El allanamiento de autoridades nacionales de control de fauna a un coto de caza en Gualeguaychú desnudó una realidad con ribetes escandalosos. El operativo se inició por una denuncia de tráfico de animales y terminó por comprobar el fraude en el ingreso de especies exóticas, cuya cacería no está autorizada en Entre Ríos. Además, todo esto ocurrió en un establecimiento que no está habilitado para operar como prestador de turismo cinegético. También se evidenciaron otras irregularidades. Según se reveló revista Análisis (*), el lugar no contaba con el libro de registro cazadores extranjeros, ni el de las armas utilizadas y piezas cobradas. Tampoco los visitantes tenían sus licencias de acuerdo a la normativa vigente, como ninguno de los que realiza la actividad la provincia; hoy por hoy, sólo se extiende una constancia provisoria.

Hallan ciervos colorados ilegales en un coto donde murió el cazador mexicano

El 10 de junio pasado, una comisión de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación allanó un establecimiento rural en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú. Con el apoyo de Prefectura Naval, personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA) realizó una amplia requisa en la estancia Punta Caballos, donde opera “De Bernardis Hunting”, una afamada firma que brinda servicios de turismo cinegético de alta gama. La medida fue ordenada por la Fiscalía Federal a cargo Pedro Rebollo, a partir de una denuncia efectuada por la fundación internacional “Freeland”. La filial argentina de la ONG advirtió la muerte de un ciervo colorado que fue publicada en redes sociales y que situaba el lugar del hecho a ese paraje del sur entrerriano. Hasta allí fue la comisión, en búsqueda de elementos para averiguar la posible infracción a la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna que regula el tráfico interjurisdiccional de especies silvestres. Pero lo que se encontró fue mucho más. Se hallaron indicios de la comercialización ilegal de animales, trofeos, municiones y armas. Además, el ingreso amañado de ejemplares exóticos a la provincia a un coto de caza que opera sin habilitación y el accionar sin control ni registro de cazadores extranjeros que no cuentan con licencias ajustadas a la normativa.

Toda esta concatenación de ilegalidades comenzó a ser investigada por el fiscal Federal de Gualeguaychú quien, a los nueve días del primer procedimiento, ordenó una nueva requisa a un galpón que pertenece al empresario involucrado. Allí se encontró una enorme colección de trofeos, animales embalsamados, balas, escopetas y revólveres en una cantidad de bienes secuestrados que fueron valuados en más de 1.326 millones de pesos. La defensa del dueño de la firma, Héctor Óscar De Bernardis, se expuso este 7 de julio a través de una solicitada. Aunque lo cierto es que el descargo confirió mayor opacidad a todo este asunto que lo involucra.

En el texto publicado en medios de comunicación, De Bernardis se queja que le fueron decomisados decenas de piezas de taxidermia. Se refiere al hecho que ocurrió el 19 de junio pasado cuando se llevó adelante la segunda inspección judicial en un depósito ubicado en avenida Urquiza oeste al 2.900 de Gualeguaychú. “En dicho procedimiento fue retirada prácticamente la totalidad de una sala de trofeos compuesta por ejemplares provenientes de África y otros continentes, muchos de ellos con más de cuarenta años de antigüedad. Una parte importante de esta colección fue donada en 2019 por Hugo Vitullo”, sostuvo De Bernardis. A quien se refiere el dueño del coto entrerriano como su benefactor es un reconocido hombre de negocio de la caza y el comercio de armas. El nombre de Hugo Vitullo Alonso estuvo involucrado en los sombríos años ‘90 por el rol como intermediario en el comercio internacional ilegal de armas. Al servicio del Ministerio de Defensa, fue acusado por el contrabando de armamento al Ecuador en medio de su conflicto bélico con Perú en 1995. También Vitullo Alonso es mencionado por el periodista Miguel Bonasso en su libro Don Alfredo (1999) cuando, siendo dueño de la “Hostería del Cazador”, en San Martín de los Andes, la finca fue allanada por orden juez Federal de Dolores, José Luis Macchi, en búsqueda del prófugo Alfredo Yabrán cuando se lo buscaba por el asesinato del fotorreportero José Luis Cabezas.

 

CIERVOS TROYANOS

Cómo llegaron los ciervos colorados a Gualeguaychú, cómo ingresaron cráneos, garras y cuerpos momificados de fieras salvajes desde el África a Entre Ríos, cómo opera un coto de caza sin estar habilitado, quién controla el ingreso de extranjeros para cazar en la provincia, son algunos de los elementos objeto de indagaciones en la Justicia. Si adelantar detalles, el fiscal Robollo sostuvo a Análisis que “se está investigando todo”, confirmó al momento que aguardaba el cruce de llamadas de los celulares secuestrados y las pericias a la documental obtenida. De todas formas, de cada una de las irregularidades se pueden conocer algunas certezas que han trascendido de un modo que también se abren numerosos interrogantes.

