Un concejal de la oposición de la capital entrerriana anunció que realizaría un pedido de investigación por el posible incumplimiento de la orden de cese de actividades y traslado de una chatarrería que funciona en avenida Circunvalación y Almirante Brown. El caso remite a un negocio de venta, desguace y reciclado de una diversidad de materiales, mucho de ellos peligrosos, de la familia Todoni, ahora con vínculos políticos con el partido emergente La Libertad Avanza. El funcionamiento de esta planta ha sido denunciado en distintas oportunidades por los vecinos que se ven perjudicados por el daño ambiental que genera. En 2022 la Provincia ordenó el cierre en el actual lugar, pero la resolución no fue cumplida, por lo cual al Fiscalía de Estado presentó una demanda de ejecución. En el medio hubo una frustrada mudanza al Parque Industrial, según supo ERA Verde dentro de un marco normativo donde no existen ordenanzas para regular este tipo de comercio.
El Estado de la provincia de Entre Ríos resolvió presentar una demanda en lo Contencioso Administrativa de Ejecución Judicial de la Resolución Nº 2.622 del 5 de octubre de 2022 de la Secretaria de Ambiente que orden a Diego Enrique Todoni al “cese total preventivo” de chatarrería. En el negocio familiar, ubicado en avenida Circunvalación José Hernández Nº 2.561, se llevan actividades de “clasificación, venta y empaque de productos para el reciclado”. Pero resulta que la planta al momento de tomar esta decisión, no contaba con el certificado de aptitud ambiental.
En el expediente se da cuenta que históricamente la existencia de esta chaterrería cuenta con conflictos no saldados con la Municipalidad de Paraná, atento a las sucesivas denuncias de los vecinos. Por esto antecedentes se llega a la medida para el cierre a través de la cual se dispuso el dispuso el cese de la planta de clasificación, venta y empaque de productos para reciclaje, hasta tanto se cumplan los requisitos legales y reglamentarios luego de constatar desde el ámbito provincial el incumplimiento de los requerimientos exigidos y el riesgo ambiental al observar que el local no cuenta con certificado de aptitud ambiental, y deposita los residuos sobre el terreno natural sin ningún tipo de impermeabilización.
Pero resulta que esta resolución nunca se cumplió y esta irregularidad quedó expuesta por la suerte de denuncia del edil Armando Sánchez, del bloque Políticas para la República, cuando anunció la presentación de proyecto de resolución que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar acciones pertinentes en relación asta chatarrería. El concejal, plantea la posible infracción de normas de higiene y cuidado ambiental y de las ordenanzas Nº 9.233 de Obligaciones Básicas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la Nº 8563 de Código Urbano de la Ciudad de Paraná y la Nº 7.717 del Código Ambiental de la ciudad de Paraná porque, justamente el cuerpo deliberativo que él integra hace casi cuatro años, no cuenta con una legislación específica para este tipo de actividades.
MUDANZA FRUSTRADA
Antes que llegue a manos del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y con él la presentación a la Justicia, hubo una tratativa para abordar la problemática, cuenta en diálogo con ERA Verde el secretario Legal y Administrativa de la comuna, Pablo Testa. El funcionario comentó que las denuncias de los lindantes a la chatarrería de Todoni continuaron luego de la resolución de Ambiente de Entre Ríos. Testa aseguró que tuvo que realizar un rastreo histórico del expediente iniciado en el municipio, cuyos antecedentes cuentan con movimientos en la intendencia de Sergio Varisco (2015–2019) y Blanca Osuna (2011-2015). En la actual gestión, rememora, incluso hubo un intento de que la chatarrería pudiese ser trasladada al Parque Industrial, donde las condiciones serían mejores que las actuales, en un proceso complejo por las dimensiones de la empresa. Estas tratativas estuvieron encabezadas por el fallecido secretario de Hacienda, Eduardo “Lalo” Macri. Los registros de este cometido se pierden entre escritos y documentales, pero según contó una alta fuente del Palacio Municipal, el proyecto habría naufragado empresas integrantes del propio Parque Industrial, algunas de la cuales envían materiales para tratar a la cuestionada planta de reciclado, se negaron a recibir en el predio al centro de acopio, reciclado y venta de materiales en desuso.
Test admite que se trata de una actividad necesaria, que según sus administradores cuenta con 28 empleados directos y 200 proveedores, entre recuperadores informales y empresas de todo tipo. El funcionario apunta que se llega a esta situación también porque es una actividad que no está regulada, en un dardo por elevación al concejal que ahora se asombra que existe esta empresa ilegal.
RESOLUCIÓN
Lo concreto a hoy es que está firme la resolución de la Secretaría de Ambiente donde se impuso “el cese total preventivo a la actividad de planta de clasificación, venta y empaque de productos para reciclado llevada a cabo por el Sr. Diego Enrique Todoni (…) hasta tanto la actividad obtenida el Certificado de Aptitud Ambiental”. Además, intimó al dueño de la planta a presentar en un plazo de “20 días hábiles” la documentación e información requeridas.
Como nada de eso ocurrió, la Fiscalía de Estado presentó una demanda de ejecución judicial de aquella resolución de la Secretaría de Ambiente, trámite que se radicó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
En la presentación, la Fiscalía señala que la chatarrería de Todoni «ha sido reiteradamente intimada y notificada del cese total preventivo de la actividad de planta de clasificación, venta y empaque de productos para reciclado y de la presentación de la documentación e información requerida, y no obstante ello ha continuado con las actividades violando la resolución dictada por la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, la que se encuentra firme y consentida».
Agrega que «ninguna de las intimaciones fue cuestionada por la demandada en cuanto su legalidad, no realizando siquiera descargo alguno, asumiendo en cambio una actitud renuente a cumplir con lo resuelto por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Este comportamiento de la accionada, de desprecio y total indiferencia en cumplir con las reiteradas intimaciones del cese total preventivo de la actividad y no presentación de la documentación e información requerida, demuestra que ya no es dable esperar que la misma cumpla con ninguna resolución de la autoridad de aplicación Secretaria de Ambiente», agrega el escrito.
Cita que el 22 de diciembre de 2022, el Área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente elaboró el informe técnico Nº 89/22 mediante el cual se constató que la actividad de acopio y venta de chatarrería y otros materiales de propiedad del señor Todoni, «se encuentra en funcionamiento, a pesar de encontrarse vigente la medida preventiva impuesta». Y que la chatarrería «se encuentra en funcionamiento a pesar de contar con un cese total preventivo de actividades, estando en conocimiento de ello el proponente, Sr. Diego Enrique Todoni. En este contexto, corresponde tenerse por configurado el incumplimiento expreso de lo previsto en la Resolución Nº 2622 S.A. de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos».
En ese marco, la Fiscalía de Estado pidió a la Justicia que imponga a la chatarrería Todoni la obligación de cesar en la actividad tal cual lo resuelto por la Secretaría de Ambiente.
FAMILIA POLÍTICA
La planta de acopio de desechos para reciclaje que es propiedad de Diego Todoni, hermano de Débora Todoni, concejal electa de Paraná. Débora a su vez es esposa de quien fuera candidato a intendente de la capital provincial por La Libertad Avanza, Andrés Laumann, también ligado al negocio de la chatarrería. El apellido Todoni se repite en la lista “libertaria” como quinta diputada provincial electa: Débora Betina Todoni, que ingresó a la Legislatura con la coalición de ultra derecha a través del sello de su cuñado, Laumann, que cuenta con la personaría del Partido Demócrata.
De la Redacción de ERA Verde