En un operativo desarrollado durante toda la mañana de este 9 de abril, la Secretaría de Ambiente coordinó el retiro de más de 2.000 envases vacíos de fitosanitarios que se encontraban en un predio de acopio ilegal en el casco urbano de Rosario del Tala. El lugar operaba desde hace al menos 8 años y la disposición irregular de estos materiales podría haber contaminado napas de aguas y la población de barrios lindantes. El parte oficial no consignó la dirección donde se encontraban los residuos peligrosos.
La medida que fue monitoreada por el organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, fue respaldada por una orden de allanamiento de la Justicia. Esto permitió ordenar un sitio rodeado de hogares y comercios y trasladar estos residuos hacia un centro de acopio transitorio habilitado, desactivando un foco de riesgo ambiental que afectaba a la comunidad desde hace más de 8 años, consignó la información oficial.
La supervisión de las tareas en territorio fue liderada por el director de Gestión Ambiental del Agua; Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático, Osvaldo Fernández y la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert, quienes trabajaron en conjunto con la directora de Ambiente municipal, Marcela Leone, y el personal policial dependiente de la Jefatura Departamental de Tala.
Los funcionarios provinciales destacaron que este procedimiento es el resultado directo de denuncias de vecinos que finalmente encontraron una respuesta efectiva del Estado. «Estamos haciendo lo que hay que hacer: escuchar al ciudadano y actuar con firmeza cuando la salud de nuestra población está en juego por el manejo irresponsable de residuos peligrosos», manifestaron las autoridades durante el operativo.
DETALLES
La intervención provincial activó una logística de remediación inmediata a través de la organización Campo Limpio. Los más de 2.000 envases fueron retirados con destino al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de San Marcial, del departamento Uruguay, para su disposición final segura. Las autoridades subrayaron que el acopio de estos materiales sobre suelo natural y a la intemperie representaba una amenaza concreta para las napas de agua y la integridad ambiental del barrio. En este sentido, apelaron a la responsabilidad colectiva de los actores del sector agroindustrial para cumplir con la normativa, remarcando que el Gobierno de Entre Ríos intervendrá ante cualquier situación que vulnere el derecho a un ambiente sano.
Tras el allanamiento autorizado por la jueza de Garantías, Silvina Cabrera, y ejecutado por la Comisaría Primera, el predio quedó bajo vigilancia y el propietario fue notificado de la prohibición absoluta de manipular, trasladar o comercializar los residuos remanentes. Con la resolución de este conflicto histórico, el Estado provincial reafirma su capacidad de fiscalización y control territorial, garantizando el cumplimiento de la ley y la protección de la salud pública en Rosario del Tala y toda la provincia.
Edición ERA Verde