 

Respecto a la investigación del ingreso y muerte de un ciervo colorado (Cervus elaphus) publicado en redes sociales, tras el operativo en Punta Caballos se conoció oficialmente que la Brigada de Control Ambiental secuestró su cornamenta. Con la característica de 72 puntas, la misma pertenece al ejemplar identificado en las fotos publicadas por el propio coto de caza. De acuerdo a lo que señaló la BCA, para abatir este ejemplar, un cazador extranjero pagó 40.000 dólares, lo cual “podría constituir un récord sudamericano”, se afirmó. Sobre este episodio, una fuente ligada a la operación que llevó a la muerte de este ciervo aseguró a Análisis que en rigor fueron 50.000 dólares los que abonó Ulisses Rodríguez Teixeira, un ciudadano brasileño que tiene negocios agropecuarios en el Paraguay y estuvo acusado por la destrucción de montes nativos en una superficie que duplica la de su capital, Asunción. Por estos delitos, Rodríguez Teixeira fue condenado a una multa de 150 millones de guaraníes, según consignó la prensa paraguaya.

 

Hay otros datos relevantes respecto a la caza de este ciervo colorado de 72 puntas. Su ingreso para ser ultimado a Entre Ríos no fue en soledad. Para entrar a la provincia, las autoridades firmaron un permiso por dos ejemplares. Esto surge de la nota que De Bernardis exhibió a los guardafaunas en el allanamiento de su establecimiento, donde el actual director de Fauna y Recursos Naturales, Mario Zárte, se dirige a la directora de Flora y Fauna de Buenos Aires, Agueda Gazovic, para autorizar el tránsito de “(2) ejemplares machos de ciervo colorado” procedentes de un criadero que pertenece a la firma “De La Peregrina SRL”. Esta guía de tránsito fue suscripta el 10 de marzo de 2026, con una validez hasta el 15 de este mismo mes. Al animal, según trascendió por Instagram, se abatió entre el 12 y 13 de marzo.

Por de este permiso firmado por el responsable de Fauna y Recursos Naturales entrerriano se desprende otra anomalía. Se ingresaron dos ciervos, sí, pero un macho –el que fue cazado por el ruralista brasileño– y una hembra, que fue encontrada en el coto de caza de Gualeguaychú al momento del allanamiento. El dato, no es menor, ya que el ingreso de una hembra abre una ventana para la reproducción sin control de especies exóticas en la provincia. Si bien se explicó que estos ejemplares bonaerenses son híbridos “producidos” para fines cinegéticos directos, no puede descartarse que también lo sean para la cruza y reproducción. De hecho, en Entre Ríos también se encuentran ejemplares de cérvidos en un reconocido criadero especializado que se encuentra en una pujante localidad del departamento Colón.

 

En la constatación a campo realizada por Fauna de Nación, se registró a la pareja de ciervos colorados como “provenientes del establecimiento La Biznaga”, provincia de Buenos Aires. También que en el predio de 5.500 hectáreas de Punta Caballos se encuentra “un corral de encierro de unas 130 hectáreas” con un alambrado perimetral de unos 2 metros de alto.  Sobre el primero se corroboró su muerte por parte de Rodríguez Teixeira que dejó el cráneo allí. Los investigadores de la BCA se han focalizado en este punto, ya que buscan atar cabos para dar con la cadena de responsabilidades del tráfico de trofeos, algo que está regulado por las normativas federal. En este orden, en el parte gubernamental de prensa, se indicó que De Bernardis no contaba con la habilitación “para realizar tránsito interjurisdiccional de ejemplares, ya que no está inscripta en el Registro Nacional de Operadores”. Por excusa, el empresario apuntó que la inscripción para exportar trofeos de la fauna silvestre estaba en manos del inspector provincial de fauna Silvio Arenas, aunque adujo que el trámite estaba pendiente.

 

CÉRVIDOS POLIZONES

 

A lo descripto se le puede agregar dos elementos más que enturbian la operación; 1) el ciervo colorado es una especie que no está autorizada para la caza mayor en Entre Ríos. 2) “De Bernardis Hunting” no tiene la habilitación correspondiente para operar como coto de caza. Es decir, se autorizó el ingreso de fauna de caza prohibida a un establecimiento sin los papeles en regla.

