERO

 

Así las cosas, con la sentencia firme que ordenó el desmantelamiento restaba establecer de qué modo Altos de Unzué SA reparaba el daño ambiental producido con su emprendimiento inmobiliario ejecutado fuera de la legislación.

 

La última novedad ha sido que el pasado viernes 4 de agosto, el juez Mudrovici volvió a emitir una resolución sobre un caso que lleva años tramitándose.

 

El magistrado hizo lugar, “bajo la exclusiva responsabilidad de las peticionantes, a la solicitud de medida cautelar interesada por la parte actora (el exlegislador Julio Majul, NdelR) y por la Municipalidad de Gualeguaychú, disponiendo la prohibición de innovar por parte de los demandados respecto de la situación de hecho en el inmueble de propiedad de Altos de Unzué S.A. que se denomina proyecto  Amarras del Gualeguaychú, prohibiendo y suspendiendo cualquier tipo de obras, modificaciones o trabajos en el predio hasta tanto se autorice judicialmente un plan de recomposición del ambiente”.

 

También hizo lugar “a la solicitud de designación de peritos para que se expidan sobre la viabilidad del plan de recomposición ambiental presentado por Altos de Unzué S.A. en sede administrativa, para lo cual la parte actora y la Municipalidad de Gualeguaychú deberán indicar la especialización que han de tener los mismos y proponer puntos de pericia, dentro del plazo de cinco días, de lo que, en su caso, se correrá traslado a las contrarias para que también propongan puntos de pericia u observen la procedencia de los ofrecidos, pudiendo las partes designar los consultores técnicos respectivos”.

 

CHISPORROTEO

Denuncia Majul Rodriguez Signes by ERA Verde on Scribd

En esa causa, Julio Majul también se presentó con un escrito durísimo contra el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que representa a una de las partes condenadas por la Justicia en el marco del proceso por el desmantelamiento del barrio privado Amarras del Gualeguaychú. Dijo que el funcionario “viola la Constitución, se excede en sus facultades y debe rechazarse su última presentación en este proceso”, señala el escrito al que accedió ERA Verde.

 

“En nuestra Provincia ocurren hechos de terrible trascendencia institucional y donde está claramente en peligro el patrimonio provincial, como por ejemplo el latrocinio del urribarrismo, o sea del exgobernador y su séquito de rapaces; o el más tremendo caso de apoderamiento ilegítimo de fondos públicos, donde se han mezclado legisladores oficialistas y opositores, donde han desaparecido millones de dólares (50 millones de billetes verdes, según estimaciones periciales) –se refiere a la causa de los Contratos Truchos, NdelR-, y el fiscal de Estado no ha hecho demasiado énfasis público en tan tremendos fraudes”, plantea Majul.

 

Específicamente, en la causa de Amarras Majul le reprocha a Rodríguez Signes una “actitud horrible” y se refiere a la ejecución de honorarios por $55 mil que hizo en el marco de la tramitación del proceso judicial.

 

Majul pidió que primero pagara ese dinero Altos de Unzué, y en subsidio la Municipalidad de Pueblo Belgrano. “Mi intención era cobrar a la empresa ilegal que explotaba Amarras, y si a esta no tenía como cobrarle, seguir con la Municipalidad”, planteó en su escrito. Pero se sorprendió cuando se enteró que el fiscal de Estado se presentó en Tribunales “y graciosamente deposita lo que se debe a los abogados actores y de la Municipalidad de Gualeguaychú. O sea: en vez de proteger el patrimonio provincial, y en todo caso esperar hasta conocer si alguien ejecutaba a la Secretaría de Ambiente, el fiscal de Estado se apresura a pagar a todos los abogados, evitando que podamos cobrar a la empresa y a la Municipalidad”.

 

“Queda claro que, en vez de proteger los intereses de la Provincia, el fiscal de Estado protege los de la empresa Altos de Unzué y de la Municipalidad que conduce Mauricio Davico”, subrayó. “El fiscal incumple su deber constitucional, en su afán de proteger a la empresa ilegal, y a la Municipalidad del amigo de los gobernantes”, añade.

 

Aquella primera sentencia, sin embargo, fue apelada por parte de la empresa Altos de Unzué S. A. y por el Municipio de Pueblo Belgrano; entonces el asunto fue a parar al STJ, que le dio la razón a la empresa y por eso el tema recaló en la Corte.

 

Con información de Entre Ríos Ahora

De la Redacción de ERA Verde