En las comisiones de Ambiente y Minería la Cámara Alta de la Nación, se aprobó el dictamen del oficialismo para modificar la Ley Nº 26.639 de Glaciares. Tras escuchar a referentes de organizaciones socio ambientales y del sector minero, el debate pasó al 10 de febrero. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se advirtió que, de avanzar, se “va a crear una enorme inseguridad jurídica”, ya que lo calificaron como “inconstitucional”.
Tras un tratamiento que impulsó el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, donde se convocó a exponer a provincias de Cuyo, el sector minero y las organizaciones sociales y ambientales, este 18 de diciembre se firmó el dictamen para la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto pasó para febrero del 2026, cuando se prevé su tratamiento en el recinto.
Una modificación de la Ley de Glaciares para rematar las reservas de agua
La decisión animó un fuerte rechazo de entidades y referentes del derecho ambiental de lo que se calificó como un “intento de vaciar” la normativa protectoria. En este orden, en las exposiciones de especialistas, organizaciones socioambientales, científicas y de la sociedad civil se advirtió que el proyecto del Gobierno “pone en peligro las aguas, es inconstitucional y sólo es funcional a la megaminería”.
DESGUACE
En el plenario de este martes de las Comisiones del Senado, se debatió el proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La jornada estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de referentes jurídicos, científicos y organizaciones ambientales, que coincidieron en una advertencia central: la iniciativa no es una actualización técnica, sino un intento de desmantelar los presupuestos mínimos de protección del agua en la Argentina.
Durante la reunión expusieron Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Agostina Rossi, de Greenpeace; Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre Argentina, Gabriela González Trilla, investigadora de Conicet,
En su intervención, Viale definió sin rodeos: “Es la reforma Barrick Gold”. Señaló que el proyecto avanza sobre un núcleo duro del derecho ambiental argentino: “Las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”.
Viale remarcó que no se puede desarmar por ley lo que está consagrado en la Constitución Nacional, y calificó la iniciativa como “flagrantemente inconstitucional” por violar el artículo 41º, que obliga al Estado nacional a fijar pisos comunes de protección ambiental. En ese sentido, advirtió sobre el impacto territorial concreto de la reforma: “En Mendoza el 4% de la provincia es irrigable, el resto es desierto. ¿Cómo no van a tener relevancia hídrica los glaciares?”
El referente de los Abogados Ambientalistas también denunció el desplazamiento deliberado de la ciencia del proceso de toma de decisiones: “Dejar la ciencia afuera no me parece casual. Desdeñar la ciencia… al Ianigla lo destrozan, lo dejan casi sin funciones. Un subsecretario de minería de una provincia le va a escribir al IANIGLA diciendo ‘al glaciar tal, sacalo’, y va a estar amparado por la ley”.
El letrado cerró con una definición política que sintetizó el sentido del proyecto: “Esta reforma tiene nombre y apellido: es la reforma Barrick Gold. Estas grandes mineras transnacionales tienen prontuario, no tienen pasado”.
Viale también cuestionó el procedimiento acelerado y sin debate social, en contraste con el proceso participativo que dio origen a la ley en 2010: “La sociedad argentina tiene al agua como un piso mínimo. El problema es que este procedimiento se está haciendo a puertas cerradas, porque si no… El proceso participativo del 2010 fue enorme. No como esto que se está haciendo ahora, un tratamiento exprés para votarla un día después de Navidad”.
CAMINO A TRIBUNALES
Por su parte, Andrés Napoli, de FARN, subrayó que el proyecto reduce el alcance de la protección y abre una etapa de alta conflictividad judicial: “Los glaciares tienen muchas otras funciones ecosistémicas más allá de proveer agua: funciones climáticas, de biodiversidad”.
Napoli calificó la reforma como regresiva, al achicar áreas protegidas y avanzar sobre estándares ya consolidados: “Si tenemos que reformar la Ley de Glaciares, hay que dar seguridad jurídica. Este proyecto hace exactamente lo contrario. Va a estar en tribunales 40 años”.
También puso el foco en los actores ausentes del debate: “¿Dónde están los vecinos afectados, las comunidades, las personas en situación de vulnerabilidad que viven en las zonas críticas de la explotación de glaciares?”.
En relación con el Inventario Nacional de Glaciares, Napoli advirtió que el proyecto lo desarma en los hechos: “Se va a desbaratar el inventario, porque ahora cada provincia puede decirle al Ianigla qué poner y qué sacar. Van a suceder cosas cada vez más graves que se van a judicializar”.
Además, recordó que los presupuestos mínimos implican una tutela común y uniforme, y que, si existen problemas en definiciones técnicas, deberían abordarse de manera puntual y no mediante un vaciamiento general de la norma.
Reunin plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minera, Energa y Combustibles, el 17 de diciembre de 2025 en el saln Azul del Senado de la Nacin, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos:Celeste Salguero/ Comunicacin Senado)
CIENCIA IGNORADA
Desde Greenpeace, Agostina Rossi aportó datos clave que refuerzan la gravedad del retroceso propuesto: “El 20% de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial. En años de sequía puede llegar al 50%”.
Rossi advirtió que el proyecto va en contra del consenso científico internacional, no solo argentino, y recordó que el contexto actual es mucho más crítico que en 2010: “La Ley se pensó en un contexto de crisis climática que no se esperaba que tuviera las consecuencias que tiene hoy. Los glaciares son aliados en esta lucha”.
En ese marco, la representante de Greenpeace fue clara: “Las modificaciones propuestas cambian completamente el espíritu de la norma”.
Desde Aves Argentinas, si director Ejecutivo, Hernán Casañas, cuestionó el argumento económico del proyecto: “Las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”.
Y agregó: “Los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés”.
Casañas utilizó una imagen contundente para graficar el absurdo de la reforma: “A nadie se le ocurriría pasar una autopista por arriba del glaciar Perito Moreno simplemente porque no tenga una función hídrica directa. Debilitar estos estándares es romper el equilibrio”. También recordó un punto clave del derecho ambiental: “Es cierto que las provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales, pero el ambiente no reconoce fronteras políticas”.
INCONSULTO
Finalmente, Pablo Villagra, director del Ianigla, aportó una mirada desde la ciencia pública: “Las provincias con mayor superficie de glaciares son Santa Cruz, San Juan y Mendoza. Pero los glaciares son más importantes en los Andes desérticos”.
Villagra fue directo sobre la realidad mendocina: “Yo estoy en Mendoza: todo el agua que consumimos viene de la nieve o de los glaciares”. También cuestionó el esquema institucional propuesto por la reforma: “Este esquema donde la autoridad local pasa a formar parte de la autoridad nacional es un debate oscuro. No estaba resuelto en la ley original y no se resuelve en esta. En lugar de dar seguridad jurídica, genera un limbo”.
Villagra cerró con una afirmación grave: “Nosotros no fuimos consultados para la redacción de la nueva ley”.
En un comunicado de la AAAA, se apuntó que “el plenario dejó en evidencia un consenso transversal entre especialistas y organizaciones: el proyecto debilita la protección del agua, desplaza a la ciencia, fragmenta la gestión de cuencas y expone al país a conflictos sociales y judiciales de largo plazo. Desde AAAA–CAJE reafirmamos que defender la Ley de Glaciares es defender el agua, las cuencas y la vida. En un contexto de crisis climática, retroceder en los presupuestos mínimos no es una opción. La Ley de Glaciares no se toca”, se concluyó.
Con información de Prensa AAAA
De la Redacción de ERA Verde