Organizaciones ambientales de la ciudad de Rosario hicieron una presentación ante la Justicia Federal solicitando la recomposición del daño ambiental producido por los incendios ilegales en la zona de islas de Victoria. La demanda es hacia los propietarios de los lotes donde se produjeron los focos ígneos a quienes también se les reclamará una compensación por los daños remantes. En diálogo con ERA Verde, uno de los representantes legales encuadró el problema como daño ecológico y atentado a la salud de los vecinos rosarinos afectados por los humos.

 

Las ONG’s Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental con asiento en la ciudad de Rosario, ingresaron este lunes en los juzgados Federales de la ciudad de Paraná un pedido de “acción preventiva de daños ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia con respecto a las incendios en las islas entrerrianas en la zona de Victoria. La demanda se realiza contra quienes resulten los responsables –propietarios y arrendatarios– por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por “la quema de 25 mil hectáreas en las islas del Delta del río Paraná”, según estimaron.

 

El carácter de la demanda es de un “acción preventiva de daño ambiental”, precisó a ERA Verde Fabian Maggi, integrante del grupo de abogados patrocinantes. El letrado informó que  la acción legal ingresada de forma virtual en el Juzgado Federal 2 de Paraná, que tiene jurisdicción sobre las islas, tuvo una “reacción inmediata y satisfactoria”, dando “la celeridad necesaria al trámite con la que deben tratar”, e indicó que ya se tomaron las primeras medidas, cursando oficios a la la Fiscalía Federal de Victoria, a cargo de Carlos García Escalada, para colectar pruebas y antecedentes.

 

Maggi explicó que la presentación se realizó en el fuero Federal porque la afectación del recurso es inter jurisdiccional, ya que abarca las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Además, que la figura jurídica a la cual se apela ha sido establecida por la llamada Ley General de Ambiente, Nº 25.675, que en su artículo 28º, prevé que quien se encuentre responsable de un daño ambiental realice tareas para restablecer las condiciones que fueron afectadas y en caso que no “sea técnicamente factible”, se establece una “indemnización sustitutiva” que debe determinar la Justicia. Es por esto que entre lo que se tiene que determinar son los responsables, y es por eso que se apunta a los responsables de los lotes donde se detectaron las quemas descontroladas.

 

Arquitectura legal

 

Para determinar la recomposición del ambiente, el letrado dijo que se propone conformar una equipo de profesionales de las universidades nacionales del Litoral, de Rosario y de Buenos Aires, y “que sean ellos los que dictaminen las tareas para recomponer el ambiente y que sean ellos mismo los que determinen el valor de año ambiental” para poder monetizar la indemnización sustitutiva. Esta compensación también está determinada por Ley General de Ambiente que establece sea depositada en el Fondo de Compensación Ambiental y que serña administrado por la autoridad de aplicación jurisdiccionalmente.

 

En este sentido, Maggi precisó que el proceso requiere una serie de actos consecutivos. Determinar el daño en primer lugar, luego establecer la recomposición, y por último si hubiera un daño remante, definir la indemnización.

 

Sobre el otro aspecto de la demanda, el referente legal del Foro Medio Ambiental detalló que se requiere una medida cautelar ante los constantes ataques a los humedales del Delta. Si bien en este caso tomó una importante dimensión pública por los incendios, estos daños al ambiente producidos por las quemas están asociados a los terraplenes y endicamientos con fines productivos en estos ecosistemas, lo que vuelve a poner la mirada en la actividad que desarrollan ciertos productos ganaderos y agrícolas en las islas.

 

Estudios

 

En cuando a los fundamentos, el abogado dijo que la demanda tiene una serie de avales de estudios científicos. Aludió al llevado adelante por la Fundación Humedales que alerta sobre el impacto de las actividades productivas en este sector de islas entrerrianas y un reciente estudio del Laboratorio de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR que realizó mediciones de la calidad del aire en la ciudad de Rosario. Los testeos desde el 11 al 15 de junio y arrojaron «datos muy preocupantes sobre la calidad del aire, que superó cinco veces el valor permitido por normativa», indicaron fuentes de la investigación a Télam. A su vez, señalaron que «el impacto que produce tiene un alcance que excede las inmediaciones donde se generó, ya que las partículas respirables se han trasladado por efecto del viento a una distancia de hasta 60 kilómetros, lo que se conoce como “Efecto paraguas”.

 

En este sentido, el profesional justamente apuntó a que el requerimiento apunta a reparar el daño ambiental como el “atentado a la salud pública”.

 

El equipo legal ambiental además de Maggi está compuesto por Melisa Mariñera, Agostina Castilla, María Gimena Viviani y Gustavo Madeira.

 

De la Redacción de ERA Verde