Tal como informó ERA Verde, la gran mayoría de los focos ígneos geolocalizados en las islas del sur del río Paraná por el Ministerio de Ambiente de la Nación se presume están ubicados en tierras de “de Dominio Público del Estado Provincial”. Así lo señala el informe de la Dirección de Catastro de Entre Ríos elevado al Juzgado Federal de Victoria que actúan en la investigación de los incendios en el Delta. El documento también señala que la información sobre “el volcado parcelario” lo puede tener la Dirección de Tierras Fiscales. Pero el titular de este organismo, Leonardo Caluva, dijo al diario La Capital que el gobierno provincial no arrienda terrenos ni autoriza la actividad ganadera en los lotes fiscales de las islas. «Si hay productores, son intrusos», señaló al medio rosarino.

 

La semana pasada el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer que giró envió los datos requeridos por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Ángel Claudio Martín. El magistrado había solicitado los datos catastrales de los lotes donde se registraron los últimos incendios en las islas de Diamante, Victoria y Gualeguay. En la documentación a la que accedió ERA Verde se cruzaba las coordenadas “de interés” para la causa que investiga los siniestros ígneos a través de los cuales surgía que gran parte de los puntos rojos no se contaba con “volcado” informativo de la parcela, por lo cual se presume son “de Dominio Público del Estado Provincial”, señala el informe elaborado por la Dirección de Catastro de Entre Ríos. En este orden, se sugería al magistrado pedir esa información a la Dirección de Tierras Fiscales para poder identificar a los titulares y/o responsables de esos campos.

 

Por otro lado, se reveló que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) contaba con un registro de las unidades productivas que existen en las islas, arrojando como información que eran de propiedad del Estado entrerriano, aunque no se sabía quiénes son las personas o sociedades que están explotando esos terrenos fiscales.

 

Según el diario La Capital, eran 76 establecimientos agropecuarios en estas tierras del Estado según la tabla de Senasa dentro de las más de 500 unidades productivas vinculadas a la ganadería anotadas. La suma apuntaba a superficie de 83.925 hectáreas, con la presencia de 13.395 bovinos en tierras fiscales entrerrianas.

 

Ante la información, el responsable del área, , Leonardo Caluva, dijo al medio rosarino: «Nosotros no arrendamos tierras, por eso estamos pidiendo acceder a la información que tiene el Senasa para conocer el nombre y apellido de los ocupantes de los terrenos para poder iniciar acciones, porque actualmente son intrusos», explicó el funcionario a cargo de administrar las tierras de dominio público.

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«Pedimos al Senasa la información sobre las unidades productivas que tiene registradas en lotes fiscales porque desde la provincia no se han dado autorizaciones para hacer ganadería en islas», insistió el director de Tierras Fiscales y consideró que «esas 500 unidades productivas (que incluye en su base de datos el organismo nacional) no deben estar todas vigentes», conjeturó.

 

Caluva explicó que después de 2008, otro año de feroces incendios en el delta, la provincia decidió modificar su política de arrendamiento de terrenos fiscales. En el 2010 dio de baja todos los contratos vigentes y sólo mantuvo el otorgamiento de «permisos de uso», renovables todos los años, a pequeños y medianos productores que ya habían arrendado lotes.

 

La medida se implementó en forma transitoria hasta la aprobación de una nueva ley y para superar el vacío normativo creado en ese momento. Sin embargo, el mecanismo se extendió hasta 2015. «Desde entonces, dejamos de otorgar más autorizaciones. Hemos tenido pedidos, pero no prosperaron», apuntó el funcionario y subrayó que quienes explotan ganado en tierras fiscales lo hacen en forma ilegal.

 

También comentó que «entre 2020 y 2021 trabajamos con el Senasa actualizando los registros y procedimos a desactivar los permisos de quienes estaban ocupando terrenos. Pero solo pudimos avanzar en los casos que no tenían ganado, porque íbamos a generar un problema mayor: que los animales se quedaran fuera del sistema», confió.

 

Ahora, la repartición conducida por Caluva volvió a pedir información al organismo nacional con la idea de «estar atentos y ni bien esos permisos queden en cero, bloquearlos. Nosotros no podemos impedir el ingreso de hacienda a la isla, pero sí otorgar permisos para ganadería en tierras fiscales y desde 2015 no se entregan permisos», indicó.

 

La falta de autorización de la provincia deja a los ganaderos en situación irregular. «Quienes tienen vacas en tierras fiscales están en situación ilegal, son intrusos», remarcó el funcionario y aseguró que «no tenemos herramientas para la fiscalización en territorio, es una tarea que se hace a través de la policía, pero con dos años de sequía hay lugares donde no hemos podido acceder».

 

 

Fuente: La Capital / Carina Bazzoni