Este miércoles 6 de noviembre por la mañana se desarrolló una reunión conjunta de tres Comisiones de la Cámara Alta entrerriana: La de Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción. La convocatoria fue para tratar el proyecto con media sanción de Diputados denominado de “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”. Se acordó convocar a partir de la semana próxima a especialistas en ambiente, salud, producción, docentes, con el fin de escuchar todas las voces en la temática, se adelantó oficialmente.

 

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende “garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible”, se apuntó.

 

El proyecto es resistido por organizaciones socio ambientales que también reprochan que en Diputados no se abriera el debate convocando a referentes científicos críticos con la permisividad de usos de los agrotóxicos.

 

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Se repasó del texto de la Cámara Baja que a los largo de 109 artículos se crea un Consejo Asesor Fitosanitario con carácter ad honorem y ad hoc, y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se establecen pautas para los registros, los usuarios de fitosanitarios, los importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, también expendedores y asesores de los mismos, ensayistas, aplicadores, operarios, y de las empresas de verificación técnica funcional (VTF). Se estipulan condiciones para el almacenamiento y transporte de productos, las condiciones de hermeticidad o confinamiento, y la emisión obligatoria de una receta agronómica digital. En el segundo capítulo del texto se habla del protocolo a seguir con zonas de exclusión y amortiguamiento, y el tercer capítulo contempla las escuelas rurales y la protección de la salud. Asimismo, se considera la regulación para las plantas urbanas, un monitoreo ambiental, fiscalización e inspección, sanciones y prohibiciones.

Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). Fueron parte los integrantes Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).

 

El senador Otaegui comenzó la reunión comentando que “hemos visto el expediente” tras lo cual resaltó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados donde se llevaron adelante muchas reuniones con diferentes instituciones, asociaciones ambientalistas, de salud, agropecuarias, y la idea es “empezar a escuchar nuevamente a todos e ir avanzando”.

 

Los senadores intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto de ley, se habló de la necesidad de contar con una herramienta legislativa para reemplazar una ley de 1980 y que no está a la altura de los cambios actuales en el marco de las actividades relacionadas a la aplicación de fitosanitarios en territorio provincial. Se trajo a colación un fallo del Superior Tribunal de Justicia en el caso de Colonia Ensayo, y se debatió en torno a las distancias de fumigación y su estrecha relación con la salud de la población.

 

Los legisladores consensuaron comenzar ya la próxima semana con la ronda de convocatorias a referentes en ambiente, salud, producción, docentes, funcionarios, con el fin de dinamizar la escucha a los sectores involucrados y contar con una ley en la materia.