Mediante la resolución Nº 113/2024, la Procuración General de Justicia de Entre Ríos aprobó un protocolo de actuación que deberán llevar adelante todos los agentes Fiscales que intervengan ante casos de maltrato y crueldad animal. El texto fue trabajado con el Instituto del Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y los equipos legales de organizaciones proteccionistas. Una de las coordinadoras que llevó adelante la redacción, la procuradora Adjunta, Mónica Carmona, explicó a ERA Verde que “con la implementación del protocolo se pretende unificar el tratamiento de los casos graves de maltrato animal”.

 

Considerando la “creciente cantidad de casos en los que se observan conductas que encuadran en las infracciones contempladas en la Ley Nº 14.346 sobre ‘Malos tratos y actos de crueldad contra animales’”, así como el “desafío” que enfrentan los fiscales de “conjugar la tutela de los intereses generales de la sociedad con la eficiencia y los recursos”, el Ministerio Público Fiscal elaboró un “Protocolo de Actuación en Maltrato Animal”. La reglamentación, aprobada por el procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, se realizó en base a un trabajo liderado por la procuradora Adjunta Mónica Carmona y la fiscal Jimena Ballesteros, quien coordinaron pautas con profesionales de la abogacía dedicados al derecho animal.

 

El documento conocido por ERA Verde, se plantea con el propósito “de establecer pautas claras y uniformes para el tratamiento de las causas vinculadas a infracciones a la Ley 14.346, garantizando un abordaje eficiente, coordinado y respetuoso de los derechos de los animales reconocidos en nuestra legislación. Asimismo, busca armonizar las exigencias del sistema judicial con la sensibilidad social frente al maltrato animal y los recursos disponibles del Ministerio Público Fiscal”, comentaron letrados del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía.

 

De esta forma, se indicó, “se suma a las leyes de protección animal que se encuentran vigentes en la provincia, conformando así una herramienta jurídica que deberá aplicarse en los procesos de investigación de los delitos tipificados por la Ley 14.346 que se cometan dentro de la provincia”. Los abogados valoraron que “la aplicación de este protocolo será de carácter obligatorio para cada uno de los agentes Fiscales que intervengan en dichas actuaciones legales”.

 

CASOS GRAVES

 

En diálogo con ERA Verde, la procuradora Adjunta, Mónica Carmona, brindó detalles sobre el proceso con el cual se arribó al protocolo, en donde refirió al trabajo con las ONG y el Instituto de Derecho Animal. Esa coordinación se realizó “a través del doctor Fernando Di Benedetto, quien se contactó con la Procuración. Tuvimos una reunión a la que asistieron también otros colegas del Colegio de Abogados y a partir de allí generamos intercambios de información, jurisprudencia y fuimos instrumentando distintas salidas y alternativas a los conflictos que se presentaban día a día con las denuncias de maltrato animal. Esas reuniones se enmarcaron en la Ley orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos, que prevé las reuniones con representantes de la sociedad civil a fin de verificar necesidades y elaborar un trabajo en conjunto con aquellas”. Carmona agrego que desde la Procuración se realizaron “reuniones con la Municipalidad de Paraná, ya que, con su poder de policía y estructura, tiene facultades para prevenir casos graves de maltrato animal, como pueden ser los criaderos ilegales, entre otros”, ejemplificó.

 

“Es importante que se tenga en cuenta que el Derecho Penal, es de última ratio, es decir, los fiscales vamos a intervenir en los casos graves de maltrato animal. El derecho penal sólo debe intervenir en casos de ataques graves a los bienes jurídicos tutelados o infracciones graves a la norma”, aclaró la funcionaria. “El resto de las situaciones, se tiene que solucionar con otras estructuras del Estado que específicamente están predispuestas para ello, en cabeza fundamentalmente de las municipalidades o con la intervención de las ONG o proteccionistas que, de hecho, ya vienen trabajando en este sentido”.

 

–¿Qué expectativa se tiene sobre su implementación?

–Con la implementación del protocolo se pretende unificar el tratamiento de los casos graves de maltrato animal por parte de los fiscales en toda la Provincia. Es decir aquellos casos en los que el maltrato importe una infracción a la norma penal en los términos de la Ley N.º 14.346 sobre ‘Malos tratos y actos de crueldad contra animales’. Y también unificar las respuestas que se puedan dar a los casos que sean delitos, pero menos graves, como utilizar la salida alternativa de la conciliación.

Es importante aclarar también que el Protocolo, ante la falta de recursos que tiene el Ministerio Público Fiscal, requiere la colaboración de las asociaciones intermedias al momento de realizar la denuncia. Y en este sentido, se instrumenta que deberán acompañar informes veterinarios –para poder establecer la gravedad de la situación denunciada–, nombres de testigos, fotos y videos, etcétera, a fin de que el Ministerio Público Fiscal pueda tomar medidas adecuadas y eficientes ante el volumen de casos que diariamente se tienen que atender.

 

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De la Redacción de ERA Verde