Al cierre de la edición de esta nota, transcurrían más de 12 horas de sesión, con más de 220 expositores particulares y de distintas organizaciones social, ambientales, políticas, gremiales, de movimientos de la sociedad civil, anotados para intervenir en la denominada “audiencia pública sobre el informe de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal” del río Paraná. En una mayoría abrumadora se escucharon distintas voces críticas al proceso de privatización de la Hidrovía. Los argumentos se centraron en la falta de Estudio de Impacto Ambiental; la violación al acceso a la información pública ambiental que establece el Acuerdo de Escazú y que esta instancia representa un “show” para legitimar los trabajos de calado ya se vienen realizando. En las distintas alocuciones registradas por ERA Verde, se manifestó como puntos en común dar por nula la instancia al considerarse “fraudulenta” y “viciada de nulidad”. Se advirtió sobre el régimen de bajante crónica en la que ha entrado el río, el impacto en el ambiente, las comunidades costeras y que ciudades como la de Victoria pueden quedar sin recurso para potabilizar.
Cada uno de los exponentes tenía 1 minuto para conectarse y 5 para dar sus argumentos. Así fue la dinámica planteada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en la convocatoria para hablar sobre “el informe de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal” del río Paraná. Transcurrida más de 12 horas al cierra de este texto, a las 22.00 de este 3 de noviembre, continuaban hablando los anotados en exponer, que iban por el orden 227, de los que gran parte de los que tomaron la palabra calificaron como un intento de “convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida”.
OBJECIONES
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) efecturaon un pedido –al que adhirieron en gran medida– de impugnar y rechazar “el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná”. Desde la entidad se apuntó: “A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río”.
Abogados ambientalistas llaman a la ciudadanía a intervenir en la audiencia por la hidrovía
Desde la AAAA advirtieron “desde el primer día que esta audiencia era ilegítima”. En este sentido señalaron como irregularidades que “no se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido; Las obras de dragado ya están en curso; No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos; La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú; y que lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida”.
Desde los abogados ambientalistas remarcaron que el proyecto de licitación de la gestión de la hidrovía “no tienen licencia social”. En este orden, apuntaron, hay una visión casi unánime “en la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados”, expresaron en un comunicado a ERA Verde.
“Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza al río, como fuente de agua potable para millones; como corredor de biodiversidad y soporte de humedales; como territorio habitado por comunidades que resisten; como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”.
Respecto a la instancia de la audiencia, se evaluó que “lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla. A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente”, afirmaron.
“El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”, remarcaron finalmente.
De la Redacción de ERA Verde