Por Jorge Daneri (*). Rescatar de la memoria ciudadana e institucional, quizás, con algunas notas breves, volver a poner sobre la mesa de la sociedad y la gestión de gobierno, aportes, propuestas, urgencias y casi gritos que las organizaciones ecologistas expusieron en tiempo y forma, es quizás importante, pero ahora, tratándose del Delta, es urgente.

 

Dolorosamente, sin escucha y solo con logros parciales como el imposibilitar la privatización de los sectores del delta de propiedad del Estado entrerriano, nada se avanzó o concretó en términos serios y con efectos reales en el sistema de humedales de nuestra tierra.

 

Existe un proceso de más de quince años, articulado por organizaciones ecologistas que vienen peticionando la declaración en Entre Ríos de la Emergencia Ambiental del Delta, vía una Ley. Se presentaron dos proyectos que tomaron estado legislativo y así también murieron en la inacción, en ese recinto vacío en la construcción de una normativa ambiental reparadora de tanto negacionismo e incumplimiento de los mandatos de la renovada Constitución Provincial.

 

Sin embargo, aparecen en estos tiempos dos indicadores relevantes, uno demasiado grave para el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados: la extracción descontrolada de arenas silíceas destinados a la reserva de combustibles fósiles no convencionales “Vaca Muerta” dentro de áreas naturales protegidas por dos Leyes Provinciales y un Sitio Ramsar (“Delta del Paraná” de máxima protección internacional de humedales)  y el otro, enormemente positivo, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de la frustrada iniciativa inmobiliaria“Amarras” en la cuenca sur de los humedales del río Gualeguaychú, que es un ejemplo de sana y sustentable justicia para el ejercicio activo del «Estado de Derecho Ambiental» y la Justicia de protección de la ética y equidad intergeneracional en tanto determina que frente a la duda, se ordena estar a favor del agua y de la naturaleza, en palabras de la Corte.

 

Es así urgente declarar la Emergencia Ambiental del Delta y cumplir con la moratoria que el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina había solicitado ya en febrero de 2015 mediante la Resolución 0001/15.

 

En este contexto con memoria y semejante sentencia judicial, ahora de los Legisladores depende, pero no se hacen cargo, es precisamente todo lo contrario.

 

Los dos antecedentes legislativos obran en el archivo del poder legislativo provincial. Sería importante y urgente que un equipo de los asesores legislativos los estudiaran y seguramente enriquezcan para avanzar en efectividades conducentes. Entre Ríos necesita esta ley declarando la emergencia ambiental de todo el Delta provincial.

 

Cuáles son las razones para su concreción, aquí un breve resumen con historia:

 

1-        Desarrollar el proceso de construcción social e institucional de su ordenamiento ambiental territorial.

2-        La emergencia es necesaria para frenar los procesos de simplificación productiva, agraria y pecuaria a gran escala, en los humedales más grandes de la Argentina. La destrucción del sistema de arroyos interiores, los endicamientos que de manera casi alevosa no paran y el cambio de uso de la tierra para soja y arroz, es un absurdo total, que viola el proceso natural de los servicios ambientales que el gran humedal presta a éstas generaciones y las por venir, como a todos los reinos de vida que coexisten y co-evolucionan en el sistema de humedales.

3-        La emergencia ambiental genera la pausa temporal, la moratoria necesaria para desarrollar el ordenamiento territorial y la definición socio-institucional de los usos que preserven la diversidad cultural y biológica en la integridad y perdurabilidad de sus funciones.

4-        Los complejos impactos sociales y ambientales anticipados para el delta argentino que nadie quiere mirar y menos gestionar democráticamente desde el Estado Nacional y Provincial, implica un cambio radical en la gestión de las políticas de adaptación al cambio climático.

5-        El cambio climático no tiene fronteras de papel y se burla de la política de la inoperancia y la ignorancia. El delta cumple funciones centrales ambientales y económicas para toda la Nación Argentina.

6-        Urgentemente la provincia debe declarar la Emergencia Ambiental y el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS) con las áreas de Ambiente Provinciales deben liderar articuladamente el proceso de ordenamiento territorial, preservando las Áreas Naturales Protegidas Nacionales y Provinciales y dotándolas de presupuestos y personal capacitado, como de equipamiento e infraestructura básica.

7-        En la misma línea, se debe tener particularmente presente que la Ley de Economía Social es una buena herramienta para brindar los primeros apoyos a emprendimientos hacia la sustentabilidad productiva a escala humana, como la legislación disponible de agricultura orgánica y agroecología en humedales así lo debería facilitar con los acompañamientos financieros necesarios y aún inexistentes.

 

En pocas palabras, si estos procesos no se lideran -a partir de una amplia y sistemática convocatoria desde el Estado ejerciendo el arte de la conversación política y la construcción de consensos, de grandes acuerdos sobre la base de comunes denominadores de una política protectora y sustentable en cuanto a los usos posibles dentro del sistema de humedales y sus ecosistemas asociados, como dice la Constitución Provincial y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni mas ni menos- en pocos años el Delta no será más un delta, será una pampa de soja y arroz, sumado a los impactos acumulativos de las mega inundaciones y sequías, elevación del nivel del mar, ocupación de tierras para procesos de urbanización, mas autopistas, puertos chinos, mega extracción de arenas para combustibles fósiles no convencionales, etc; conformando una plataforma, un coctel, que dejará bajo el agua a ciudades como Gualeguay, Gualeguaychú y tantas otras.

 

La emergencia ambiental en el delta ya es un hecho, debería ser, además, miles de gritos. El poder democrático no puede continuar no haciéndose  cargo. Los tiempos de la naturaleza no son los tiempos del mercado, no son los tiempos de esta legislatura, que sí los tiene para urgencias de acueductos chinos y reformas a la legislación de procedimientos constitucionales, todo escandaloso, pero que no los tiene para llevar adelante el mandato mas que honorable de la Constitución Provincial renovada en sus normas sobre sociedades sustentables y sus transiciones democráticas.

 

(*) Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija de Paraná.