A los 10 años de la firma un convenio entre la multinacional Chevron y la empresa estatal de energía YPF para la exploración y explotación de combustible no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta, la delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza evaluará el avance del megaproyecto y sus impactos sobre las vidas de las poblaciones locales y regionales.
Entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2023, una delegación de jueces y juezas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitará Vaca Muerta, en las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. La visita se centrará en los impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión de la industria extractiva en la región. La delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza buscará analizar la situación de la región en relación con los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas, así como también evaluará la gestión de los impactos ambientales por parte de las empresas extractivas y las autoridades gubernamentales, en el marco de la expansión de la frontera extractiva en la Patagonia argentina.
El reconocimiento es organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Cultural Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita son la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos.
El contingente evaluará los resultados del avance del megaproyecto los últimos 10 años y los impactos sobre las vidas de las poblaciones locales y regionales. “A medida que se intensifica permanentemente el número de perforación y fracturas, la dependencia de la financiación de la industria pone en riesgo las economías locales. A pesar de las promesas de entrada de divisas, la evidencia apunta a que las empresas han fugado mayor cantidad de dólares de los que han ingresado al país. Sin embargo, la información y las investigaciones pertinentes no se han llevado a cabo gracias al consenso político, empresario y extractivo que existe sobre Vaca Muerta como una solución certera a los déficits energéticos, financieros y sociales de la Argentina”, se apuntó desde la AAAA.
“En un contexto de sequía nacional y de bajante extrema, los impactos socioambientales de la extracción por fracking aumentan. Uno de los principales problemas en la región es el uso del agua, ya que la zona tiene escasos recursos hídricos. Se estima que para 2023 la demanda de agua en Vaca Muerta se duplicará y alcanzará los 30 millones de metros cúbicos anuales. Además, el almacenamiento de los residuos tóxicos generados por la actividad extractiva es otro problema importante. La intensiva ocupación del territorio por parte de la industria extractiva también genera impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de las locaciones petroleras ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida, así como también ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas como Allen”, agregaron los abogados ambientalistas.
Durante la visita, la delegación se reunirá con representantes del gobierno, organizaciones sociales y comunidades indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. La agenda incluye visitas a la provincia de Neuquén, donde se encuentra el megaproyecto de Vaca Muerta y las empresas petroleras; a los basurales petroleros de Neuquén Capital y Añelo, donde se ha denunciado la contaminación y almacenamiento ilegal de residuos tóxicos del fracking; a Vaca Muerta y a la Ruka Mapuche en las afueras de Neuquén, para evaluar los impactos en el territorio y los derechos de los pueblos indígenas; y a la localidad de Sauzal Bonito, donde se han registrado movimientos sísmicos y se ha cuestionado la relación entre el fracking y la sismicidad.
Tras finalizar la visita, la delegación presentará un informe provisional de los resultados en una reunión que tendrá lugar el martes a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados/as de la Nación Argentina.
ESTRADOS
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza. Crea un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la Naturaleza, para protestar por la destrucción de la Tierra -destrucción fomentada por las empresas con el beneplácito de los gobiernos- y, por tanto, el Tribunal visibiliza los conflictos y sus actores y hace recomendaciones jurídicas sobre la protección y restauración de la Tierra como jurisprudencia modelo para las comunidades de base. También se centra en apoyar a los pueblos indígenas para que alcen su voz y compartan los impactos que ven en sus territorios como guardianes de la Tierra. Es un espacio para compartir alternativas sobre la tierra, el agua y la cultura con la comunidad global.
Los veredictos del Tribunal, si se aplican al más alto nivel, podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, un tribunal de ética civil inspirado en el Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y otros esfuerzos populares de este tipo para compensar el fracaso e inacción del Estado a la hora de hacer justicia; solicita ahora a las Naciones Unidas -y a las naciones en general- que asuman el trabajo que lleva cumpliendo hace años y defiendan los derechos fundamentales de la naturaleza. Ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.
Entre los integrantes de la delegación se encuentran: Jueces: Patricia Gualinga (Ecuador), Yubelis Morales (Colombia), Alberto Acosta (Ecuador), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina). Como observadores: Enrique Viale (Argentina – AAdeAA/CAJE), Claudia Aboaf (Argentina, Colectivo Mirá), Rafael Colombo (Argentina, AAdeAA/CAJE)