En un comunicado dado a conocer por redes digitales, la coordinadora “Basta es Basta” de Entre Ríos, rechazó “la intención de cerrar 300 escuelas rurales” en la provincia. “Este ataque a la educación pública es un golpe más a las comunidades rurales que ya sufren el abandono sistemático del Estado y el avance del agronegocio que expulsa a las poblaciones de la ruralidad”, señalaron en el comunicado. Se pidió la derogación de la recientemente sancionada Ley de Agroquímicos provincial.
“Es un modelo que expulsa”, señalaron desde la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, al repudiar la iniciativa de recategorización y reducción de establecimientos educativos en áreas rurales que fue anunciado por el Consejo General de Educación (CGE). En este orden, apuntaron que “el despoblamiento rural es consecuencia directa del modelo de agronegocios”
En el texto que comenzó a circular por redes digitales, se apuntó contra “Fumigaciones masivas con agrotóxicos que envenenan a las familias, destruyen la salud y obligan a migrar”, el “Monocultivo que concentra tierras, arrasa con la agricultura familiar y expulsa a campesinxs por dejarlos sin trabajo”; la “Contaminación de agua y suelo, pérdida de biodiversidad y destrucción de economías regionales”.
Al respecto expresaron que “todo esto se acentúa más gracias a la nueva ley de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) que impulsó el diputado Juan Manuel Rossi (PS-JxER), favoreciendo a un modelo que concentra la riqueza y expulsa a trabajadores y familias rurales”.
Sobre las escuelas rurales se las valoró como “espacios comunitarios, puntos de encuentro, resistencia y r-existencia. Su cierre profundiza la desterritorialización y consolida un modelo donde solo importa el agronegocio, no la vida en la ruralidad”. En este sentido, se planteó que estas acciones revelan “un gobierno al servicio del agro poder”.
LEY DE AGROQUÍMICOS
Basta es Basta también consideró que “no es casualidad que (el gobernador Rogelio) Frigerio y Alicia Fregonese (presidenta del CGE) sean beneficiarios de este modelo. Con la baja de retenciones de (el presidente Javier) Milei, el agronegocio gana más, mientras se recorta derechos básicos. A fines de 2024 sancionaron la ley de agrotóxicos perjudicando principalmente el derecho a la salud de la población rural y ahora quieren cerrar escuelas para quitar el derecho a la educación”.
En el documento se exigió “que no se cierre ninguna escuela rural”; “Políticas públicas de arraigo que protejan a las comunidades rurales, no al agronegocio”; y la “Derogación inmediata de la regresiva ley de agrotóxicos, mal llamada de BPA, sancionada en 2025”.
Finalmente se expresaron con un “¡No al ajuste en la ruralidad!”; “¡No al cierre de escuelas!” y “¡Basta de fumigar pueblos y envenenar la educación!”.