Con una vigilia que comenzó en la noche de este 21 de abril, activistas de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se asentaron con una guardia para proteger un sector de barrancas que baja al río Paraná en calle Pedro Londero al final de la capital entrerriana, según pudo saber ERA Verde. El lugar ubicado al norte de la ciudad, pasando el sitio de retiro y eventos “Centro Mariápolis”, casi llegando a la ribera, se encuentra en disputa entre familias de pescadores e inversores inmobiliarios que quieren edificar unos condominios. Recientemente, la controversia por la propiedad de una senda secundaria puso al descubierto un viejo proyecto municipal para crean un espacio público en el lugar denominado “Parque Costero” que naufragó y nunca se llegó a consumar. Ahora, con la discusión sobre a quién pertenecen estos lotes, los asambleístas vecinales elaboraron una nota para solicitar a la intendencia realice la delimitación catastral el lugar, suspenda los permisos de urbanización privada y efectúe una evaluación ambiental participativa para iniciar gestiones que permitan declara área natural protegida provincial el sitio de interés. También hubo reclamo ante la Fiscalía para impedir que se ejerza violencia contra quienes reclaman.
Como lo hace semanalmente, este lunes 21 de abril por la noche, la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se reunió para deliberar sobre temas y problemáticas de la ciudad. El asunto relevante que se puso a discusión fue la situación en la cual familia Maldonado mantiene un conflicto con los desarrolladores inmobiliarios José María Armándola y Matías Folonier. Los pescadores se encuentran asentados en calle Pedro Londero al final desde hace décadas y utilizan para la bajada al río un sector que los empresarios señalan como propio. La cuestión es que en ese sector los inversores impulsan un proyecto de condominios, por lo cual desde el año pasado han venido cerrando mediaciones con otros ocupantes precarios linderos para un desalojo que les permita llevar adelante su plan. Pero no todos los acercamientos han llegado a buenos términos y en diciembre del año pasado se produjeron una serie de hechos violentos y denuncias cruzadas que llegaron a la Justicia. Por esta situación se barajó la posibilidad de generar una mesa de diálogo en la Defensoría del Pueblo que tampoco marchó. Desde todas las partes -que incluía el municipio- se aguardaba un llamado, fijar un día y una hora, pero nada se dio y quedó en suspenso, aseguraron distintas fuentes a ERA Verde.
En este marco, la Asamblea Vecinalista que adhiere a los reclamos de la familia de pescadores, también puso en el tapete que ese lugar tenía como destino ser de acceso público con el denominado “Parque Costero”, una iniciativa del ex intendente Julio Solanas que en 1995 propuso un paseo abierto a la comunidad. Esta idea se plasmó en una ordenanza, la N° 7.735, que le puso un nombre “Combate Vuelta de Obligado”. Se hicieron algunas intervenciones de hermoseo y acondicionamiento, pero luego todo fue tapado por los yuyales. Ahora, esa vieja idea cobró cuerpo nuevamente en el caldo de esta controversia por los usos y propiedades del sector.
PROTESTA Y ACAMPE
Así las cosas, la Asamblea Vecinalista convocó a distintas organizaciones a manifestarse por la defensa del inconcluso “Parque Costero”. El sábado 19 de abril se realizó una concentración y caravana al lugar, donde se planteó la demanda para que la Legislatura de Entre Ríos y el Honorable Concejo Deliberante de Paraná tome cartas en el asunto y se recupere el acceso a la costa. Pero tras esa protesta sucedieron hechos de violencia, donde desde la familia Maldonado se denunció el intento de quema intencional de sus viviendas y se desencadenaron una serie de acusaciones cruzadas ante la Fiscalía en turno que derivaron en el tratamiento urgente del caso por los asambleístas, según pudo reconstruir ERA Verde.
Desde el grupo de apoyo a la familia Maldonado también surgió la idea de realizar un acompañamiento en la noche, mientras se redactó una nota dirigida a la intendenta Rosario Romero con una serie de pedidos puntales para la intervención oficial.
En el petitorio a la intendencia al que accedió este sitio, se solicitó medidas “concretas e impostergables” para que disponga:
- Delimitación técnica y jurídica del Parque Costero y la traza del Camino Costero, mediante relevamiento catastral, dominial y ambiental actualizado;
- Suspensión inmediata de todo trámite administrativo, proyecto privado o intervención sobre el área, en cumplimiento del D.E.M. N 692/96.
- Ejecución urgente de infraestructura básica en los sectores habitados, incluyendo servicios esenciales como agua potable, alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento de caminos;
- Diseño y publicación de un cronograma integral de obras y servicios, con plazos y responsables definidos, bajo control de organizaciones ciudadanas y técnicas independientes;
- Evaluación del estado ambiental actual y de los daños acumulados, con participación de universidades y organismos especializados;
- Inicio del trámite para declarar al Camino Costero como Área Natural Protegida Municipal, en armonía con lo dispuesto para el lslote Curupí, incorporándolo al Sistema Municipal y Provincial de Áreas Naturales Protegidas”.
De la Redacción de ERA Verde