La “Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta” dio a conocer un comunicado donde criticó al gobierno de Entre Ríos por el nuevo decreto que regula las pulverizaciones alrededor de las escuelas rurales. Señalan que no aporta información científica nueva para fundar la reducción de las restricciones y que fue confeccionado a medida del “lobby del agronegocio”. Y en cuanto a la instancia judicial, también manifestaron que se les ha impedido el acceso a la información sobre el expediente.

 

El colectivo que agrupa a entidades sociales, gremiales y ecologistas Basta es basta, cuestionó el reciente decreto Nº 2.239/19 del Gobierno de Entre Ríos que establece una nueva modalidad para restringir el uso de fitosanitarios en torno a los establecimientos educativos, reduciendo las distancias en relación a las impuestas por la Justicia. En un documento titulado “Repetir argumentos no frena el daño”, plantearon que la normativa se fundamenta en “estudios de hace diez años superados y rebatidos por nuevos aportes científicos”, y en este punto denunciaron asimismo que no se les dejó acceder al expediente del caso en su totalidad para poder intervenir judicialmente.

 

Por otro lado, los ambientalistas observaron la última reglamentación no se cumple con la manda judicial que establece distancias de protección provisoria de 1.000 y 3.000 metros para las fumigaciones, según sean realizadas de forma terrestre o aérea, “hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”, pero que este requisito “nunca se cumplió”, apuntaron.

 

También pusieron en discusión que el Ejecutivo provincial no haya llevado adelante estudios para la prevención del daño que permita implementar medidas idóneas. “Las diversas sentencias judiciales que nos respaldaron coincidieron en la necesidad de que el gobierno ‘pruebe’ la inocuidad de las aplicaciones realizadas a las distancias menores que pretende el decreto; una exigencia que no se cumplió y sin embargo se insiste con un nuevo decreto”.

 

Desde Basta es Basta reconocieron sí como “único aporte científico” el “informe de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNER en el cual se investigó un aspecto muy limitada de la deriva primaria de la pulverización con agroquímicos; y se excluyeron los efectos de la deriva secundaria y terciaria”, enrostraron.

 

A la Justicia

 

En cuanto a los fundamentos del recurso de amparo ambiental que presentaron el viernes pasado el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en el que se solicita la nulidad e inconstitucionalidad del decreto Nº 2.239, que acorta las distancias de pulverización, el movimiento ecologista apuntó que “El Estado insiste en un sistema agrícola que está agotado. En la nueva acción de amparo, nos focalizamos en visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de ‘registro’ de agrotóxicos; que omite exigir a las empresas estudios científicos sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, alzheimer, deterioros neurológicos, entre otros. Este sistema permite que en Argentina están autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo”.

 

Y en cuanto  la batalla legal, denunciaron que les fueron cercenado “el derecho al acceso a la información pública que impacta directamente sobre el debido derecho de defensa”, y que “la Legislatura realizó una modificación express de la Ley de procedimientos constitucionales para quitar la causa de sus jueces naturales, con nuevas trabas para el amparo, modificación a medida de las exigencias de la Mesa de Enlace” rural. En este sentido se calificó como una “arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio (que) conspira con nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de daños genéticos que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones; y el acceso al agua potable”.

 

Los ambientalistas fustigaron que “El nuevo decreto viola principios medulares de nuestra normativa ambiental como son el de prevención, el precautorio y el de equidad intergeneracional y especialmente su principal responsabilidad como Estado que es perseguir ‘el interés superior del niño’, la vida y la salud como derechos humanos básicos de cualquier comunidad que se precie como tal”.

 

Por último, desde la Coordinadora reiteró sobre lo que significa que se les haya impedido “el derecho a defensa que nos asiste. Queremos que nuestra gurisada pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos”.

 

De la Redacción de ERA Verde