La Multisectorial por los Humedales de Rosario solicitó a la provincia de Santa Fe y el municipio rosarino que lleven adelante una acusación penal contra el Gobierno de Entre Ríos. Consideran que prevalece una “ilegalidad consentida” por los incendios en los humedales del Delta del Paraná. Atento a este requerimiento, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, deslindó responsabilidad de la administración de Gustavo Bordet y afirmó que no hay “ninguna responsabilidad jurídica” ante las quemas. El colectivo ambiental señaló “la inacción del Estado” entrerriano que habilita un uso de la zona que “determina las quemas continuas”.
Este 21 de septiembre, la Multisectorial Humedales (MH) de Rosario junto con Salvemos los Humedales de Villa Constitución presentaron un pedido formal para que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Lautaro Javkin, denuncien penalmente al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, “por su inacción y complicidad frente a la destrucción sistemática del Delta del Paraná”.
En el pedido de acusación, al que accedió ERA Verde, el colectivo de organizaciones socio ambientales plantean como causas de los incendios “el modelo económico imperante” que efectúa una “búsqueda de nuevas rentabilidades” a partir de la “modificación en los usos del suelo en el área insular”. En este sentido cargaron contra “la ganadería con alta carga de animales” y “el ingreso de prácticas de agricultura intensiva, siendo ésta una actividad no habilitada (en las áreas protegidas), y de numerosos proyectos urbanísticos e inmobiliarios. Y dentro de este abanico de ilegalidad consentida, la sobrepesca y la caza ilegal son moneda corriente”. Como ejemplo plantearon que las cabezas de ganado en las islas pasó de 180.000 en el año 2000 a un millón en la actualidad.
Es en este escenario que fustigan “la inacción del Estado” por habilitar este manejo de particulares de la zona “lo que determina las quemas continuas, el desvío de cursos de agua, el desmonte, la construcción de terraplenes, el ingreso de maquinaria pesada, los movimientos de tierra, las construcciones irregulares. No hay resiliencia posible ante este escenario de devastación permanente. Las características ecosistémicas que hacen del humedal un humedal se ven severamente modificadas y, como consecuencia, las especies vegetales y animales autóctonas se ven desplazadas o, en el peor de los casos, eliminadas”.
CRUCES DE DECLARACIONES
El pedido ingresado este martes por la MH de Rosario fue replicado por otras localidades del sur santafesino. Ante esta novedad, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, dio su parecer en el portal de gobierno, donde señaló que Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre los incendios. “¿En serio Sr. Signes piensa que la ciudadanía va a creer que Entre Ríos no tiene responsabilidad? El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo?”, se preguntan en la réplica a estas declaraciones oficiales. “¿En serio Sr. Signes se cree a usted mismo cuando dice que no tienen responsabilidad sobre el tremendo ecocidio que estamos viviendo, mayormente en tierras que son de su jurisdicción?”.
La contestación de los ambientalista hizo foco en la mención de Rodríguez Signes a que lo vecinos de Rosario hacían un “un uso inadecuado” del humedal, lo cual era el origen de los incendios. “Llevamos más de 50 mil focos de incendio y más de 1 millón de hectáreas quemadas. ¿En serio cree que vamos a creer que esto es causado por kayakistas que se olvidan un fogón prendido? Por supuesto que algunos de los imputados en las causas son rosarinos. Dueños legítimos o usurpadores de terrenos en islas, grandes empresarios inmobiliarios y ganaderos que prenden fuego la vida para llenar sus cuentas bancarias. Si, algunos de ellos son rosarinos. Y otros son entrerrianos, y otros bonaerenses. ¿En serio usted cree que la localidad del imputado le quita a ustedes responsabilidad cuando son ustedes los que no controlan, no multan, no ven, no encuentran, no apagan y encima habilitan actividades productivas sobre la tierra arrasada?”, interpelaron.
Por otra parte, el fiscal de Estado entrerriano expresó su tranquilidad ya que con sus pares de Santa Fe tienen diálogo permanente y existen ámbitos administrativos para dar solución a esos problemas. Ante este panorama, desde la Multisectorial recordaron que “hubo enfermedades respiratorias aceleradas por la altísima contaminación del aire producto del humo de las quemas que resultaron en el desarrollo y agravamiento de múltiples alteraciones de la salud. E incluso en la muerte de personas. ¿En serio están tan tranquilos? ¿Tranquilos de vulnerar derechos humanos? ¿De qué soluciones de ámbitos administrativos habla Sr. Signes? La situación empeora día a día desde hace más de un año. La solución es ordenar el territorio correctamente, culpar penalmente a los responsables, devolverles a la ciudadanía de las dos provincias su derecho a respirar y no morir en el intento, prohibir definitivamente los terraplenes que cortan todas las dinámicas ecosistémicas. Hay tantas soluciones posibles que parece un chiste que sus declaraciones sean que ‘están tranquilos’. Eso sí, hay que enfrentar grandes poderes económicos y grandes lobbys. Hay que tener ganas de construir sin ignorar la crisis climática. Si son cómplices, o simplemente no se animan o no les sale, si no están dispuestos: dejen espacio para quienes sí. La relación entre la administración provincial de Entre Ríos y la presencia del fuego son las actividades y emprendimientos irregulares e ilegales que abrieron y habilitaron en el territorio. Esas son las actividades que generan el fuego y la destrucción del futuro”, criticaron.
Finalmente, en la carta de respuesta a Rodríguez Signes, la MH Rosario planteó que no se puede “seguir echándole la culpa a la bajante Sr. Signes. Hay bajante, sí, es un dato objetivo. Eso dificulta la tarea de apagar el fuego y fomenta una más rápida expansión de las llamas. Lo sabemos todxs. Pero no es la bajante la que prende el fósforo, ni tampoco la que debería controlar que esto no suceda. Claramente el gobierno de Santa Fe es igual de cómplice. Ni siquiera pasa al Ministerio de Ambiente Nacional datos certeros sobre la cantidad de hectáreas quemadas en la provincia. Eso no les quita responsabilidad a ustedes. Eso solamente demuestra la corrupción del entramado del vínculo político que existe entre ambas provincias”, reconocieron.
Y aclararon “una vez más, que no denunciamos a Entre Ríos. Porque Entre Ríos es su gente, su pueblo, sus comunidades y también su identidad ecológica. Y estamos juntxs, y nos mueve lo mismo: la urgencia en la búsqueda de soluciones reales ante la destrucción de uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Nuestra denuncia es contra los poderes políticos de Entre Ríos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial provinciales de su provincia. Nuestra denuncia es para quienes en vez de Hacer, se dedican a criticar a las organizaciones socioambientales por radio”.
De la Redacción de ERA Verde