La primera observación se sostiene en que, de acuerdo a la resolución Nº 287/94 de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos, la especie Cervus elaphus no se encuentra permitida para la caza mayor, al menos que se tramite una excepción. En la normativa que regula la actividad, en su artículo 8º se especifica “sólo se podrá ejercer la caza mayor sobre las siguientes especies: Antilope Negro (Antilope Cervicapra); Ciervo Dama (Dama Dama); Ciervo Axis (Axis Axis); Jabali (Sus Scrofa); Bufalo (Bos Bubalus). Esta enumeración podrá ampliarse en caso de que, quien solicite la introducción de ejemplares de especies foráneas, obtenga la correspondiente autorización del organismo competente y bajo las condiciones que el mismo determine”, se aclara. En la documental obra que se autoriza el ingreso, pero el texto no define que sea para su caza.

 

Sobre este segundo punto, el propio Zárate confirmó a Análisis que el coto de caza no está autorizado para operar. En la nota para el ingreso de los ciervos desde Buenos Aires se menciona que “De Bernardis Hunting” está habilitado por la resolución Nº 751/25, pero resulta que todo este episodio sucedió en 2026, sin que hasta el momento haya sido constatada esta legalidad para el año en curso. En diálogo con el funcionario, admitió que firmó el documento, pero que se siente “defraudado” por el asesoramiento legal que lo llevó a suscribir una gestión con estos vicios en sus primeros días frente a la repartición. Zárate aseguró que inició una investigación interna y que, a partir de este caso, se comenzó con un control e intimaciones a los establecimientos de caza mayo para que “pongan al día documentación que les permita completar la habilitación”. El plan de responsable e Fiscalización es que todos operadores puedan llegar a regularizar su situación a marzo de 2027.

 

LOBOS EN EL GALLINERO

 

Como si toda esta sucesión de acontecimientos fuese poco, hay otro agujero negro que desnudó el caso. Y se trata del campo liberado para los cazadores extranjeros. Esto se pudo comprobar porque en el allanamiento a Punta Caballos que llevó a cabo la BCA con efectivos de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval, se le solicitó a Héctor Óscar De Bernardis la documentación obligatoria del establecimiento, entre ella la habilitación provincial y el libro foliado y rubricado por la Dirección de Fauna provincial, donde se registra el ingreso de los cazadores, las armas utilizadas, el tipo y número de ejemplares cazados y las piezas cobradas conforme a la Resolución N° 287/94 DPV y RN, se apuntó en un comunicado. Y se indicó que, de acuerdo con lo constatado durante el procedimiento, “la documentación solicitada no pudo ser exhibida por el titular del establecimiento”, lo cual contrasta con la defensa pública del operador cinegético. En su solicitada, De Bernardis afirmó que tiene todos los papeles correspondientes y por eso no cuenta con “clausura, suspensión ni prohibición que impida” su “funcionamiento”, señaló.

Independientemente del proceso penal que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, desde Ambiente de Nación se adelantó que continuará con el proceso administrativo para sancionar pecuniariamente al titular del coto de caza por infracción a la ley nacional.

 

Lo que puede resultar una anomalía puntual, de falta de control, seguimiento y registro de los cazadores extranjeros –como en “De Bernardis Hunting”–, en rigor parece formar parte de las generales de la Ley. Es que en los hechos la Provincia actualmente no está emitiendo licencias de caza, comercialización, acopio e industrialización, tal como prescribe la normativa de la actividad, la Nº 4.841. En su lugar, otorga un papel “provisorio” y “sin costo” en lugar del que corresponde y por el cual la resolución Nº 117/26 fijó incluso tarifas: En caza menor, la licencia anual para los residentes $10.874,93; para los extranjeros por cinco días $195.000, para las empresas de Turismo Aventura $839.488,28 la habilitación anual. Para la caza mayor, provinciales $44.035,80 la anual; de otras provincias $55.140,48 los tres días y $79.519,72 para foráneos por tres días. Así las cosas, no se emite, no se controla, ni tampoco se recauda oficialmente por las licencias de caza mayor, menor, sea local o extranjero.

 

COLECCIÓN PRIVADA

 

En el allanamiento del 10 de junio ordenado por Fiscalía Federal a cargo de Pedro Rebollo en Punta Caballos se constató la presencia de ejemplares de antílope de la India, ciervo axis, jabalí, carnero de cuatro cuernos, carnero doméstico y la hembra de ciervo colorado que ingresó en el tráfico que desató el caso. Además, se hallaron 50 trofeos de caza —cráneos con cuernos o astas— de especies como ciervo colorado, ciervo axis, búfalo de la India, antílope de la India, carnero, chivo y carnero de cuatro cuernos.

Por otra parte, en el operativo que se realizó en el galpón el 19 de junio, se resaltó decenas de piezas de taxidermias pertenecientes a mamíferos y aves. También, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta. Asimismo, se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

 

(*) Nota publicada originalmente en revista Análisis Nº 1.172 con el título “Entre Ríos, tráfico de fauna y caza sin ley”.