El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Paraná desestimó finalmente la solicitud de dos entidades ambientales para desobstruir dos arroyos taponados exprofeso en el corazón de las islas de Victoria. El magistrado, adhiriendo a la consideraciones de la Fiscalía, considera que las obras “carecen de entidad para vulnerar la cautelar” por él mismo decretada para preservar esos humedales. Señala además que no se pueda datar esa construcción y que tampoco se podría notificar a uno de los co demandados, Pablo Rufino Baggio, tras sucesivos fracasos por dar con un domicilio donde hallarlo, admitió en el mismo escrito al que accedió ERA Verde.

 

El 18 de febrero pasado, las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental expresaron solicitaron al Juzgado Federal 2 de Paraná, intervenga para resguardar la medida cautelar de protección del Delta dictada por ese tribunal. Concretamente, pidieron la remoción de los tabiques construidos en las bocas de los arroyos «La Arrastrada» y «Los Chanchos», en  jurisdicción de las islas de Victoria.

 

El pedido de las entidades ambientales surgió luego que en diciembre pasado promovieron una denuncia para que se investigue esos cortes de los cauces naturales de los cursos de agua. Los terraplenes, señalaron en su momento, fueron construidos con “con restos de silo bolsas y cubiertas viejas de máquinas agrícolas”. Este accionar, apuntaron, violaba precisamente el amparo dictado por el juez Daniel Edgardo Alonso para proteger estos humedales, así como criticaron la “la falta de control  adecuado por parte de la Municipalidad de Victoria”.

 

Ante la presentación, intervino el fiscal Federal Interino Leandro A. Ardoy, quien muñido de informes realizados por Prefectura Naval Argentina (PNA), consideró que no hay delito en tapiar los mencionados cursos de agua. Argumentó que en el momento de la constatación estaban secos. Concomitante, Ardoy entendió que tampoco se violaba el amparo ambiental vigente que restringe ciertas intervenciones en el Delta con el fin de amparar estos ecosistemas de posibles incendios.

Frente al dictamen de la Fiscalía, Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental reprocharon la postura de Ardoy, rechazando el peritaje por “falaz” y consecuentemente los “razonamientos inadmisibles” que surgen ya que de los informes de Prefectura surge que se constató “la existencia de cortes en los arroyos fiscalizados”. Además advirtieron que la “construcción ilegal impide el ingreso del agua en los niveles medios del río e impide la libre navegación cuando el río está en su altura promedio. El dique constatado en el Arroyo Los Chancos, que corta por completo el cauce de ese curso causa un grave daño al futuro ingreso de agua, fundamentalmente a La Laguna Grande, importante reservorio de cría de la especie sábalo, base de la pirámide alimenticia de la gran mayoría de especies ictícolas”, alertaron.

 

En este mismo escrito las demandantes piden que se derriben los terraplenes, concretamente se “tenga a bien ordenar a la Municipalidad de Victoria que en ejercicio de sus funciones proceda a la pronta remoción de los terraplenes denunciados con el objeto de permitir el adecuado ingreso de agua para cuando el Río Paraná comience a recuperar su nivel normal”.

 

Pero el juez Alonso no hizo lugar al pedido. En el escrito fechado el 24 de febrero, sostienen que su “Magistratura comparte el criterio de la Fiscalía en cuanto a que los rellenos precarios observables carecen de entidad para vulnerar la cautelar decretada que refiere a intervenciones humanas que por su magnitud sean aptas para provocar una interrupción grave y permanente de los cursos de agua, tal no es el caso que nos ocupa dado que no existe agua actualmente en los arroyos de referencia y además la dinámica de los arroyos que tributan al río es exactamente inversa a la sugerida por los presentantes”.

 

En esta misma intervención, el juez Federal también señala que “tampoco conocemos en qué fecha y por quien han sido construidos los rellenos existentes, circunstancia que habrá de resultar la prueba a producirse en autos, etapa largamente postergada ante los sucesivos fracasos de la notificación al co-demandado Rufino Pablo Baggio”. Esta última referencia, cabe aclarar, la plantea porque desde que fue involucrado como uno de “los dueños del fuego”, han sido estériles las gestiones para notificar a Baggio en un “domicilio válido”.

 

 

 

De la Redacción de ERA Verde