Por Jorge Daneri (*) Sobre finales del año 2008, la democracia constituyente de Entre Ríos sancionó su renovada máxima norma jurídica. En el nuevo texto se establece, y por lo tanto ordena ejecutar, el Programa Constitucional de salud ambiental y sustentabilidad, desde una visión inclusiva y sinérgica de los organismos públicos de gestión.

 

Si la observamos y nos escucháramos desde la conciencia hecha pensamiento, acordado en la letra de la norma jurídica mayor, nuestra realidad en las tres dimensiones de la sustentabilidad, sería más equilibradas y viables al mediano plazo. Especialmente mucho más fuertes para resistir estos escenarios extremadamente delicados para la salud de los pueblos de la Provincia. Podríamos soportar más preparados, los efectos del cambio ambiental global y la consecuente devastación que hemos generado como especie. Y no solo desde el Estado, sino como una apropiación convencida por parte de la sociedad o, en el peor de los escenarios, aceptada.

 

Los lineamientos constitucionales (1), a 12 años de su vigencia, convocan a las siguientes decisiones como política de Estado:

 

Un agresivo programa de re-composición de nuestros ecosistemas es relevante. Reitero, agresivo.

 

Una incisiva política de restauración de los corredores biológicos de arroyos y ríos. De la mano de la recuperación del monte nativo y las selvas en galería en las propiedades privadas y públicas, es urgente.

 

Una transición hacia la diversidad productiva,  pautada en sus etapas, en su gradualismo y progresividad hacia la agroecología, es inapelable.

 

El comercio justo, como la producción y consumo sustentables, es una política de Estado establecida en el programa constitucional, radicalmente ausente. Aquí está un desafío, que ahora con semejante crisis comienza a dibujarse incluso en las propias palabras del Presidente de la República, como de muchos de sus voceros de la pluma en medios de comunicación que así lo acompañan. Es decir, se pone en crisis el propio modelo de acumulación capitalista depredadora de los reinos de vida y sus culturas. Este desafío es ahora la mejor oportunidad para salir desde la crisis, fortalecidos y desde un punto territorial provincial que pueda ser casi un ejemplo de reconstrucción de los territorios, sus culturas y sus diversidades en todas sus dimensiones, ecológica, económica y social.

 

La convocatoria a un Congreso Pedagógico Provincial, desafiante necesidad, punto de inflexión, pues aquí está el quiebre trascendental en la reconstrucción de una cultura de la diferencia, amorosa e igualitaria con los otros reinos de vida y un modelo, o varios de ellos a escalas humanas, reconfigurando los conceptos de soberanía alimentaria, cultural y por lo tanto, política.

 

El artículo 24º de la Constitución dispone que «El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho.»

 

Esta norma, clave en su aplicación en la coyuntura, debería tener directa relación con el pleno funcionamiento del Consejo Económico y Social (artículo 53º), aún inexistente. Su convocatoria es hoy una decisión impostergable y que ojalá esta catástrofe sirva de lección política para todos los responsables, de poner en acción un espacio imprescindible. Y tenemos el mejor y mayor ejemplo, lo está haciendo el Presidente de la República y así lo gestiona en  esta crisis desarrollando una convocatoria amplia y generosa, con una capacidad ejecutiva que en Argentina, no deja de sorprender.

 

El Consejo Económico y Social debe articular sus recomendaciones con este ente público con participación ciudadana, pero así también con todos los otros entes públicos que la propia constitución determina, donde, ni más ni menos, aún no existe el ente responsable de establecer y ejecutar la política ambiental de la Provincia y de liderar la sanción de toda la normativa sobre sustentabilidad tan necesaria y aun gravemente ausente. Deseamos que ahora sí, el gobernador y sus Ministros, como un poder legislativo degradado, asuman este desafío advirtiendo que la crisis de civilización que transitamos y su cambio de época, no es un proceso de excepción, será lo permanente y debemos entonces cumplir con el mandato constitucional, surgido de un acuerdo de casi el cien por ciento de los partidos políticos allí convocados por el pueblo de la provincia.

 

 

(1) Artículos 19º, 22º, 24º, 35º, 53º, 68º, 74º, 75º, 78º, 83º, 84º, 85º, 86º, Constitución de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.

 

(*) Jorge Daneri. Integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE), Fundación La Hendija y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).

 

Foto: Adli Wahid