La Multisectorial por los Humedales de Paraná realizó este lunes el ingreso formal de una nota al gobernador de Entre Ríos en el cual solicitan una audiencia para abordar el denominado Acuerdo Porcino con China. Es también un pedido de información pública ya que quieren saber “que le ‘interesa’ al poder político de esta provincia” ante la posibilidad de un convenido de este tipo para el territorio. Preocupa la descentralización de los acuerdos que ya comenzaron a ensayar en el Chaco.

Con una manifestación frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos, el colectivo de organizaciones socio ambientales de Paraná realizó la entrega de un petitorio al gobernador Gustavo Bordet. La Multisectorial por los Humedales dejó expresa en una carta su preocupación ante la posibilidad de que en la provincia se concrete un acuerdo para la instalación de mega granjas porcinas con China. “Más aún frente a comunicados y expresiones de la Cancillería que reconoció que las condiciones ambientales y de bioseguridad básicas no estaban garantizadas en las actividades que se apuestan a desarrollar”, se dijo en el escrito.

 

“Somos una Multisectorial que nace durante la pandemia, cuando comenzamos a recibir una

lluvia de cenizas por las quemas intencionales del Delta. Y ahora, desconociendo el origen zoonótico de la pandemia que estamos viviendo, el Estado Argentino decide recibir una industria altamente contaminante que podría convertir a nuestro país en la sede de nuevas pandemias”, señalaron junto a una serie de argumentos por los cuales expresan su oposición.

 

En diálogo con ERA Verde, al dirigente de la Red Ecosocialista del MST, Nadia Burgos, expresó planteó que por la presión social y la negativa que se ha expresado por parte de la ciudadanía se creado una coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones que agrupa a cientos de organizaciones sociales, ambientales y políticas, lo cual “hizo que se pase para firmar en noviembre” este pacto entre Argentina y el país asiático.  “El gobierno no puede avanzar en la firma de este acuerdo y por eso ha empezado a descentralizar estos acuerdos con las provincias. Y vemos con mucha preocupación cómo (Jorge) Capitanich en Chaco ya anunció la instalación de este tipo de factoría en su provincia. Es por eso que decidimos presentar este pedido de informe ‘Nuestras Vida Valen’ en el marco de una jornada nacional de protesta”, explicó.

 

En cuanto a las expectativas, la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) señaló: “Esperamos una respuesta a la brevedad porque entendemos que como ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación ambiental, por el ecocidio que hubo en nuestros humedales creemos que la provincia tienen que dar cuenta de las acciones que se están llevando adelante para preservar los humedales y por qué no se avanza en la aplicación de una legislación que permita el resguardo y protección”, criticó.

 

La nota textual es la siguiente:

 

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted para solicitar una audiencia con el fin de dialogar respecto a la gestión del «Acuerdo Porcino con China» que lleva adelante el canciller Felipe Solá, y el cual sabemos que le «interesa» al poder político de esta provincia.

Más aún frente a comunicados y expresiones de la Cancillería que reconoció que las condiciones ambientales y de bioseguridad básicas no estaban garantizadas en las actividades que se apuestan a desarrollar.

Somos una Multisectorial que nace durante la pandemia, cuando comenzamos a recibir una lluvia de cenizas por las quemas intencionales del Delta. Y ahora, desconociendo el origen

zoonótico de la pandemia que estamos viviendo, el Estado Argentino decide recibir una industria altamente contaminante que podría convertir a nuestro país en la sede de nuevas pandemias.

 

Nos oponemos y, por varias razones, lo volvemos a explicar:

 

– Socioambientales y de explotación animal

Visto y considerando un acuerdo que China le ha propuesto firmar a Argentina con la finalidad de instalar mega granjas porcinas en diversas provincias de nuestro país, proyecto que procura garantizar la exportación a China de hasta 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo y contemplando el desarrollo de estas mega granjas con capacidad para albergar a 300.000 hembras. Estos centros industriales, son focos de propagación de virus y bacterias.

La provisión de antivirales y otros medicamentos para engorde, suman razones de alta peligrosidad socioambiental. China externaliza esta producción, precisamente porque descubrió un vector de propagación de la llamada Gripe Porcina Africana cuyo potencial pandémica advirtieron hace poco la revista científica PNAS y hasta la OMS.

