Por pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, a instancias del abogado Ricardo Luciano, el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, autorizó la requisa del Parque Industrial local. Fue en la causa que investiga el vertido de efluentes sin tratar en el río Gualeguaychú. Las diligencias llevadas adelante este miércoles 27 de agosto fue para tomar muestras de la planta de depuración, así como los registros históricos de este tipo de procedimiento que debieran resguardarse, según la Ley de Residuos Peligrosos, explicó el letrado demandante a ERA Verde. En este orden apuntó que lo archivado fue almacenado en “silobolsas”, lo cual constituye una “irresponsabilidad”, observó, ya que así no se puede preservar.
En la mañana de este miércoles, el parque Industrial de Gualeguaychú fue allanado por orden del juez Federal Viri, por pedido del fiscal Rebollo a solicitud del abogado ambientalista Ricardo Luciano. El profesional se presentó en julio pasado para denunciar el volcado de efluentes contaminados –sin tratar– del Parque Industrial al río Gualeguaychú. La causa se inició a partir que, a principios del mes pasado, el Foro Ambiental Gualeguaychú hizo público que la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de la ciudad no funcionaba desde el mes de febrero. Esto derivó en una inspección municipal y la Corporación del Desarrollo (Codegu), administradores del predio, tras lo cual se formalizó por parte de Luciano el pedido de la apertura de un expediente en la Justicia Federal, para lo cual en ese momento se habilitó la Feria.
INDAGACIONES
Así las cosas, en la jornada de este 27 de agosto, se llevó adelante el procedimiento judicial por el incumplimiento de la Ley nacional Nº 24051, Residuos Peligrosos, señaló Luciano a ERA Verde para exponer por qué el caso se substancia en la Justicia Federal. “Esta ley establece taxativamente cómo deben funcionar las plantas de tratamiento industriales. En realidad, esto primero tienen que funcionar, algo que en Gualeguaychú no pasa”, fustigó.
En cuanto a los detalles, el letrado precisó que, en el procedimiento para el tratamiento de efluentes de este tipo, “se tienen que extraer muestras de agua siguiendo con un protocolo, resguardando a perpetuidad –así dice la Ley–“. Y en este orden, apuntó que “los responsables son la Secretaría de Ambiente, a cargo de (Rosa) Hojman; el director de (Gestión Ambiental de) Aguas de la Provincia, Osvaldo Fernández, como organismo competente de la aplicación de la Ley de Aguas de Entre Ríos, la Nº 9.172. Esto es porque estos efluentes se tiran, crudos, a las aguas del río. También el intendente de la ciudad, Mauricio Davico y la directora de Ambiente de Gualeguaychú, Ivana Zecca”, entendió.
Por otra parte, el abogado planteó que se están infringiendo una serie de regulaciones para el cuidado del agua y el río. Reparó que se ha violado el acuerdo que, en julio de 2010, firmaron la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par uruguayo, José Pepe Mujica, donde se comprometen a un acuerdo para el monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia) y del río Uruguay, con el fin de controlar y prevenir la contaminación ambiental, porque el Gualeguaychú desemboca en esta cuenca. También el Digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que establece medidas para no contaminar los efluentes tributarios del curso de agua en común.
Sobre el procedimiento llevado a cabo en el allanamiento, Luciano manifestó que las muestras de los barros tratados se deben poner a resguardo, pero se los guarda silobolas. Es “una irresponsabilidad”, calificó; “están todos rotos y pierden por todos lados; es una irresponsabilidad”.
Por último consideró que se trata de “una causa sin precedentes, por las consecuencias ambientales que tiene. Por los responsables políticos y todas las industrias responsables del buen funcionamiento del parque Industrial de Gualeguaychú”.
De la Redacción de ERA Verde