Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), junto a un grupo de padres y madres en representación de sus hijas e hijos, presentó una acción de amparo colectivo con pedido de medida cautelar para frenar la distribución de productos ultraprocesados en las meriendas escolares. La solicitud judicial apunta contra la iniciativa oficial que cambió la provisión de alimentos a los comedores escolares a un sistema centralizado. La demanda reprocha el reemplazo de la metodología que se venía implementando hasta ahora y contemplaba las compras realizadas por cada institución educativa en comercios de cercanía, “teniendo en cuenta las necesidades, las edades y las costumbres de los niños, niñas y adolescentes que concurren” entre los cuales se encontraban productos frescos. Piden que lo que coman los chicos y chicas no tengan los sellos octogonales que advierten sobre los excesos en componentes críticos.

 

De acuerdo a lo que señalaron desde la organización ecologista, la presentación judicial se realizó porque la modificación en la política de provisión de alimentos “destinada a miles de niños, niñas y adolescentes entrerrianos, muchos en situación de vulnerabilidad social y económica, se dispuso sin que se hicieran públicos los estudios técnicos, nutricionales, sanitarios, sociales y culturales que permitan verificar que el nuevo esquema cumple con los estándares legales, constitucionales y convencionales vigentes, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y otros Pactos que establecen el derecho a la salud y a la alimentación como derechos humanos fundamentales”, se argumentó.

 

SIN SELLOS

 

En ese marco del nuevo sistema de provisión centralizado de productos para las escuelas, Cauce, Agmer y los particulares solicitaron como medida cautelar que la Provincia se abstenga de distribuir en los establecimientos educativos alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme lo establece la Ley Nacional N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

 

“El objetivo principal es proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas a recibir una alimentación adecuada, saludable, suficiente, segura, sostenible, variada y culturalmente aceptable”, agregaron.

 

El amparo requiere que el Estado provincial presente los menús completos del nuevo sistema, los rótulos, ingredientes, información nutricional y documentación sanitaria de cada producto, así como los informes técnicos, evaluaciones nutricionales y estudios que fundamentaron la decisión administrativa.

 

LICITACIÓN

 

Como parte de la presentación, se acompañó documentación con información recibida por directivos y personal de los comedores escolares involucrados en la nueva metodología en la cuales participaron de las charlas brindadas por la Empresa Teknofood SA –ganadora de la licitación de provisión de las meriendas–, en las que hablaron sobre las normas provinciales, los pliegos de contratación, informes y pronunciamientos de instituciones profesionales y científicas. Además, se incorporaron notas de directivos escolares que expresan su preocupación por el nuevo sistema.

 

PUNTO A PUNTO

 

“La demanda no cuestiona el vínculo contractual ni procura atribuir responsabilidades a la empresa adjudicataria. El objeto del proceso es exclusivamente la tutela del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación adecuada, sana, segura y sostenible”, se indicó desde Cauce. Las entidades remarcaron “que esta medida no pretende suspender el servicio alimentario escolar ni dejar a las y los estudiantes sin acceso a alimentos. Por el contrario, busca garantizar que cualquier cambio en la política alimentaria pública sea implementado con transparencia, respaldo técnico suficiente y pleno respeto por los derechos de quienes dependen diariamente del sistema alimentario escolar”.

 

En este orden, se describió que los requerimientos se resumen en:

 

  • Acompañe los menús completos correspondientes al nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares discriminados por nivel educativo, franja etaria y modalidad institucional;
  • exhiba los rótulos vigentes, listado completo de ingredientes, tablas nutricionales, fichas técnicas, registros nacionales de productos alimenticios y demás constancias sanitarias correspondientes a cada uno de los productos incluidos en la nueva prestación alimentaria;
  • aporte los dictámenes profesionales, informes técnicos y evaluaciones nutricionales, sanitarias y de impacto social que se hayan realizado en forma previa a la toma de la decisión administrativa y que justificaron la selección de los productos.
  • acredite el cumplimiento de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sus normas reglamentarias, las Guías Alimentarias para la Población Argentina y los demás estándares constitucionales, convencionales y legales aplicables al derecho a la alimentación y salud infantil;
  • remita la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo para la adquisición y/o provisión de los alimentos que se pondrán a disposición en breves días en los comedores escolares de las instituciones educativas que dependen del Consejo General de Educación (CGE) y toda otra en la que se procure la tramitación para provisión de alimentos destinados a los alumnos que concurren a escuelas públicas (desayunos, y meriendas), incluyendo pliegos, ofertas, dictámenes y actos de adjudicación.
  • adecue, en su caso, el contenido de la prestación alimentaria escolar a los estándares vigentes legales, constitucionales y convencionales vigentes, absteniéndose de distribuir aquellos productos cuya adecuación integral no haya sido debidamente acreditada y garantizando su reemplazo sin interrupción del servicio alimentario escolar.

 

En la información a la prensa, se indicó que la presentación, suscripta por madres y padres en representación de sus hijas e hijos, Agmer y Cauce, fue dirigida al juez Juan Francisco Malvasio, vocal de Juicio y Apelaciones N.º 9. El magistrado, se agregó, dio curso al amparo colectivo corriéndole traslado al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que en el plazo de siete días informe sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y para que en el plazo de 48 horas presente la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo.

 

De la Redacción de ERA Verde