Por Jorge Daneri (*). El acuerdo de Escazú tiene por finalidad una máxima protección de los defensores de los derechos humanos ambientales. Exige a los gobiernos claras y comprometidas medidas de protección a los mismos. En Paraná no se ha tomado nota.

 

En este marco global y regional, bien latinoamericano, resulta interesante y más que preocupante, contemplar manifestaciones públicas, intentando criminalizar, amenazar, intimidar la protesta social vinculada con la defensa de los árboles de calle Racedo, en la ciudad.

 

Se avanza aún más, con un intento de investigación penal y una reserva de iniciar una acción judicial por mayores costos por la demora en el inicio de obra, contra seres y organizaciones ecologistas y sociales, que defendieron el conjunto del arbolado en crisis, accedieron a la justicia, se comprometieron con el proceso de mediación convocado por la Defensoría del Pueblo, en definitiva, un ejercicio del derecho deber de proteger los árboles como bienes colectivos y «sujetos de derechos» en beneficio del conjunto de la sociedad local y de conformidad a una reciente ordenanza municipal de protección del arbolado urbano.

 

Héctor Sejenovich fue autor del desarrollo conceptual de las denominadas «cuentas patrimoniales ambientales», un modo económico inexistente en la aplicación clásica de calcular los costos, que nunca la economía tradicional realiza de las externalidades sociales y ambientales, de sus pérdidas, o de los daños ambientales que estos modelos de mal desarrollo vienen produciendo y por lo tanto socializando, trasladando a los pueblos en sus diversidades sus impactos negativos.

 

De la teoría a la realidad, es importante compartir, también con los representantes del pueblo, ahora algunos amenazantes, que podemos desarrollar muchas cuentas patrimoniales ambientales y otras cuentas patrimoniales tradicionales y muy vigentes en cuanto a la gestión desa-fortuna-da y corrupta de los bienes comunes y públicos:

 

Entonces debemos convocarnos a calcular, para ser un poco más justos y amplios en los análisis de contextos como de riesgo. Así, como lo realizó un reciente informe pericial, con ese nivel de detalle sobre la suma final del vaciamiento del poder legislativo de Entre Ríos en sus dineros «públicos» por medio de cientos de contrataciones truchas. ¿Cuáles son sus impactos sociales y también ambientales?

 

Deberíamos calcular los costos del «sueño entrerriano» hacia la Presidencia de la Nación, en fondos desviados a la campaña electoral.

 

Deberíamos calcular los costos ecológicos integrales y humanos por la brutal deforestación llevada adelante desde, por lo menos, el año 2004 a partir de la histórica Sentencia Verzeñassi y otros contra el Estado provincial (amparo ambiental) que ratifico la declaración de Emergencia Ambiental del Bosque Nativo.

 

Deberíamos calcular en números duros y no tanto, por la enorme amplitud de desconocimientos científicos y sorprendente falta de estadísticas, la contaminación de ríos y arroyos por la carga química de agrotóxicos y encontrar toda la línea de funcionarios que han pasado por todos esos cargos públicos, para determinar y clarificar, impunidades.

 

Deberíamos hacer los números de «las venas abiertas de américa latina» en Entre Ríos, por los fondos de las arenas para el fracking en Vaca Muerta y tener muy claro, en términos más que públicos y notorios, sus pocos beneficiarios.

 

O deberíamos hacer los números de nuestros puertos descontrolados, aquí y en el río Paraná y Paraguay, cuando todos los de ayer, los mismos de hoy, decían que Menem no nos iba a defraudar.

 

Si abrazar árboles es un delito, esta lista impúdica, ¿qué es? ¿Quién se hace responsable política y jurídicamente?

 

¿En qué sótanos de la corrupción, en el fondo y con los fondos dinerarios de todos, están escondidos?

 

¿Dónde están los que mandan al frente de la justicia y sus investigaciones a los ejecutores del asalto a la legislatura durante diez años y son tan cobardes que no ponen ni el cuerpo, sus rostros? ¿Dónde están los millones y millones que se robaron de la legislatura provincial?

 

Contrastes interesantes

 

No se entiende. Los que caminamos junto a todos los que demandamos la aparición con vida de Santiago Maldonado en Paraná, como en el País todo, resulta que es legítimo cortar algunas horas una ruta en defensa de los pueblos mapuches, más aún si lo criminaliza un gobierno de derecha, pero si jóvenes se abrazan a los árboles, vamos por todo, es ilegal y lo criminalizamos.

Muy interesante despliegue ideológico, bien nacional y popular.

 

Ayer sí, hoy no porque el gobierno es el nuestro, en los tres escenarios. Entonces en otros territorios también encarcelamos a manifestantes contra la megaminería o la deforestación del monte nativo. Ejemplo de defensa de los derechos humanos, ejemplo de coherencia frente a una ratificación unánime del Acuerdo de Escazú.

 

No hay impacto social y ambiental por los árboles de Racedo. Una vergüenza, para desgranarlo un poco más. ¿Cómo que no lo hay? ¿Y toda esta reacción, resistencia pacífica de los jóvenes y las organizaciones, qué fue?

 

¿Quién se fue de la mediación?

¿Quiénes resistieron al proyecto de represa hidroeléctrica menemista-yanqui del río Paraná en su tramo medio?

¿Quiénes pararon las locuras bien en plural, que han querido hacer en el nuevo parque Humberto Varisco?

¿Quiénes impidieron la obra de las termas en la Toma Vieja-Nueva, sin estudios de impacto ambiental?

¿Quiénes colaboraron con la letra del Decreto de la Emergencia Ambiental del Bosque Nativo y accedieron a la Justicia para defenderlo?

¿Quiénes vienen siguiendo el proceso hidrovía y sus dueños, con los que han hecho negocio, los unos y los otros de la maldita grieta entregando este país como nadie nunca antes lo había hecho? Bienvenido que sectores del oficialismo, recién ahora, lo denuncian abiertamente y están buscando iniciativas de recuperación de la soberanía nacional y alternativas de gestión de la cuenca y ojalá sus territorios, desde el federalismo de concertación.

 

La lista de resistencias sociales, coherentes y con enormes convicciones, es hermosa y angustiante.

 

Y resulta que este 22 de abril de 2021 entró en vigencia el acuerdo de Escazú, ni más ni menos.

 

El acuerdo tiene por finalidad una máxima protección de los defensores de los derechos humanos ambientales. Exige a los gobiernos claras y comprometidas medidas de protección a los mismos. En Paraná no tomaron nota.

 

El día de la tierra y Escazú, debería ser un ejercicio de serena memoria para la celebración y la alegría, y no para hacerles comprender, ojalá comprender, a unos – por favor, ojalá pocos- funcionarios políticos, que se dicen además defensores de los derechos humanos, que no existe justicia social sin justicia ambiental, que no existe una sana y legal democracia representativa sin democracia participativa.

 

El camino a transitar en un marco de unidad en la diversidad parecería ser hacia un Estado de Derecho Eco-social, porque el Titanic, compañeras y compañeros, camaradas, correligionarios, militantes sociales, ya chocó el iceberg.

 

(*) Abogado, ambientalista.