El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) dio a conocer que el Gobierno entrerriano “se niega a brindar información acerca de la caza de animales autóctonos”. La entidad solicitó en julio pasado detalles sobre los estudios y evaluaciones técnicas por las cuales se fundamentó la Resolución Nº 0997 “que autorizó la matanza de 9 especies de aves” durante la temporada anual. También pidió conocer el listado de cazadores extranjeros que accedieron a una licencia, “las armas de fuego que utilizan para la matanza” y los cotos habilitados. El plazo para recibir lo requerido expiró a los 30 días de haberse presentado el requerimiento, plantearon a ERA Verde. “Este ocultamiento de información –la cual debería ser de carácter público– genera sospechas de irregularidades y potencial connivencia entre el Gobierno y las empresas de turismo de caza”, señalaron.
El pasado el 26 de julio, Ceydas formalizó en una carta al titular de la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales de Entre Ríos una solicitud de acceso a la información pública sobre “los estudios sobre patos e inambúes (perdices), así como también información sobre los controvertidos cotos de caza”. En el escrito, refieren a la controvertida Resolución Nº 0997 que, entre el 10 de mayo hasta el 23 de agosto de 2024, abrió la temporada de caza menor. En este período se habilitó matar nueve especies de aves: Pato Picazo (5 piezas por cazador), Pato Barcino (3), Sirirí Pampa (2), Sirirí Colorado (2), Pato Cutirí (2), Pato Maicero (2), Pato de Collar (2) y Pato Capuchino (2). También la Perdiz o Inambú Común (8) y liebres (4 ejemplares). La medida oficial levantó aireadas criticada del amplio abanico de organizaciones socio ambientales. El eje de las críticas se centra en que no hay análisis científicos que avalen los parámetros de cacería, así como los controles laxos sobre sobre la actividad que se ejercen en predios privados por parte de turistas extranjeros.
Solicitan acceso público a los estudios que avalan la caza de patos en Entre Ríos
“Nosotros invocamos la Ley 25.831 que establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Publica Ambiental en la cual el Gobierno tiene 30 días para responder a una solicitud. Pasaron 90. Entonces esto obviamente genera muchísimas sospechas, porque entendemos que obviamente están ocultando información y que seguramente esa información los puede comprometer. Estamos pensando que hay muchísima complicidad en la apertura de la temporada de caza entre los cotos y el Gobierno, que están trabajando de la mano y le están dando la espalda a las entidades ambientalistas y animalistas, y no hacen participación ciudadana. Esta es la cuestión”, resumió en diálogo con ERA Verde, el referente de la institución defensora de las aves, Gabriel Bonomi.
DETALLES
La carta de pedido de información fue dirigida a la Secretaría de Agricultura entrerriana. Específicamente al responsable de Fiscalización y Recursos Naturales, Marcelo Sapetti, pero a la fecha no han tenido respuesta. El reclamo se funda en el artículo 8° de la Ley 25.831 que en su apartado de “Plazos”, señala que “la resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.
“Es un ocultamiento de información pública y deja en evidencia a un Gobierno que promueve la matanza de especies nativas beneficiando a los cotos de caza”, reiteró Bonomi. Por su parte, la asesora legal, Cecilia Domínguez, argumentó que “estamos ante una situación donde el Estado actúa arbitrariamente como amo y señor de la información de carácter público que se le está negando y/u ocultando a los ciudadanos”.
Habilitan la caza de autóctonas en Entre Ríos con aumento en variedad y cantidad
Foto: Beatriz Romero
De la Redacción de ERA Verde