El dato surge por cifras de actuaciones de la Dirección de Recursos Naturales provincial, en un período que abarca el año y medio. Los ecosistemas más afectados son el bosque de espinal, en el centro norte entrerriano, en donde las pérdidas más significativas involucran especies como espinillo, ñandubay y algarrobo negro, dijo el responsable del área, Mariano Farall. Existe una línea para alertar sobre talas ilegales que recibe un promedio de 4 denuncias semanales, sobre las cuales se hace una selección para realizar las actuaciones.

 

Según el último ordenamiento territorial realizado por la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos, la superficie ocupada por montes nativos en la provincia alcanza en la actualidad a 1.900.000 hectáreas. Se trata de una importante área que con el avance de la frontera agrícola ha venido sufriendo grandes pérdidas. Son varios los indicadores que demuestran los perjuicios que conllevan los desmontes ilegales, una práctica que persigue como objetivo un interés económico básicamente de sectores agropecuarios. Su desaparición genera daños irreparables, quedando el suelo a merced de adversidades climáticas y en buena medida trastocando el ciclo de lluvias.

 

El responsable del control y la fiscalización de la dependencia bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mariano Farall, indicó que de acuerdo a las actuaciones administrativas que viene ejecutando la repartición desde hace un año y medio, en ese período se desmontaron en Entre Ríos alrededor de 4.000 hectáreas de bosque nativo, publicó diario Uno.

 

Según el funcionario, desde que asumió en 2020 “la problemática de los desmontes ilegales ocupó una parte de importante en su agenda”, consignó el periódico. Respecto a sus metas Farall comentó que ha sido “fortalecer las áreas de control y de fiscalización de los desmontes ilegales y que para ello sea posible son fundamentales los fondos nacionales previstos en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental a los Bosques Nativos Nº 26.331”. Y recordó que en Entre Ríos se sancionó en 2014 y se reglamentó en 2015 la Ley 10.284 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.

 

En cuanto a las zonas entrerrianas más afectadas por esta situación, Farall situó que los mayores cambios se registran en el sector denominado como bosque de Espinal, ubicado en el centro–norte de la provincia. Mientras que al momento de hacer mención de las especies más perjudicadas dijo que son el espinillo –árbol emblema de Entre Ríos–, el ñandubay y el algarrobo negro.

 

DENUNCIAS

 

Para las denuncias por talas ilegales, que son anónimas en su mayoría, se reciben casos en la línea de Whats App 343 6216345 de la Dirección de Recursos Naturales, en el correo electrónico bosquenativo.er@gmail.com y en los teléfonos fijos (343) 4208876 / 4207870 / 4227398. La línea telefónica a través de WhatsApp se habilitó hace un año, y cada semana recibe un promedio de 4 denuncias, las cuales se van seleccionando por su importancia y validez.

 

“Recibimos todo tipo de denuncias, desde denuncias muy pequeñas (menores a las 10 hectáreas) que incluso pueden ser sancionadas con apercibimientos. Son superficies que luego van a ser utilizadas para una explotación minera. Se labra la infracción correspondiente por no pedir la autorización. Lo que sucede es el que el productor agropecuario cambia el uso del suelo, son campos a los cuales los estaban conservando con ganadería, bajo el monte, pero luego retiran una gran cantidad de monte de su campo y lo transforma en agricultura, a campos de cultivo. Ese tipo de infracciones también las atendemos”, consignó el funcionario.

 

Luego añadió que se está llevando adelante “un procedimiento exitoso por semana. Lo consideramos exitoso cuando llegamos a un acta de infracción, con todo el material probatorio, inspeccionamos el lugar que por lo general suelen ser predios o inmuebles rurales. Cuando no lo podemos hacer solos vamos acompañados por personal policial. Ahí munidos de cámaras, GPS, se sacan fotos, se labran las actas correspondientes. Luego esa acta entra al circuito administrativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería. Hemos avanzado mucho en la gestión de trámites, las denuncias y las multas”, dijo.

 

Sobre el trabajo de prevención de la deforestación sostuvo: «Falta mucho por hacer en el sentido de no llegar tarde, de evitarlo”.

 

PERSONAL

 

El funcionario planteó a Uno que la tasa de deforestación de los bosques nativos experimentó una tendencia decreciente a partir de 2010, por la implementación del marco normativo que prohíbe la tala de especies autóctonas. Pese a ello explicó que se trabaja para evitar el avance de un flagelo recurrente, incorporando personal especializado para fiscalización de los desmontes, sumando vehículos para el trabajo en el territorio y la posibilidad de contar con mayor equipamiento informático.

 

“En 2023 prevemos incorporar 5 contratos más para fortalecer estas tareas. También adquirimos un rodado todo terreno y pensamos adquirir otro rodado, todo esto con fortalecimiento de equipos informáticos, adquisición de GPS y cámaras fotográficas. Hemos dado capacitaciones a las fuerzas policiales, a la Policía tanto de Entre Ríos como al personal de la Brigada de Abigeato, quienes son nuestros auxiliares en la tarea de la denuncia y la identificación de los desmontes en las zonas rurales”, precisó el entrevistado.

 

“Actualmente contamos con una cantidad importante de expedientes, fruto del trabajo de 1 año y medio: llevamos relevadas alrededor de 4.000 hectáreas infraccionadas. Hemos podido lograr ese cúmulo de procedimientos”, describió Farall.

 

De acuerdo al procedimiento, una vez detectadas las infracciones, se labran actas por desmonte ilegal y todo ingresa al “circuito administrativo”. Así “lo primero que se corrobora es la propiedad del inmueble donde se cometió la infracción. Luego se realiza un cruce con datos de Catastro Rural de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Esto lleva su tiempo, pero con esos datos sabemos fehacientemente quien es el dueño del campo, si bien a veces no se puede llegar fehacientemente al dueño”, señaló el funcionario. “Posteriormente se notifica al infractor vía carta documento y luego dos ingenieros agrónomos elaboran un dictamen técnico con análisis de imágenes satelitales, sumado a una ecuación paramétrica que se construyó en base a la categorización de los bosques nativos de la ley nacional y de la ley provincial para aplicar las sanciones pecuniarias que prevé la Ley. Pueden alcanzar el equivalente a una multa máxima de 500 salarios de peón rural: son sanciones que puedan alcanzar los 45 millones de pesos”, graficó.

 

También puede haber sanciones complementarias, donde se ordena a los infractores planes de conservación obligatoria o la reforestación compensatoria.

 

 

Fuente: Diario Uno