El ex Ministerio de Ambiente de la Nación reconoció ante la Justicia que “jamás intervino en ningún estudio de impacto ambiental” vinculado al proyecto de la red fluvial por el canal central del río Paraná. Así lo informó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAAA), que lleva una causa junto a la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) de Ramallo. En este expediente, las entidades denunciaron la ejecución de obras sin las evaluaciones de rigor, ni participación ciudadana, “en pleno contexto de crisis hídrica y climática”, sostuvieron en su demanda. En este orden, señalaron a ERA Verde, la máxima autoridad ambiental nacional informo en que en las últimas dos décadas no posee registros, antecedentes técnicos ni intervenciones vinculadas al dragado del río Paraná.
El informe presentado por la abogada Susana Beatriz Pérez Vexina, en representación del Estado nacional, fue calificado como un “hecho inédito” por los Abogados Ambientalista que litigan judicialmente por el calado del lecho del río Paraná con fines de gestionar la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay. En respuesta oficial al pedido de la Cámara Federal de Rosario, Sala B, desde el ex Ministerio de Ambiente se reconoció explícitamente que no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ni en instancias de consulta pública respecto a las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza del Paraná desde 2011 hasta la actualidad. El escrito fue remitido frente a un requerimiento expreso por el tribunal que ordenó al Estado nacional entregar, en un plazo de 10 días, los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana correspondientes a las obras realizadas en el tramo frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
“Estamos ante dos décadas de obras sobre el río sin evaluaciones, sin participación y sin controles institucionales. La causa también incorpora un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que reveló irregularidades graves en la licitación prevista para 2025”, se apuntó en un comunicado a ERA Verde desde la AAAA.
AUSENCIAS
“La respuesta es clara: no hay absolutamente nada. Ninguna intervención del organismo. Ninguna solicitud de otros entes estatales. Ningún estudio registrado. Ninguna evaluación técnica o instancia de participación. El propio Estado reconoce así la ausencia total de control ambiental estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país”, afirmaron desde las organizaciones sobre la novedad. “Este nuevo documento judicial es, además, la segunda vez que el ex Ministerio de Ambiente admite no haber tenido ninguna actuación vinculada a la aplicación de la legislación ambiental nacional ni de los tratados internacionales en el marco del desarrollo de la mal llamada hidrovía”.
Para las entidades que demanda por la intervención sobre el río Paraná sin los recaudos ni participación ciudadana, este reconocimiento expone la situación por la cual se inició la cauda, que se presenta en el paso denominado “Las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo, en el Paraná Inferior, así como además “desnuda la total inexistencia del área ambiental en todo el contexto político y temporal expuesto en la causa judicial ambiental en trámite. Es decir, durante años, las autoridades responsables de proteger los bienes comunes se mantuvieron ausentes frente a la intervención masiva sobre uno de los principales ríos del continente”, afirmaron.
“La gravedad de esta revelación se potencia al considerar que el dragado y redragado del Paraná, especialmente en el paso conocido como ‘Las Hermanas’, frente a Ramallo, ha avanzado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre los efectos ecológicos, sociales y económicos. Todo esto, en pleno contexto de crisis hídrica, acelerada por la crisis climática global y las bajantes que ocasiona”.
A LA DERIVA
La Justicia emplaza al Estado nacional a entregar estudios ambientales de la Hidrovía
Se agregó a la información que el expediente judicial también incorpora como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que detectó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, y ahora pospuesta. Ese informe fue clave para frenar el proceso licitatorio y es uno de los elementos centrales considerados por la Cámara Federal para ordenar la entrega de la información ambiental faltante.
Además, se observó que lo expuesto “ratifica lo ya advertido por el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno nacional. Ese organismo había reclamado expresamente la intervención de la autoridad ambiental y había exigido la realización de los EIA correspondientes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto”, sostuvieron a ERA Verde.
“Hoy, ese ente de control fue extinguido por decreto, en una decisión que deja al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA reiteramos: no puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad. La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida”, sostuvieron finalmente.
De la Redacción de ERA Verde