El vocal Juan Malvasio, hizo lugar a la solicitud de amparo colectivo presentado por un grupo de familias, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce contra la distribución de desayunos y meriendas con sellos que advierten sobre el exceso de azúcares, sodio y grasas. En consecuencia, el juez ordenó al Gobierno de Entre Ríos se abstenga del abastecimiento a establecimientos escolares con productos con “uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos” de la ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, se indicó en el escrito al que accedió ERA Verde. Desde el Ejecutivo se destacó “la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución”. En este orden, se apuntó que “La resolución no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente(con la empresa Teknofood SA), no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior”.
En el marco del Legajo Nº 36.759, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, hizo lugar este viernes 21 de agosto a la acción de amparo colectivo promovida contra el gobierno provincial por Agmer, Cauce y un grupo de familias. En este sentido, el magistrado ordenó al gobierno de Entre Ríos que se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación (CGE) productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme a lo establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 27.642 que promueve la Alimentación Saludable en “Entornos escolares” y señala que “los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un (1) sello de advertencia o leyendas precautorias no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y secundario del Sistema Educativo Nacional”.
Al mismo tiempo, Malvasio dispuso que deberá garantizarse, de manera simultánea e ininterrumpida, la provisión de productos que no se encuentren alcanzados por dicha prohibición.
DERECHO EN PUGNA
Como se recordará, tal como informó ERA Verde, la acción fue promovida por un grupo de madres y padres en representación de sus hijos e hijas, junto Agmer y la Fundación CAUCE. Los litigantes plantearon la necesidad de garantizar una alimentación adecuada, saludable, suficiente y segura para niñas, niños y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos y reciben el servicio alimentario escolar. Esto es en el marco de la implementación de un nuevo sistema centralizado de provisión de meriendas y desayunos que fue licitado por el Gobierno entrerriano y fue adjudicado al a firma Teknofood SA.
Entre lo analizado por el magistrado para tomar su decisión, se destacó que el control judicial efectuado se circunscribe a verificar el cumplimiento de un mandato legal y la protección de derechos que cuentan con tutela constitucional reforzada. En ese sentido, señaló que la exclusión de productos con sellos de advertencia frontal en los entornos escolares constituye una política de salud pública cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el Estado.
La resolución remarca, además, que las dificultades administrativas, presupuestarias o vinculadas con la implementación de los controles no eximen al Estado de garantizar efectivamente los estándares nutricionales establecidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, pondera el interés superior del niño como principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Al tratarse de un proceso colectivo, se indicó desde prensa de Tribunales, la sentencia dispone también comunicar la resolución al Registro de Procesos Colectivos y ordena su publicación y difusión a través del Servicio de Comunicación e Información del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
CONSIDERACIONES
Desde el Gobierno provincial se hizo saber que continuará con la transformación del sistema de provisión de alimentos a establecimientos escolares. “La resolución no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior. El Gobierno provincial destacó la intervención de la Justicia, cumplirá lo dispuesto y garantizará que ningún estudiante deje de recibir su desayuno o merienda”, se subrayó.
El Gobierno de Entre Ríos destacó también la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y que adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.
Al mismo tiempo, se subrayó que el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menús, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos.
Desde el Ejecutivo se observó que “la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación”, se citó.
“El Gobierno provincial valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control. Una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al control de la Justicia y tener capacidad para corregir aquello que sea necesario. En ese sentido, la Provincia realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por la resolución. El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos”, apuntó.
CUMPLIMIENTO
Respecto los aspectos del marco en donde se dio lo resuelto, se insistió en que “la transformación del sistema comenzó a trabajarse prácticamente desde el inicio de la gestión y, luego de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo es contar con mayor trazabilidad y poder conocer qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante. El nuevo esquema es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por las escuelas, que seguirán realizando compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad”.
Por último, se sostuvo que “El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y continuará avanzando con la transformación del sistema alimentario escolar, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los chicos entrerrianos”.
De la Redacción de ERA Verde
