Un grupo de organizaciones ambientales solicitó información a la Dirección de Minería provincial para que dé cuente de los permisos otorgados a una explotación de arenas silíceas en Diamante. Los ambientalistas advierten que la empresa Arenas Argentinas SA se encuentra interviniendo en un sitio protegido internacionalmente.
La Fundación CAUCE, Cultura Ambiental-Causa Ecologista, con la adhesión de organizaciones nucleadas en el Programa Humedales sin Fronteras (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Taller Ecologista, Casa Río) y el Programa Corredor Azul de Fundación Humedales/ Wetlands International, presentó una nota al director de Minería de Entre Ríos, Diego Bosso. En la misiva solicitan datos de la solicitud de autorización para operar en la ciudad de Diamante por parte de la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A., en el acondicionamiento y procesamiento de arenas silíceas que sacan del río Paraná. Estas ONG vienen siguiendo de cerca esta proyecto extractivo de la filial argentina de la firma belga Jan De Nul, que tiene como fin obtener insumos destinados para la explotación petrolífera no convencional de Vaca Muerta, en la cuenta neuquina. La primera advertencia de este tipo de trabajos ya fue realizada a mediados de 2018, y desde entonces cuenta con una serie de pedidos oficiales que advierten sobre el perjuicio que podría correr una zona protegida de humedales “y entre dos parques Nacionales: el Predelta e Islas de Santa Fe”, se precisó.
Esta vez, las organizaciones ambientalistas precisaron que la empresa belga solicitó autorización para extraer arenas entre los kilómetros 517 a 523 del río Paraná, zona anclada en el corazón del sitio Ramsar Delta del Paraná (humedal de importancia internacional). Por este motivo, las organizaciones dieron cuenta de la importante normativa que protege a los humedales, el incumplimiento de normas por parte de la empresa y las falencias que presentan los estudios de impacto ambiental desarrollados por la Consultora Serman respecto de la actividad extractiva proyectada. Finalmente, argumentaron la necesidad de un trabajo de evaluación coordinada entre las distintas áreas del gobierno provincial y nacional para la efectiva protección de los territorios y sus ecosistemas.
Marco legal
Respecto a la normativa vigente, las entidades destacaron que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la sanción de la Ley General del Ambiente (LGA) y la reforma de nuestra Carta Magna provincial, en 2008, los principios preventivo y precautorio son plenamente aplicables, de acuerdo con las circunstancias y el contexto de previsibilidad de daños, fundamentando la responsabilidad de los funcionarios en las decisiones al respecto.
Asimismo, destacaron que el sitio de la planta de tratamiento y el lugar de extracción de las arenas corresponden a una zona protegida por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, Irán, 1971), que es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales”. Además de estar protegida por Ley Provincial N° 9.485, que declara al Río Paraná, en el sector denominado “Paraná medio”, como área natural protegida incorporándose al sistema establecido por la Ley Provincial N° 8.967 (actualmente Ley N° 10.479) bajo la modalidad “reserva de uso múltiple”. Añadieron que por el artículo 2 de la Ley Nº 9.092 el río Paraná junto al Uruguay y a los demás cursos de aguas en la Provincia de Entre Ríos han sido declarados bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible.
Sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extracción, las organizaciones señalaron que la empresa presentó de manera muy general cuestiones referidas al medio físico (hidrología, geología y geomorfología) y biótico (vegetación, fauna e identificación de áreas sensibles y protegidas) que “no aportan la información indispensable para la toma de decisiones respecto del proyecto específico”.
Para finalizar, remarcaron que la misma ley de minería señala que “es responsabilidad de las autoridades actuar en consecuencia a la normativa protectoria del ambiente y del derecho humano a la salud, considerando la posibilidad de adoptar las medidas sancionatorias establecidas en la Ley Nacional de Minería (Nº 24.585).
De la Redacción de ERA Verde