El Ejecutivo entrerriano dio a conocer resultados del plan de regularización de bienes de dominio público mediante el cual se recuperaron 124.000 hectáreas de dominio público que se encuentran gran parte en el Delta. A través de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), se comenzó a rescatar “un patrimonio provincial que durante años estuvo parcialmente ocupado sin una adecuada regularización, formalizando los usos, generando ingresos para la provincia y avanzando hacia una administración más transparente y eficiente de las tierras públicas”, se indicó oficialmente. En este orden, se precisó que se actualizaron los cánones y se renovaron permisos con responsabilidad ambiental. “Se lanzó el programa de lucha contra la ocupación clandestina e irregular de tierras fiscales”, junto con un “relevamiento productivo para determinar en cada caso concreto el valor locativo de cada predio. Algo que nunca se había realizado”, valoró ante ERA Verde el responsable de la Agencia, Eduardo Asueta.

 

“Se calcula que por permisos de uso de tierras fiscales este año ingresaran 2 mil millones de pesos”, afirmó el responsable de la Aabiper, Eduardo Asueta, al momento de ser consultado por los resultados del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales que comenzó a llevar adelante el Gobierno de Entre Ríos. En número, se estimó en 124.000 hectáreas de tierras fiscales que regresaron al dominio del Estado, lo cual generó nuevos ingresos. Se trata del 65% del total de la superficie de tierras fiscales de la provincia, “cuya ocupación clandestina o irregular fue debidamente ordenada y regularizada en los últimos dos años de gestión, a través de permisos onerosos de uso de suelo”, se precisó.

 

“El proceso de recuperación y puesta en valor de las tierras fiscales comenzó con el Gobierno de Rogelio Frigerio, a inicios del 2024 y desde hace dos meses este proceso tomo más impulso por la creación de la agencia de bienes de Entre Ríos, que actualizo los cánones, lanzó el programa de lucha contra la ocupación clandestina e irregular de tierras fiscales, y está haciendo un relevamiento productivo para determinar en cada caso concreto el valor locativo de cada predio. Algo que nunca se había realizado”, se apuntó desde la Agencia al dar a conocer los primeros resultados.

 

MECANISMO

 

En diálogo con ERA Verde, Asueta señaló que “el recupero se realizó determinando los ocupantes y la forma de ocupación, haciendo que estos ocupantes de hecho reconociesen expresamente el dominio público sobre esas tierras, y estableciendo permisos honrosos de uso, o expulsando a los ocupantes y creando permisos honrosos para nuevos ocupantes. Estos permisos también suponen responsabilidad ambiental sobre los predios y el entorno, a la vez que se exige que también registren si actividad en ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos)”.

 

Consultado sobre las nuevas licitaciones, el funcionario agregó que “se tiene pensado ir hacia un sistema de transparencia absoluta de la oferta de tierras fiscales. Aunque este esquema pretendido también deberá armonizarse con el productor de la zona que desde varias generaciones está radicado en estas tierras”, reconoció. Para eso tenemos que avanzar en el relevamiento productivo de los 211 lotes de tierras fiscales. La gente que estaba explotando estás tierras para regularizar su situación debe pagar montos retroactivos. Y aquellos ocupantes que pretenden discutir la titularidad de esas tierras pierden el derecho de ser permisionarios del suelo”.

BALANCE

 

En una mirada retrospectiva, se repasó que “al asumir la actual gestión de gobierno prácticamente la totalidad de las tierras fiscales se encontraba ocupada en forma irregular o clandestina. No había un control efectivo sobre lo que ocurría en ellas, ni tampoco generaban recursos como es de esperar. La gran mayoría de estas tierras se encuentran en el Delta, principalmente los departamentos Gualeguay y Victoria. La regularización lograda supone considerables ingresos para la provincia”, se afirmó.

 

Se comento que actualmente este programa ha sido potenciado por la Aabiper. Se trata de una Agencia recientemente creada “con la meta de llegar a regularizar y ordenar la totalidad de las tierras fiscales de Entre Ríos, a través de un esquema de gestión destinado a la generación de valor público y la administración transparente del patrimonio estatal”, se indicó.

 

“Todas las líneas de acción de la Aaabiper, son coordinadas desde la Secretaría General de la Gobernación desde donde también se acompañan todos los avances”. Es por esto que su titular, Mauricio Colello, destacó que «recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos. Es parte de una decisión de ordenar el Estado, saber qué bienes tiene, cómo se administran y garantizar que estén puestos al servicio del desarrollo de la provincia. Durante muchos años hubo falta de control y de información; hoy estamos avanzando hacia un Estado que cuida y defiende lo que es de todos».

 

RELEVAMIENTO

 

Por su parte el presidente de la Aabiper, Eduardo Asueta, manifestó: «En estos últimos dos años el equipo de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles hizo un gran trabajo y queremos potenciarlo. Para ello se proyectó realizar un relevamiento e inventario detallado de las características productivas y del valor locativo de cada uno de los 200 lotes de propiedad provincial. Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad, y en conjunto supone un subaprovechamiento de las tierras fiscales».

 

Asueta planteó tener “muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos, y para eso precisamos saber a ciencia cierta el potencial de cada inmueble». En ese sentido, agregó, que trabaja «en un esquema transparente y público de administración de la propiedad inmueble de la provincia. El objetivo es que cada entrerriano sepa que se hace con cada inmueble de la provincia, y que, además, todos por igual puedan participar y compulsar en los contratos de uso oneroso del suelo. La transparencia es la garantía de una administración sana y saludable».

 

De la Redacción de ERA Verde