El Juzgado Federal 2 de Paraná dispuso hoy “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria. La medida se ordenó ante un pedido de dos ONG de la ciudad de Rosario para que se efectúe la recomposición del daño ambiental producido por las quemas de pastizales. Se mandó también al gobierno provincial a poner en marcha un plan capaz de prevenir nuevos incendios y se identifiquen posibles amenazas, evitando que se construyan diques y terraplenes que vulneren el sector. Las diligencias apuntan a un eficaz control de la zona por las fuerzas de seguridad, apuntó a ERA Verde uno de los abogados patrocinantes.

 

Invocando la potestad emanada por la Ley General de Ambiente Nº 25.675, el juez Federal Daniel Alonso dispuso este miércoles tener por promovida una “acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva”, así como de “recomposición ambiental e indemnización sustitutiva” ante un pedido de las organizaciones rosarinas Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental por los perjuicios ocasionados por la quema de pastizales en las islas del Delta entrerriano. El magistrado también tomó como medida cautelar requerida “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”, describió en una amplia medida de protección de los humedales.

 

A tal fin, el juez Alonso libró oficios al gobernador de Entre Ríos, al intendente de Victoria, a los jefes de Gendarmería Nacional de Rosario y Paraná, así como a los responsables de los destacamentos de Prefectura Naval Argentina con asiento en Victoria y Rosario, y del mismo modo a las jefatura Departamental Victoria “a quienes se les hará saber que deberán poner en marcha un sistema capaz de prevenir nuevos incendios y/o endicados y/o terraplenes dentro del humedal a que refiere la demanda”, se especificó en el escrito.

 

La orden judicial también dispuso “a los efectos evitar cualquier tipo de hecho que pudiere generar una violación a lo antes dispuesto, el personal de Gendarmería Nacional con funciones en la traza vial de la Ruta Nacional Nº 174, deberá identificar debidamente a cualquier persona que desde la Ruta ingrese a la zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta. Asimismo, la Prefectura Naval Argentina (Destacamentos Victoria y Rosario) deberán realizar idéntico control en relación a las embarcaciones de cualquier naturaleza cuyo destino sea la zona de humedales”.

 

Las medidas de control dirigidas para las fuerzas de seguridad también abarcan a la Policía de Entre Ríos que en la cabecera Victoria deben “extremen las medidas a fin de identificar y neutralizar cualquier tipo de amenaza ya sea relacionada con eventuales incendios o con la construcción de instalaciones”, que afecten el sector sobre el cual se pide un amparo.

 

Seguimiento

 

En comunicación con ERA Verde, Fabian Maggi, integrante grupo de abogados patrocinantes por el Foro Medio Ambiental, comentó que las medidas dispuestas “no tiene un plazo establecido para hacerse efectivo. Lo que requiere sí es el cumplimiento efectivo para poder llegar a eso. Desde la caución juratoria que ordena el juez, hasta todos los oficios que deben remitirse a Prefectura y Gendarmería para que tome conocimiento de esto y comiencen a implementar la medida”, explicó.

 

En tanto cómo fue recibida la noticia, el letrado expresó: “En parte el otorgamiento de las prohibiciones estamos contentos porque el juez hizo lugar no sólo a la cuestión de los incendios, sino también a la cuestión de los terraplenes y las canalizaciones que es algo que preocupa mucho. Entendemos que dictó una serie de medidas para lograr un control eficaz por parte de las fuerzas de seguridad. Ahora quede justamente la efectivización de todas estas medidas, que es lo que vamos a seguir de cerca para lograr que así sea”.

 

El pedido ante la Justicia de la ONG rosarinas fue ingresado el 22 de junio pasado. En la presentación se solicitaba la recomposición del daño ambiental producido por los incendios ilegales en la zona de islas de Victoria que desde principio de año afecta fuertemente el Delta y tiene a maltraer a los vecinos de Rosario por las tóxicas humaredas que llegan desde la costa vecina. La demanda está dirigida hacia los propietarios de los lotes donde se produjeron los focos ígneos a quienes también se les reclamará una compensación económica por los daños remantes luego que se efectúen los trabajos de reparación.  Así presentado, el problema fue encuadrado como daño ecológico y atentado a la salud de los vecinos.

 

De la Redacción de ERA Verde