Parque Nacional Pre Delta y El Palmar en Entre Ríos, así como en el resto de los 39 que totalizan en el país, este miércoles 27 de septiembre permanecieron cerrados para los visitantes. Esta situación se produjo como medida de protesta ante el proceso judicial que enfrentan cuatro guardaparques a los que se les fijó fecha para llevaros ante los tribunales por la caída de un árbol sobre una carpa dentro de la reserva de Lanín y por la cual fallecieron dos menores de edad. Los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) fueron imputados por homicidio culposo. Desde la APN se indicó que el suceso se produjo en un área privada dentro del parque y que la Justicia no puede admitir que se pueda controlar todos los sucesos propios de la dinámica natural en un área agreste. La medida se repetirá desde el 30 de octubre, fecha prevista para que comience el juicio oral, se adelantó a ERA Verde.
“El personal de la Administración de Parques Nacionales no es responsables de los eventos adversos de orígenes naturales. Los Parques Nacionales son áreas agrestes, existen riesgos inherentes a su visita #nosomosresponsables”, señala el volante que hoy se encontraron quienes se acercaron a las áreas naturales protegidas federales de todo el país, en reclamo por el proceso judicial de cuatro guardaparques. Este enjuiciamiento se originó por un hecho ocurrido el 1 de enero de 2016, cuando un árbol de unos 40 metros y con raíces descalzadas cayó sobre la playa del balneario Catritre, del complejo Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanín, en la provincia del Neuquén. El accidente en este popular balneario, ubicado a 4 kilómetros de San Martín de los Andes, por el camino de Siete Lagos, produjo la muerte de Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3. De acuerdo a las crónicas periodísticas, el episodio se desencadenó cuando una fuerte ráfaga de viento hizo crujir las raíces descalzadas del árbol que estaban expuestas por el olear de las aguas del Lago Lacar que va oradando la tierra donde se asienta un tramo de las arboledas. El pesado ejemplar arbóreo se precipitó sobre la familia que se encontraba en una carpa. Por este trágico suceso, cuatro agentes de la APN fueron procesados por los delitos de homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. También están imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos que pertenecen a la comunidad mapuche Curruhuinca.
El juicio por el caso Lolen, como se lo conoce, comenzará este 30 de octubre hasta el 2 de noviembre en Neuquén. Durante esos días, habrá una paralización total en todas las áreas protegidas del país. “Es un atecendente muy malo, porque todos los parques son áreas agrestes están en todos los parques. Acá, por ejemplo, en el Pre Delta, podría llegar a suceder con alguien en un arroyo o con un mismo árbol”, comentó a ERA Verde un trabajador que presta servicios en Entre Ríos.
ADVERTENCIAS
En un comunicado oficial por la medida tomada institucionalmente, se reprochó que “la Fiscalía Federal asume que es responsabilidad del personal de Parque Nacionales saber: el día, la hora y la dirección en se podrían caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en Parques nacionales del bosque Andino Patagónico. La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque”, se remarcó en el escrito. “Los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelos, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condiciones a los seres vivos”, se agregó entre los argumentos de la medida de protesta.
Desde la APN, en conjunto con los gremios que agrupan a los guardaparques, se planteó que “los Parques Nacionales son áreas agrestes; existen riesgos inherentes a su visita”, y por lo tanto el personal “no es responsable por los fenómenos naturales”.
En este contexto, desde la APN planteó que “no es admisible, no es un hecho de justicia, responsabilizar” a los guadaparques “de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como: mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito. Nos preguntamos en caso de un fallo desfavorable ¿Quién se animará a mantener abierta las áreas de uso público? ¿Quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas o recreativas en las áreas protegidas? ¿Quién querrá conducir a grupos de visitantes par qu puedan conocer nuestros Parques Nacionales? En definitiva ¿Quién estaría dispuesto a prestar servicios en estos espacios?” se preguntan en el documento difundido a los medios.
Por último, se advierte que “las medidas no sólo afectan a los agentes de APN, también podrían ser afectados los prestadores de servicios, guías y concesionarios”, ya que la imputación alcanza a personas vinculadas al sector. Las imputaciones, señalan, “generan inestabilidad laboral y jurídica” al sector turístico “del cual dependen muchas economías regionales”, advierten.
De la Redacción de ERA Verde