Vecinos furiosos con el intendente de La Paz por la “bomba sanitaria” en el basural

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocó la sentencia de primera instancia que ordenaba el saneamiento del volcadero de la ciudad de La Paz, su traslado programado y que el municipio realizara una campaña de educación ambiental con participación ciudadana. Los jueces admitieron el daño ambiental, pero alegan que la comuna ya había puesto en marcha actuaciones para afrontar la problemática. En este orden, en la resolución a la que accedió ERA Verse, se expresa que el “Poder Judicial debe limitarse a controlar la legalidad y eficacia de esa respuesta institucional, sin sustituir el criterio de oportunidad”, dijo el vocal Miguel Ángel Giorgio en su voto al que adhirieron Claudia Mizawak y Susana Medina. Ante la decisión, habitantes de los barrios afectados presentaron a través de sus abogados un recurso de “revocatoria in extremis” ante el STJ y denunciaron que el intendente Walter Martín tiene “pisados” $24.000.000 mensuales en fondos que deberían ser usados para la gestión de los residuos pero que los utiliza para una maniobra financiera.

Este 25 de agosto se conoció una sentencia del STJ de Entre Ríos donde da marcha atrás con una resolución que hizo lugar a un amparo ambiental por el cual el juez Raúl Damir Flores resolvió el cierre programado y traslado del vertedero a cielo abierto de la ciudad de La Paz. Como se recordará, el magistrado tomó esta determinación tras un lapidario informe técnico que dio cuenta de las condiciones desastrosas del lugar donde se depositan los residuos urbanos de la mencionada localidad. Entre otras afectaciones, el magistrado apuntó a que el predio municipal carece de una gestión adecuada, lo cual implica un riesgo para la salud y el ambiente de la cuenca del arroyo del arroyo Cabayú-Los Paraísos en donde se emplaza. Entonces, el juez “confirmó que el basural de la Chacra 96 causa un ‘daño ambiental real y grave’”, y por eso “ordenó al municipio mudar el volcadero en un plazo de 12 meses, frenar las quemas de inmediato y sanear toda la cuenca del arroyo”, recordaron los vecinos de barrio Fátima que impulsaron la demanda.

Luego de este fallo en primera instancia, firmado el 16 de junio pasado, la administración de Walter Martin (JxER) apeló ante la máxima instancia en la provincia y alegó que la sentencia le resultaba “ininteligible o al menos de muy dificultosa lectura”, según el texto del que dio cuenta ERA Verde. Por este argumento, el municipio pidió que revoque el fallo que ordena la clausura y traslado del basural, así como que se lleve “una campaña masiva de educación ambiental”.

SUPERIOR

Fue así que el expediente llegó al Superior Tribunal donde se dio vuelta el fallo en favor del pedido del municipio. “Los jueces provinciales priorizaron los tiempos políticos: dijeron que la justicia no debe meterse en la administración y que el conflicto ya se iba a resolver con una ordenanza de ‘emergencia’ municipal”, explicaron de parte de los demandantes. En efecto, el texto que arguyó el vocal Giorgio, plantea que “la Municipalidad ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones legislativas, administrativas y materiales destinadas a afrontar la problemática ambiental denunciada, cuya razonabilidad no aparece desvirtuada por las constancias de autos. En tales condiciones, como ya se dijo, la función del Poder Judicial debe limitarse a controlar la legalidad y eficacia de esa respuesta institucional, sin sustituir el criterio de oportunidad ni las decisiones técnicas que el ordenamiento atribuye a los órganos políticos competentes”

Ante la novedad, los litigantes canalizaron a través de sus abogados “un recurso de revocatoria in extremis ante el STJ”, y denunciaron “una contradicción escandalosa” que consiste en que “el tribunal provincial justificó la inacción del intendente basándose en una ordenanza (de emergencia ambiental) que se dictó después de que los vecinos iniciaran el amparo”, fustigaron.

La Municipalidad de La Paz se resiste a la orden judicial de sanear el basural

FONDOS MILLONARIOS

Los vecinos del volcadero de La Paz están muy enojados y reprochan al “intendente médico que da la espalda a la salud de los barrios y mantiene un volcadero ilegal”, criticaron. En este sentido, reclaman los millones de pesos con los que cuentan la intendencia en entidades financieras para superar esta situación. “El dato más alarmante e indignante para la comunidad es que el intendente de La Paz, Walter Martin, es médico de profesión. A pesar de su formación e investidura, su gestión prefiere mantener inmovilizados fondos millonarios antes que frenar una crisis sanitaria que expone a cientos de niños a contraer enfermedades respiratorias y dermatológicas graves”, lanzaron los pobladores lindantes al basural. “Tienen la plata y no la usan: Documentos oficiales presentados por los vecinos confirman que el municipio mantiene $1.180.000.000 (mil ciento ochenta millones de pesos) en plazos fijos bancarios en el Banco Nación y Bersa. Estos fondos generan más de $24.000.000 mensuales en intereses que por ley deben ir al ‘Fondo Girsu y Saneamiento Ambiental’, pero la descontaminación sigue completamente paralizada por decisión política”, revelaron los vecinos sobre estos fondos públicos.

IMPACTO TÓXICO

Los vecinos recordaron sobre la presencia de “residuos hospitalarios y cloacas ilegales” que se vierten al lugar. Para eso registraron “imágenes aéreas y periciales (que) exponen una descomunal pared de basura a cielo abierto en la Chacra 96. En el lugar se arrojan ilegalmente residuos patogénicos y biopatogénicos –como medicamentos vencidos y desechos hospitalarios– mezclados con basura común, conviviendo en el mismo terreno con lagunas cloacales colapsadas y sin ningún tipo de impermeabilización”, detallaron.

También alertaron sobre “el peligro sobre las napas de agua de la cuenca y las escuelas en peligro actual: Al no haber membranas protectoras, los lixiviados (líquidos negros y tóxicos de la basura) y las bacterias cloacales percolan por el suelo directo hacia las napas freáticas de agua subterránea. Esta crisis humanitaria ocurre a escasos 400 metros de la Escuela Primaria N° 8 ‘Juan Bautista Cabral y de la Escuela N° 40 Recuerdos de Provincia”.

Los paceños lindantes al Volcadero están furiosos ante las “excusas insólitas” de la justicia. “Frente a los análisis científicos de la perito oficial que detectaron arsénico, cromo y fósforo total en niveles alarmantes en la zona, el municipio intentó anular la validez de la prueba con el insólito argumento de que la inspección de campo fue hecha por una doctora en Ingeniería Química y no por un médico”, comentaron a ERA Verde.

También señalaron la “contradicción temporal en el Superior Tribunal”, ya que “el máximo tribunal provincial revocó el amparo de los vecinos argumentando que el intendente ‘ya estaba actuando’ mediante una ordenanza de emergencia. Los abogados del barrio presentaron un recurso de Revocatoria in Extremis para denunciar una burda trampa temporal: el municipio dictó esa ordenanza como una reacción apurada después de haber sido demandado judicialmente por los vecinos”.

Finalmente, los vecinos exigieron “la relocalización y saneamiento ya” del volcadero. “La salud de los niños y de la población no puede esperar”, concluyeron.