Por Antonella Risso (*) En Argentina la ley de glaciares se discute por temporadas. En 2008, la primera ley fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner a pedido de grandes empresas. En 2009 se presentó de nuevo, se aprobó. Teníamos ley, pero San Juan y una minera la denunciaron por inconstitucional. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la ley era constitucional y aclaró cuáles son las funciones del Estado nacional en protección ambiental.
En 2024, el proyecto conocido como Ley Bases incluyó modificaciones a la ley de fuego, a la de bosques, a la de glaciares. No se aprobaron. Ahora estamos en 2026, van de nuevo por esta ley. La discusión es federal y también estratégica. El Senado votó una ley que modifica de manera profunda quiénes y cómo se define el manejo de los recursos estratégicos. Ahora le toca a los Diputados aprobar tal cual, modificar, armar o no un proceso abierto e informado.
La semana pasada menos de 400 personas pudimos expresarnos de las más de 100 mil que se anotaron para hablar en la audiencia pública. Un récord mundial. Nunca antes tantas personas habían completado un formulario para expresarse ante nuestros representantes. Es evidente que el Senado no hizo las cosas bien, que eso generó interés en todo el territorio argentino, y que todas las voces deben ser escuchadas. Lo dice la ley, pero también el sentido común.
Al mismo tiempo, Entre Ríos le pide a Uruguay que relocalice una planta de combustibles sintéticos (hidrógeno verde) en Paysandú sobre el río Uruguay, amenazando con ir a la justicia internacional si no es escuchada. La discusión es la misma. Quién decide qué y cómo cuando los recursos son compartidos y ocupan más de una jurisdicción. No se discute si se está a favor o en contra de una industria, se discute la gestión de un recurso estratégico e irremplazable, el agua.
En estos más de 15 años, el cambio climático se aceleró y volvió realidad. Nuestro inventario de glaciares, los reportes internacionales como los que hace la Organización Meteorológica Mundial y los científicos que monitorean sistemas claves a escala planetaria como los glaciares, nos muestran que tenemos glaciares en retroceso, extintos, y que eso no se va a detener. Por el contrario, todo reporte confiable nos alerta sobre las necesidades de adaptarnos a lo ya inevitable, a la importancia estratégica de cuidar y también de estudiar, evaluar, entender cuáles son los riesgos para hoy y mañana de cada acción que tomamos. Los glaciares, ríos y bosques no responden a límites políticos ni de jurisdicciones, pero eso el proyecto de ley que se propone no lo tiene en cuenta.
Algo está cambiando en el paraíso que habitamos. Emergencia hídrica por exceso o falta de agua, calor extremo, dengue. Todas las provincias argentinas están aprendiendo a lidiar con el cambio climático, y Entre Ríos no es excepción. La discusión sobre la protección de los glaciares le incumbe. Parecen lejos, pero la discusión es estratégica y afecta a múltiples generaciones.
Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.
Toda ley es modificable, mejorable. Con discusiones abiertas a la población e información técnica en la mano, podemos hacerlo. A las apuradas, vamos a una nueva discusión por inconstitucionalidad y mayor conflictividad. En esta discusión, al momento vemos silencio en muchos de nuestros representantes. Ojalá sea cautela, reflexión, pero permítannos preocuparnos con ese silencio. ¿Cuáles son los argumentos de quienes proponen modificar la ley de glaciares? Son bastante transparentes. Necesitan desproteger los glaciares para permitir actividades que hoy están prohibidas. Ya anunciaron que van por otras leyes ambientales. Necesitamos saber qué piensan los representantes de Entre Ríos sobre esta propuesta. Es ahora.
(*) Presidenta de Ambiente Sano SAS.