Opinión (*). En el marco de la pandemia de Covid-19 el Gobierno Nacional de Alberto Fernández del que forma parte el gobernador Gustavo Bordet ha acelerado su proyecto neocolonial con varias medidas que acentúan el perfil primario extractivista. Tras llegar a acuerdos con los bonistas para el pago de la fraudulenta ilegal y usurera deuda externa ya tiene definido de dónde sacar los dólares al precio de la catástrofe ambiental vía agricultura transgénica, ganado vacuno, porcino, megamineria, fracking y la ampliación de las plantas químicas y petroquímicas. La producción no está pensada para el desarrollo del país sino para satisfacer las demandas del mercado mundial especialmente chino.

 

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

 

En el año 1996, durante la presidencia de Carlos Menen su ministro de Agricultura Felipe Solá con su sola firma habilitó el modelo ecocida del agronegocio en la Argentina y la entrega del Mar Argentino al extractivismo depredador.

 

Hoy como canciller y en plena cuarentena autorizó importar 32 millones de litros/kilos de insumos para la producción de agrotóxicos inmunosupresores, con el único objetivo de beneficiar a las corporaciones del agronegocio y asegurarles las ventas de formulados comerciales para que continúen durante el aislamiento social obligatorio las fumigaciones.

Las exportaciones agropecuarias -manejadas y sin control por multinacionales- crecieron un 9% en el primer cuatrimestre frente al desplome industrial. El campo considerado servicio esencial es el único superviviente al derrumbe económico de Argentina, agravado ahora por la pandemia de covid-19.

 

Días pasados los representantes del agronegocio enrolados en el Consejo Agroindustrial Argentino entregaron al presidente un documento elaborado por el sector que plantea la posibilidad aumentar las exportaciones totales argentinas aUS$ 100.000 millones en 2030, junto con la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Dijo Alberto Fernández  que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

 

Al Gobierno acelera el proyecto de dependencia y ha decidido avanzar con China en un Acuerdo Porcino que representara, de aprobarse, una entrega total de la seguridad ambiental y sanitaria del país, ya en serio riesgo de daño grave e irreparable por el modelo agroindustrial.

 

Los humedales “patrimonio común”

 

La impunidad de las quemas continúan y la responsabilidad indelegable de sofocarlos es el gobierno. También consideramos imperativo el castigo penal de los propietarios que provocan las quemas.

 

El problema de fondo de las quemas en las islas está íntimamente relacionado con la posesión y uso de la tierra. El fin es seguir profundizando un modelo extractivista dependiente de depredación capitalista con el corrimiento de la frontera agrícola, con emprendimientos ganaderos a gran escala y/o negocios inmobiliarios…

 

Necesitamos una urgente Ley de protección de los Humedales e Islas, en tanto sujeto de derecho,  que promueva la integridad ecológica de manera efectiva, definida y concreta. Consideramos a los territorios bienes comunes de los pueblos de incalculable valor ecosistémico, de interés público, y deben estar administrados, protegidos, conservados y restaurados ecológicamente desde el Estado, donde la prioridad son las personas que lo habitan, el agua dulce, la flora y la fauna.

 

También entendemos perfectamente que cualquier legislación es acotada y vulnerable  y no alcanza dentro de este modo de producción capitalista.

 

Por eso es necesario un ordenamiento territorial para el mismo ecosistema y sea de orden estatal con la elaboración de un inventario catastral de los propietarios y/o usurpadores capitalistas de las tierras, y en especial un relevamiento que incluya a los pescadores artesanales, pequeños productores ganaderos, pobladores isleños, artesanos de cestería, alfareros, carpinteros, apicultores y trabajadores de otras actividades. A partir de la recopilación de estos datos, impulsar un nuevo régimen de tenencia y usos de la tierra organizando cooperativas de trabajadores de las distintas ramas que formen parte de la defensa de los bienes comunes y sean convivientes de esos territorios.

 

La legislación debe incluir en el contralor al conjunto de las asambleas ambientales y organizaciones de trabajadores que tengan por fin defender la biodiversidad. Proponemos que esas tierras usurpadas por los especuladores sean expropiadas sin resarcimiento y pasen a formar un parque nacional del patrimonio común.

 

En este marco nuestra tarea de intervención política apunta a convocar a la más amplia movilización que promueva una salida integral a la depredación capitalista.

 

(*) Colectivo de Trabajadores por La Ventana Paraná.