La jueza de Paz Alejandra Boxler resolvió no hacer lugar a la solicitud de clausurar el volcadero de Bovril, localidad ubicada en el departamento La Paz. La funcionaria desestimó la medida solicitada por una ciudadana que inicio un amparo ambiental contra el municipio para desplazar el vertedero que afecta a los vecinos con humos y contaminación. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ya había determinado su cierre relocalización, pero distintas apelaciones han dilatado el cumplimiento de la sentencia. Ahora, la jueza Boxler considera que la clausura conllevaría mayores impactos negativos. De todos modos, dispuso que el municipio realice informes mensuales sobre los avances en las gestiones de los residuos so pena de multas. También dispuso llamar a audiencia pública para el 28 de junio.
En el marco de una acción de amparo contra el Centro de Disposición de Residuos en Bovril, caratulado “Gerber, María José c/Municipalidad de Bovril s/ Acción de amparo”, legajo N° 7751), la jueza de Paz de Bovril, Alejandra Boxler, resolvió no hacer lugar a un nuevo pedido de la actora para clausurar el actual Centro de Disposición de Residuos de la ciudad. La solicitud se funda en que la litigante entiende “que ha transcurrido un tiempo prudencial sin que existan avances significativos ni relevantes en el cumplimiento de la sentencia judicial dispuesta” de trasladar el vertedero. En este orden, la magistrada señaló que el municipio “ha acreditado su intención de búsqueda del nuevo predio que satisfaga los requisitos ambientales y de la legislación vigente, hasta hoy no se ha concretado el mismo, estando pendiente la elaboración y aprobación del correspondiente plan de clausura y post-clausura, con un cronograma de obras y acción tentativo, como parte del Proyecto Girsu” (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Pero resulta que para Boxler, “de concretarse en esta instancia, la clausura del actual sitio, debe dimensionarse el impacto negativo que generaría en el medio ambiente. Por otro lado, debe visibilizarse también, la situación de quienes integran la Cooperativa San Francisco Limitada, desde lo subjetivo y desde el rol que ocupan en la economía circular y en el medio ambiente”, apuntó en la sentencia a la que accedió ERA Verde.
Pero al mismo tiempo, la funcionaria judicial sopesa entendiendo que “las dificultades y las complejidades del presente caso, y que es inevitable el paso del tiempo, se deben disponer medidas tendientes a que los funcionarios municipales, cumplan con la Sentencia Ambiental, por lo que impondré la obligación de presentar a esta causa, informes con los detalles de propuestas y avances, tendientes a lograr la concreción de la Sentencia ambiental, bajo apercibimiento de imponerle a la Municipalidad de Bovril, la suma de pesos cien mil ($100.000) por cada día de retardo, y disponiendo que su destino sea para los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bovril. Esto, para el caso de
corroborar un incumplimiento deliberado e injustificado”. Y agrega: “Entiendo que esto animará a que todo el funcionariado que intervenga en la causa, preste mayor esfuerzo y colaboración para lograr el efectivo cumplimiento de la Sentencia Ambiental”.
CONVOCATORIA
Por otro lado, la magistrada también ordenó a la Municipalidad de Bovril, que presente a la causa y en medios digitales, redes sociales o mecanismos de difusión masiva un informe del estado de situación y avance del Proyecto Girsu, y que contemple la etapa de clausura y post-clausura del actual Centro de Disposición de Residuos de esa localidad, de tal manera que la comunidad pueda comprender en forma sencilla su significado, las complejidades y los avances.
Asimismo, la jueza de Paz fijó audiencia pública para el 28 de junio próximo a las 14:00s en el Salón de Usos Múltiples del Club Deportivo, para que concurran en forma presencial y con sus letrados apoderados y/o patrocinantes: las partes –actora y demandada–, funcionariado de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos; los técnicos y asesores ambientales de la Municipalidad de Bovril; representantes del Honorable Concejo Deliberante municipal; miembros de la Cooperativa San Francisco; del Área de Desarrollo Social; así como el “ANA. y AMGyD de la Municipalidad de Bovril; del Hospital San Miguel y Centro de Salud; los Bomberos Voluntarios y la Policía de la ciudad”. Y en este orden, “se convoca a participar a los vecinos y vecinas de la ciudad, a representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y de la Defensoría de la jurisdicción, de la Fiscalía de Estado, Juzgado de Faltas, de las Comunas y Municipios de la zona”.
Para asistir los vecinos “deberán inscribirse en el listado que se encuentra disponible en el Juzgado de Paz o informen sus datos al número de celular 0348-15405993 – por mensaje de WhatsApp, indicando su nombre completo y DNI Podrán hacerlo hasta el 26 de junio próximo a las 12”, se aclaró.
GPS
Como se recordará, este litigio tiene su origen en la demanda realizada por una vecina de calle Francisco Ramírez, que se presentó como una de las tantas personas afectadas por el basural. La mujer comenzó el reclamo con una denuncia policial presentada el 18 de octubre de 2021 y, ante la falta de respuestas, acudió a la Justicia con un recurso de amparo ambiental solicitando que se ordene al municipio a impedir la formación de focos ígneos en el basural y a desplazar definitivamente el volcadero de su barrio. Pero con fecha 22 de noviembre de 2021, el juez de Paz de Bovril, Mauricio Matías Pérez, rechazó el recurso de amparo. Disconforme, María José Gerber acudió al máximo tribunal provincial que terminó por darle la razón el 25 de diciembre de ese mismo año. Allí se resolvió clausurar un basural a cielo abierto de 5 hectáreas. En su fallo, STJ le puso un plazo máximo de 18 meses, prorrogables por 3 meses más si se daban razones debidamente fundadas, para que disponga la clausura del actual centro de disposición de basura y proceda a su relocalización a uno nuevo suficientemente alejado de la planta urbana de la ciudad.
De la Redacción de ERA Verde