El conflicto por el estado del vertedero de la ciudad de La Paz no parece encontrar una vía de solución. Los pobladores linderos al depósito de basura realizaron denuncias por vías administrativas al municipio. Reclamaron por las quemas, los malos olores y la falta de funcionamiento de las piletas de tratamiento de efluentes cloacales. Por esta última situación las filtraciones contaminantes derivan a los arroyos Cabayú Cuatiá y Los Paraísos con impacto desconocido. Las quejas no tuvieron respuestas y el conflicto comenzó a escalar. Entonces la Provincia realizó una recorrida por el lugar y elaboró un informe con recomendaciones hasta tanto se encare una composición de fondo. Pero las medidas paliativas no fueron llevadas adelante, se taparon residuos con tierra e incluso se desmontó una parte lindera. Los vecinos terminaron por presentar un amparo ambiental ante la Justicia. En este marco, el juez actuante, Raul Damir Flores, realizó una recorrida in situ junto a los demandantes y representantes de la Municipalidad. De esta actuación, según pudo saber ERA Verde, se corroboraron graves irregularidades y se abrió una instancia de conciliación que quedó pendiente hasta tanto las autoridades de Ambiente de Entre Ríos puedan participar de la misma.

“Seguimos en idas y vueltas”, sintetizó una vecina del Volcadero de La Paz sobre el estado de situación alarmante que denunciaron del vertedero municipal. En febrero pobladores de barrios cercanos al predio comenzaron a dar a conocer la crisis por la cual atraviesan, sin que la Municipalidad se haya hecho eco de los reclamos y a pesar de haberse comprometido a ocuparse de los problemas en un tiempo perentorio: Humaredas por focos ígneos de basura, olores nauseabundos y falta de funcionamiento de las piletas de tratamiento de los efluentes fecales –tapadas y en desuso–, con la consecuente derivación de estos líquidos y lixiviados al Área Natural Protegida Municipal “Arroyo Cabayú Cuatiá – Arroyo Los Paraísos”, a través de los cursos de agua que le dan nombre a la reserva.

 

Sin avances y teniendo en cuenta que el basural está a poca distancia de una escuela y de una gran barriada, el reclamo social comenzó a ganar volumen y a sumar adhesiones. Esto llevó a el Ejecutivo municipal, a cargo de Walter Martin, elevara un pedido de intervención al Honorable Concejo Deliberante con el objeto de analizar alternativas para el traslado, cierre y remediación del sitio actual donde se depositan los desperdicios. Con este escenario, el 23 de febrero, el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente provincial, Maximiliano Gómez, visitó La Paz. El funcionario se reunió con el intendente y su equipo, con quienes realizo un recorrido del lugar y charló con vecinos. La idea de este acercamiento fue pensar “soluciones sostenibles” y desandar un “trabajo conjunto para abordar de manera integral la situación del predio de disposición final de residuos local”.

DE MAL EN PEOR

 

A partir de este desembarco, la Provincia elaboró un informe y brindó recomendaciones para realizar tareas de forma que atenúen los problemas planteados. Pero nada de esto se cumplió, señalaron los vecinos a ERA Verde, que explicaron que se realizó una remoción de tierra y tapado de la basura sin ningún tipo de criterio, inclusive enterrando cubiertas de vehículos, algo expresamente prohibido por las autoridades provinciales, explicó una de las vecinas que se presentó como denunciante en un amparo ambiental abierto en el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes local, a cargo de Raúl Damir Flores.

Luego de presentarse en la Justicia, “la Municipalidad aprobó una ordenanza de emergencia la que es poco probable que cumplan, ya que hay una del año 2010 que no se cumple”, comentó la litigante a ERA Verde. Y en este orden, en el marco del expediente que lleva adelante Flores, informó que el 18 de marzo pasado se realizó una inspección judicial, donde participaron las demandantes y representantes del municipio. “Desde el lunes estaban realizando trabajos a contrarreloj para maquillar el basural. Estas tareas, según el informe realizado por Ambiente provincial, no podían hacerlo. No podían realizar movimiento de suelo, ni realizar desmontes en el predio”, denunció.

El conflicto por el basural de La Paz sigue latente y evalúan una relocalización

 

En este reconocimiento judicial surgió un cara a cara de vecinos con funcionarios, donde el secretario de Obras Públicas de La Paz, Nicolás Merlo, tuvo que reconocer que las piletas de tratamiento cloacales no funcionan y algunas cuentan con un importante deterioro. También que hubo un desmonte sin ton ni son. “El juez pisó por primera vez el basural y estaba medio perdido”, confesó uno de los presentes, comentar que Flores pidió conocer el camino de los efluentes que lleva los líquidos a volcar en el arroyo Los Paraísos. Tampoco se pudo constatar que el municipio lleve adelante un plan y cronograma de trabajo para mitigar el impacto del desmanejo y que “tampoco cuenta con un protocolo para tapar con tierra la basura y sofocar los incendios”, señaló una vecina.

 

De esta instancia se desprendió una audiencia de mediación para el jueves 19 de marzo que fue suspendida porque se requería la presencia de las autoridades de Ambiente de Entre Ríos. Consultado al respecto por ERA Verde, el responsable del área, Maximiliano Gómez afirmó que estaban al tanto del proceso judicial, pero que no fueron formalmente notificados ni convocados “bajo ninguna figura”; tampoco se les solicitó nuevos informes o avances de situación.

“En relación a este tema, hemos mantenido reuniones con municipios como La Paz, Bovril, Santa Elena, Alcaraz, Hasenkamp, porque estamos reflotando la idea de un consorcio para esta zona. Es algo que ya se ha intentado en otras oportunidades y por distintos motivos no se ha materializado en un espacio más concreto y específico. Hoy, con la experiencia del consorcio del Gran Paraná, al amparo del a Ley de Mancomunidades, estamos trabajando en esa dirección, en un proceso similar en Concordia y ahora queremos replicar para este sector del centro norte de la provincial. De momento las conversaciones han quedado circunscripta a lo administrativo y institucional. Sí hay un reconocimiento común de todos los gobiernos locales es un problema acuciante y que los impactos negativos asociados a los problema de disposición final son temas muy sensibles para toda la población”.

De la Redacción de ERA Verde