Se realizó una nueva reunión del Comité de Gestión de la Reserva de Usos Múltiples (RUM) Humedales e Islas de Victoria. Entre los puntos centrales abordados se informó que el Juzgado Federal de Victoria rechazó el pedido para levantar el amparo sobre el sector protegido. Como se recordará, por acción, el Juzgado Federal 2 de Paraná dictó el 1 de julio de 2020 una medida cautelar con “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona del Delta del Paraná, tal como informó ERA Verde. Esta medida fue objetada por un grupo de productores ganaderos y agropecuarios. También hubo otros puntos en la 44ª reunión de este organismo que se convocó “en el marco de las políticas de preservación del ambiente”, se dijo desde el Gobierno provincial.
La reunión del Comité de Gestión tuvo lugar en el salón del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Victoria, y contó con la participación de representantes de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, la Dirección de Tierras Fiscales de la Fiscalía de Estado, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Victoria, Concejales de la Ciudad de Victoria, la Fundación Humedales, el Cuerpo de Guardaparques de Entre Ríos, entre otros actores clave para la gestión del territorio.
Durante la reunión se presentaron avances en las acciones planificadas para el manejo y conservación de la reserva, incluyendo el fortalecimiento de la comunicación en diversos formatos y el diseño de nueva señalética.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la salida de fiscalización realizada el pasado 12 de mayo. En dicha ocasión, se labraron actas y se elaboraron informes sobre intervenciones en cursos de agua por parte de distintos propietarios. El informe correspondiente fue presentado ante el Comité de Gestión y será remitido a las reparticiones competentes para su seguimiento.
AMPARO VIGENTE
Asimismo, se informó sobre la respuesta del Juzgado Federal de Victoria respecto al pedido de levantamiento de la medida cautelar vigente sobre el área. La solicitud fue motorizada en 2024 por productores ganaderos vinculados a la Sociedad Rural Argentina, que planteaban que la medida de protección dictada el 1 de julio de 2020 por el juez Federal Daniel Alonso, “impide el normal desarrollo de la vida y actividad productiva”, argumentaron. Plantaron que el ingreso de maquinaria pesada a los humedales era “imprescindible para la realización y preservación de caminos, senderos, alteos, cortafuegos, dragado, en otras obras de infraestructura. De todas maneras, el requerimiento fue desestimado, manteniéndose por tanto la protección judicial sobre el territorio, se dio a conocer.
Otro de los acuerdos alcanzados en este ámbito fue avanzar en los mecanismos necesarios para que la Comisión Asesora Local (CAL) comience a reunirse y funcione de manera activa.
De la Redacción de ERA Verde