El Foro Ecologista y Agmer pidieron la derogación del decreto del Ejecutivo que impuso distancias para las pulverizaciones con agroquímicos alrededor de las escuelas rurales. Esta norma establece límites menores a los ya fijados por la Justicia. En este pleito, la defensa oficial gestionó que la Bolsa de Cereales, Copaer y la Cooperativa Ganadera de Ramírez intervengan pidiendo que se desestime esta solicitud. Ahora, las demandantes reclamaron por el accionar de la Fiscalía de Estado que alegó un proceso colectivo pero sólo convocó a las entidades ruralistas.
Ambientalistas elevaron fuertes criticaron al Ejecutivo provincial por instigar a instituciones ligadas al agro para ir contra el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. El accionar forma parte del litigio donde las mencionadas actoras piden la derogación del decreto del Ejecutivo que impone distancias para la fumigación alrededor de las escuelas rurales, y que son menores a las impuestas por la Justicia.
En un comunicado, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos explicó que en febrero pasado iniciaron un nuevo pedido a la Justicia para que paren de fumigar en las escuelas rurales. Esta vez solicitaron ante la Cámara Civil y Comercial, Sala III, a cargo del vocal Andrés Manuel Marfil, que se determine la nulidad del decreto Nº 4.407/18 publicado por el Gobierno provincial el 2 de enero pasado. Esta normativa establece límites a las pulverizaciones alrededor de los establecimientos educativos en 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas. “Ese decreto (es) regresivo en la protección de la salud de las niñas y niños entrerrianos (ya que) redujo la franja de seguridad de pulverizaciones con agrotóxicos” señalan los ambientalistas en relación al fallo del 29 de octubre de 2018 donde la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia determina distancias de 1.000 y 3.000 metros respectivamente.
La coordinadora insiste en las investigaciones científicas aportadas donde se demuestra “el daño genético que ya registran nuestros niños y niñas entrerrianas” y fustigan a la Fiscalía de Estado por asesorar y organizar “a las entidades empresariales de la agroindustria para que se sumen como afectadas por el amparo iniciado por el Foro Ecologista de Paraná y el gremio docente”.
En la Justicia
Este reclamo de la parcialidad por parte de la representación gubernamental también fue presentado ante los estrados judiciales, en donde alertan sobre el accionar en el cual se puede desvirtuar el proceso. Señalan críticamente que “el Estado Provincial represente claramente y públicamente a un solo sector, dejando de lado la representación de miles de niños y niñas que acuden a los establecimientos rurales, y del personal docente y no docente que acude a estos lugares. Deja bien en claro que como estado propugna la garantía de los derechos económicos y productivos y no de derechos humanos fundamentales, como la vida y la salud”. En el escrito presentado ante Marfil también apuntan que el plazo abierto (de 10 días a partir del 12 de marzo) para quienes se presenten todos los afectados en esta “causa colectiva” no encuentra un “sustento legal de procedencia”, por lo cual las opiniones ingresadas podrían tener el carácter de “extemporáneas”. Esta presentación ante la Cámara también fue acompañada por la firma de 23 asambleas provinciales que adhieren al pedido de derogación del decreto del gobernador Gustavo Bordet.
Ingeniería
Entidades rurales coordinaron acciones para defender el decreto que regular las fumigaciones. Foto: Copaer
La reacción del Foro y Agmer surgió luego que el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos diera a conocer “una nueva reunión” convocada el 18 de marzo por la Fiscalía de Estado en la Bolsa de Cereales a fin de ser asesorados en cómo intervenir en la causa para atacar el pedido de los ambientalistas y docentes.
Así las cosas, el Copaer, junto con la Bolsa de Cereales y la Cooperativa Ganadera ligada a la Federación Entrerriana de Cooperativas (una de las tres entidades gremiales del campo que integra la Mesa de Enlace), se presentaron ante el juzgado.
Tanto de desde Copaer como desde la Sala III de la Cámara Civil y Comercial fueron esquivos en dar a conocer los argumentos de quienes intervienen contra el pedido de derogación del decreto. De todos modos, según al escrito presentado por los ingenieros agrónomos se puede observar cómo se manifiestan contra el Foro y Agmer. Los agrónomos dicen que la entidad ambiental y los docentes no demuestran quiénes son los “perjudicados concretos” con las fumigaciones en las escuelas. Copaer también repite un argumento del voto en minoría de la vocal del STJ Claudia Mizawak cuando se falló a favor del amparo ambiental en 2018, al tratar de deslegitimar institucionalmente al Foro y Agmer en su demanda. Los ingenieros también remiten a los documentos y estudios “mencionados en los profusos Considerandos y Fundamentos del Decreto N° 4407/18”, aunque paradójicamente el mismo magistrado interviniente señala que cree necesario muñirse “de algunos elementos probatorios necesarios para resolver la cuestión”. Y justamente es el juez Marfil pide a la Fiscalía de Estado el expediente que el decreto alude como “estudios científicos y académicos que avalan las distancias fijadas” y que hasta el momento “no fue ofrecido como prueba”, apuntó.
Por último, las entidades ambientales, instaron nuevamente al gobernador “a que revise la decisión política de acompañar un sistema productivo que beneficia a un puñado de empresas extranjeras, destruye la fertilidad de nuestros suelos, contamina nuestras aguas, enferma y envenena a nuestra gente y principalmente a nuestros niños. Nos quieren obligar a continuar un modelo fracasado, abandonado en muchos países”.
De la Redacción de ERA Verde