Según la hoja de ruta oficial, las granjas se levantarán en áreas que puedan aportar 1,5 millones de litros de agua diarios. Otra pauta establecida en el proyecto: la producción intensiva se llevará a cabo en «terreno consolidado no inundable en los últimos 50 años». Es decir: estamos ante una disputa por el agua, escasa para la población humana y la naturaleza actual, la cual sería disputada por una industria con fines económicos de exportación, esencialmente.

Reconocemos que el agua dulce es un bien indispensable para la vida, más aún cuando Entre Ríos cuenta con 7.736 cursos de agua, que en promedio acumulan un caudal de 21.200 metros cúbicos por segundo, lo que equivale al 82% del recurso hídrico superficial del país, los cuales escurren por la provincia. Lo que nos lleva a entender que para las cuestiones ambientales no existen fronteras políticas, para lo cual debiera regir un federalismo de cooperación.

 

– Urge cambiar nuestro modelo de desarrollo para revertir la tragedia ambiental que sufrimos y recuperar así nuestra soberanía económica

 

Se trata de una propuesta a desarrollar en el lapso de 6 años mediante la cual China apunta a recuperar el stock de carne que perdió a partir de la matanza de cerdos que llevó a cabo el año pasado tras un brote de peste africana.

Las autoridades sanitarias de ese país sacrificaron casi el 50% de su ganado porcino y la posterior escasez motivó la decisión de salir a buscar superficies en el mundo para criar los animales que necesita China. Es decir: «externalizar riesgos», transfiriendo las industrias contaminantes al sur subdesarrollado y necesitado de divisas.

En China producen un kilo de carne de cerdo a razón de los 2 dólares de inversión, mientras que en nuestro país proyectan hacerlo por 70 centavos por kilo. Esa es la razón de fondo:

Argentina es «barata» y amigable por sus gobiernos con políticas extractivas.

 

– Es un acuerdo sin licencia social

Cuestionado por decenas de organizaciones socioambientales, profesionales, investigadores y científicos, este acuerdo debe ser cancelado. Para eso invocamos el principio precautorio y la Ley General de Ambiente que nos asiste como razón, incluso legal y de democracia ambiental básica.

Sabemos que muchos gobernadores hacen «fila» para obtener su «granja factoría». No expresan los derechos fundamentales del pueblo, sino que expresan los intereses económicos concentrados de una elite.

Este movimiento crece, se tonifica. Por eso rechazamos este acuerdo.

Por todo lo dicho, pedimos que de manera urgente solicite intervención al Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ambiente para que, por intermedio suyo, informen a la población la posibilidad de que se instalen nuevas granjas porcinas en territorio provincial, y en su caso cómo se va a desarrollar en este particular y complejo escenario los Estudios de Impacto Ambiental, sus evaluaciones independientes, como así también la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El Estado Provincial entrerriano no podrá avanzar en la iniciativa de instalar mega granjas porcinas sin la realización, conforme lo determina la Constitución Provincial, de una Evaluación Ambiental Estratégica, en razón de los fundamentos aquí expuestos.

El presente se funda en los artículos 41 de la Constitución Nacional y los Tratados

Internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22, que establecen el derecho humano a un ambiente sano y consagran el deber de preservación por parte de la sociedad y como obligación del Estado.

La actual solicitud se encuentra amparada por el ejercicio del derecho a la información, el cual es fundamental y consecuencia del principio de transparencia en la administración, derivado de la regla republicana de la publicidad en los actos de gobierno y vinculada con el derecho de participación de la ciudadanía en la vida pública.

Lo que respecta al acceso a la información en la Ley 25.675 artículos 16 a 18, la Ley Nacional 25.831 del Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y a nivel provincial el Decreto N° 1169/05 que establece el plazo de 10 días prorrogables por igual término de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información requerida, debiendo la autoridad comunicar por medios fehacientes el uso de la prórroga.

A todo lo cual se suma el reciente y ratificado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Por todo lo expresado creemos imprescindible que se convoque a una consulta popular vinculante, atento a la ley, para que seamos las poblaciones quienes podamos decidir qué y cómo producir en nuestros ecosistemas.

 

Solicitamos confeccione su respuesta en formato digital y curse la misma

Saludo cordial.

 

De la Redacción de ERA Verde