Por solicitud de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y a pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar por la cual se ordenó al Poder Ejecutivo del Chaco suspender los desmontes por el término de tres meses, que se puede extender. La medida fue dispuesta por la jueza Zunilda Niremperger, quien evaluó «el daño inminente e irreversible» que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuar las talas. La resolución se efectuó en el marco de la denuncia penal de la AAAA contra la denominada “Mafia del Desmonte”. El Ministerio Público imputó por el caso a siete funcionarios y empresarios por la tala indiscriminada. “Esto representa una gran victoria judicial”, señalaron a ERA Verde desde la organización socio ambiental.
La denuncia penal fue presentada por los Abogados/as Ambientalistas el pasado 3 de julio, señalado “el aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño”. En la misma se acusó a funcionarios públicos, diputados y empresarios de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248º del Código Penal), tráfico de influencias (256º bis), negociaciones incompatibles con la función pública (265º), malversación de caudales públicos (260º), y Asociación Ilícita, entre otros. La gravedad de estos actos llevó al fiscal Sabadini a solicitar también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, “lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como Vicentín; Las Guindas; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado; Grupo Buratovich Hermanos; Msu; Triad; Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra; y La Nueva Pirámide., entre otras”, se enumeró desde la entidad.
La resolución de la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, fue firmada el 15 de agosto, y en ella se manda suspender los desmontes en la provincia de Chaco por el término de tres meses o hasta que se reevalúe la situación, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada la semana pasada por el fiscal federal de la capital chaqueña, Patricio Sabadini, se precisó a ERA Verde. Se ordenó así al Poder Ejecutivo de Chaco, a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, que suspenda los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
EN LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR
Por su parte, la acusación fiscal recayó contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo, entre otros. Los imputados habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño.
“Este dictamen es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la ‘Mafia del Desmonte’”, expresaron a ERA Verde desde los Abogados Ambientalistas.
En los considerandos de la jueza Niremperger también resolvió que las autoridades chaqueñas adopten “las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”. En este orden, afirmó: “Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar», sostuvo la magistrada.
FUNDAMENTOS
Al iniciar la fundamentación del fallo, la jueza señaló que “corresponde destacar que las medidas cautelares constituyen un mecanismo procesal eficaz a la hora de efectivizar y proteger los derechos y las garantías de las personas”.
La jueza remarcó que “en el dictado de una medida de esta naturaleza, se debe considerar la aplicación del principio in dubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente”.
“Bajo las premisas enunciadas, considero que los recaudos legales para la procedencia de la cautelar que aquí se pretende (verosimilitud del derecho y peligro en la demora), se hallan configurados por la normativa citada y los extremos fácticos expuestos por el Sr. Fiscal Federal en su requerimiento de instrucción, sustentada en la denuncia y la documental acompañada”, señaló la jueza federal en otro de los párrafos de su resolución.
Al sostener su decisión de dictar la medida cautelar, Niremperger también afirmó que “la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente. Debe ponerse de relevancia la interdependencia existente entre los bosques, la tierra y los seres humanos, especialmente en estos lugares donde existen comunidades indígenas con estrecha relación con la tierra y el ambiente, ya que la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”, destacó la magistrada.
Más adelante, la jueza federal afirmó: “Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud. Más aún, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”, agregó.
La jueza federal Niremperger resolvió así “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el término de tres meses o hasta tanto se reevalúe las condiciones de admisibilidad de la presente y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco -Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenibles-, la suspensión de los desmontes».
PEDIDO DEL FISCAL
En cuando a la solicitud del fiscal Sabadini, la misma fue presentada el miércoles pasado. En el requerimiento donde solicitó esta medida cautelar también impulsó la investigación para siete imputados, entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita.
Los siete imputados por la fiscalía son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
La causa se inició el 3 de julio pasado a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunció “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas, que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema”.
Según la denuncia, los hechos vienen enmarcados por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras.
En el cierre de aquella presentación, Sabadini se dirigió directamente a la magistrada que ahora resolvió a favor de su petición: «Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda». También había hecho referencia a la encíclica del Papa Francisco “Laudatio sí”, en la que Sumo Pontífice hace un llamado a los gobernantes y a la humanidad, para velar por la protección del medio ambiente.
Con información de Fiscales.gob y AAAA
De la Redacción de ERA Verde