En horas de la madrugada de este martes la empresa contratista del ensanche de calle Racedo, reinició los trabajos en la zona. En un mismo acto en que se desguazaron cuatro árboles, se dio por finalizada la tregua entre vecinos que se oponen a la obra y el municipio. Los asambleístas denuncian que se violó el convenio forjado en la instancia de diálogo en cuanto no avanzar sobre los ejemplares arbóreos, por lo cual efectuaron un piquete y un reclamo formal a la Defensoría del Pueblo de Paraná para que intervenga en amparo de los derechos vulnerados.

El conflicto por la ampliación de calle Racedo en Paraná transita nuevamente caminos de desencuentros. Ayer por la tarde, la Defensoría del Pueblo que oficia de mediadora entre la Municipalidad y los vecinos que resisten los trabajos que impliquen el sacrificio de la arboleda del lugar, comunicó que hoy se reiniciarían los trabajos en el lugar.

La adjudicataria de la polémica ampliación que cuenta con un presupuesto de $72 millones, Demartín e Hijos SRL, habría emplazado al municipio por los tiempos perentorios del contrato, por lo cual adelantó que ejecutaría las tareas, tras lo cual comenzaban a dinamitarse definitivamente  los canales de diálogo entre las partes. Este lunes mismo, pero por la mañana, la Asamblea Paranaense en Defensa del Arbolado y los Espacios Verdes había realizado una conferencia de prensa donde planteó su rechazo a la reformulación de la obra propuesta por el municipio y que fuera presentada en la última instancia de diálogo del 7 de abril pasado. Frentistas, vecinos y activistas socio ambientales pidieron abrir la discusión de ese diseño y anunció una caravana en bicicletas para esta tarde que concentra en Racedo y Ramírez para dirigirse al Palacio Municipal. En ese entonces, si bien de un acceso farragoso, el consenso no estaba cerrado totalmente.

Tala a la madrugada

Pero en la jornada de este martes todo se suscitó abruptamente. Aproximadamente entre las 3 y 4 de la madruga, personal de la policía de Entre Ríos comenzó colocar vallas en Racedo, en el intervalo que va desde avenida Las Américas hasta calle Feliciano, a mitad de cuadras del tramo que va hasta Ramírez, donde se prevé llegar con las modificaciones del lugar. Obreros de Demartín e Hijos SRL desembarcaron y comenzaron con tareas que implicaron la tala de cuatro árboles, denunciaron vecinos del lugar. La incursión fue inesperada por las horas en las que se dio, ya que rigen las restricciones de circulación por las medidas implementadas para prevenir la pandemia de Covid-19, y siendo los trabajos viales no se inscriben entre los prioritarios. Esto es lo que justamente denunciaron los asambleístas a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, donde se trasladaron en una marcha de reclamo que armó un piquete frente a la sede de esta dependencia, en calle Monte Caseros, antes de llegar a 25 de Mayo.

Además de las horas impropias que violarían las normativas nacionales establecidas por la Pandemia, los autoconvocados señalaron que la extracción de árboles violó uno de los puntos de acuerdo al que se había abrevado en la primera instancia de diálogo con la comuna el 28 de marzo pasado en la Escuela Bavio. Esta infracción incluso fue reconocida por las propias defensoras del Pueblo, la titular y adjunta, apuntando la responsabilidad al municipio.

 

En el diálogo entre los representantes de la Asamblea en la oficina de ombudsman, se acordó que los autoconvocados realicen la presentación formal de una nota donde en donde expongan la situación, solicitando “la intervención urgente de la defensora del pueblo de Paraná, doctora Marcia López en el conflicto existente por la obra en Bv. Racedo.  Cabe destacar que las intervenciones previas de la defensoría fueron dos instancias de facilitación al diálogo cerradas por una de las partes, el Ejecutivo Municipal”, señalaron en un comunicado los asambleístas. Además, fundaron el pedido en artículo 2º de creación del organismo, donde “es misión de la Defensoría: la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de los habitantes de la ciudad de Paraná, frente a los actos, hechos y omisiones derivados del ejercicio de funciones administrativas por parte del Estado Municipal y sus agentes, organismos descentralizados, autárquicos, consorcios, cooperativas, entidades estatales y no estatales que desarrollen actividades públicas, empresas prestatarias de servicios públicos cualquiera sea su forma jurídica, como así también los provenientes de toda persona física vinculada a esas funciones”, aludieron.

 

 

De la Redacción de ERA Verde