El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, dio a conocer que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú resolvió rechazar una acción contra un informe de impacto ambiental contratado por el Gobierno de Entre Ríos en la gestión anterior, para evaluar la incidencia de las mineras que extraen arenas silíceas en el área de Ibicuy. El pedido de impugnación al estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) –y que costó u$s 92.186– fue formulado por un particular bajo el patrocinio del letrado Ricardo Luciano. Puntualmente se pidió que se anule el trabajo por no cumplir con los requisitos normativos para ser llevado a cabo, lo cual fue desestimado por el vocal de la Sala I Civil y Comercial, Marcelo José Arnolfi. En diálogo con ERA Verde, el abogado litigante señaló que el fallo no está firme y que el mismo fue apelado.
Se trata del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ordenado por la jueza María Valentina Ramírez Amable, en la demanda iniciada por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy, por los permisos otorgados a las empresas que extraen el material que se usa para el fracking petrolero. En este expediente, la magistrada ordenó llevar adelante una evaluación, que se presentó en una reunión informativa el pasado 20 de febrero. Allí se exhibieron los resultados formalmente del “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La audiencia pública sirvió para conocer detalles, formular cuestionamiento o resolver inquietudes para ser incorporados al caso. Y es de esta instancia que surgió una impugnación que se encaminó en otra demanda judicial por la cual ahora trascendió la resolución de Arnolfi.
TRASFONDO
En declaraciones oficiales, el fiscal de Estado destacó que el controvertido Estudio de Impacto Ambiental había sido convenido entre la provincia de Entre Ríos y la Universidad Nacional de La Plata, a raíz de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que ratificó el fallo de Ramírez Amable en el expediente iniciado por Cauce y Agmer, “en la que se debatía la pertinencia ambiental de la extracción de arenas para ese fin, en la zona de Ibicuy”.
En efecto, mediante el decreto Nº 3.712/22 publicado en el Boletín Oficial el 21 de febrero de 2023 cuando Gustavo Bordet era gobernador, el Gobierno de Entre Ríos celebró un convenio marco de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata para llevar adelante el EIA ordenado por la Justicia. En el acuerdo, se convino el pago del estudio por un monto cotizado en moneda extranjera de 92.186 dólares. El trabajo se abonó en cuatro cuotas, por un monto que totalizó los $25.390.329,05, según la suma y las cotizaciones en el momento que se oblaron los compromisos, según pudo corroborar ERA Verde. El último pago, así como la audiencia pública donde se lo expuso, se efectuó durante la actual administración
Es así que tras el encuentro de Ibicuy que se celebró en febrero de 2024 con la presencia de las autoridades municipales y provinciales de Ambiente, así como otras partes interesadas, el profesional Ricardo Luciano representando a la Cooperativa de Agua de Ibicuy, impugnó el estudio vía administrativa. Entonces apuntó que el análisis presentado “adolece de omisiones y datos que no se condicen con la verdad real” y en algunos de sus tramos es “una copia y pegue de los mismos estudios” que presentaron las empresas mineras ante la Secretaría de Ambiente provincial.
Luego, en instancia judicial, el planteo de Luciano apuntó a que se dé cumplimiento a un pedido de respuesta de las autoridades del Ejecutivo a las mencionadas objeciones realizadas por vía administrativa y también pidió una “acción de prohibición” para que se declare nulo el estudio por considerar que se “incumplieron todas las normas legales que rigen el estudio de impacto ambiental”, explicó el letrado. Por esta acción, en un primer momento el juez se declaró incompetente y luego de pasar por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), este cuerpo confirmó que el caso sea abordado por el juez que resolvió en este último movimiento del que informó Rodríguez Signes.
Respecto a estas últimas instancias, el fiscal de Estado comentó el fallo emitido el vocal la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, resulta una cuestión “relevante porque los yacimientos de petróleo de Vaca Muerta requieren determinado tipo de arenas para su extracción. Entre Ríos dispone de ese material en la zona de Ibicuy” y, en este sentido, «se han entablado varias acciones de naturaleza ambiental cuestionando esta actividad. Sin embargo, desde la Provincia se han adoptado los recaudos para asegurar que las explotaciones se realicen de acuerdo a los procedimientos de preservación del ambiente”, apuntó.
Por su parte, en diálogo con ERA Verde, Luciano expresó que “pese al apuro de Fiscal Rodríguez Signes en publicar y hacer apreciaciones personales sobre la sentencia el fallo no está firme”, subrayó al tiempo que confirmó que este martes 18 de junio presentó a primera hora una apelación en el Juzgado.
Impugnarán el estudio de impacto ambiental de las areneras de Ibicuy
De la Redacción de ERA Verde