Este martes el secretario de la Producción provincial recibió a la coordinadora de organizaciones ambientalistas para abordar la problemática de las pulverizaciones con agroquímicos alrededor de las escuelas rurales. Las entidades verdes defienden la limitación impuesta por el Superior Tribunal de Justicia de 1.000 metros en las aspersiones terrestre y 3.000 metros en caso de ser aéreas. El Ejecutivo, en tanto ajusta una normativa que llevaría las prohibiciones a 100 y 200 metros respectivamente. En la reunión de hoy Gobierno no expuso los fundamentos técnicos de la inminente medida, aunque acoró abrir un espacio para discutir la promoción y transición hacia producciones agroecológicas en Entre Ríos.

 

De acuerdo a lo informado,  en la mañana de este martes 18 de diciembre la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos “Basta es Basta” fue recibida por los secretarios de Producción, Alvaro Gábas, y de Ambiente, Martín Barbieri, junto al director de Agricultura y otros asesores, quienes representaron al gobernador Gustavo Bordet, a quien se le solicitó oportunamente el encuentro.

 

Desde la Coordinadora se consultó a los funcionarios respecto a las declaraciones oficiales en donde se afirmó que es “imposible producir” en las 300.000 hectáreas alcanzadas por el amparo ambiental que protege a las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos. También se pidió precisiones sobre qué tipo de producciones tienen lugar en esas áreas alcanzadas por  las limitaciones, y a qué cantidad de productores afecta. En este orden, se solicitó acceso a los indicadores de salud y las capas productivas y ambientales del catastro rural en las áreas involucradas.

 

Según los representantes de las entidades ambientales, el secretario de Producción provincial respondió que la información era posible estimarla, aunque para ello invitó a la Coordinadora a elaborar ese dato de manera conjunta, así como fiscalizar y denunciar las fumigaciones que pongan en riesgo la salud e incumplan la ley.

 

Comisión

 

“Basta es Basta” manifestó a los secretarios provinciales su desacuerdo ante el posible decreto del Gobernador, ya que se opondría al amparo judicial que las protege. “Respecto a los fundamentos técnicos del decreto, los funcionarios afirmaron desconocerlos”, apuntaron desde la Coordinadora.

 

Si bien desde las entidades no se mostraron conformes respecto definiciones sobre las “buenas prácticas agrícolas” que se maneja a nivel gubernamental así como las condiciones que consideran demandaría un cambio hacia modelos productivos que no utilicen agroquímicos, aceptaron  colaborar en una mesa de trabajo. Este espacio se abriría “para impulsar medidas específicas de fomento de la agroecología que permitan un cambio de matriz productiva en la provincia”. La primera reunión en este sentido, se realizará el próximo 15 de enero, junto con otros sectores definidos por el Gobierno entre los que se cuenta la cartera de Salud, indicaron.

 

Entre las primeras tareas propuestas, las organizaciones solicitaron elaborar datos certeros, con informes técnicos y propuestas de medidas ejecutivas “para caminar una transición productiva que priorice la salud de la población y de los suelos en la totalidad de nuestro territorio”.

 

El Secretario de Producción, se reconoció, apeló reiteradas veces a la buena fe, al respeto, al diálogo y la honestidad, dijeron los ambientalistas. “El futuro dirá cuántos de esos valores se traducirán en medidas, en presupuesto y en que no aparezca un decreto el último día hábil del año”, advirtieron.

 

El decreto

 

Por su parte, los representantes gubernamentales confirmaron la publicación en breve de un decreto que, según se argumentó, establecerá “los límites y disposiciones para la aplicación de productos fitosanitarios en la proximidad de las escuelas rurales, de acuerdo a los requerimientos del fallo ratificado por el Superior Tribunal de Justicia”.

 

Gabás señaló en este sentido el trabajo conjunto que vienen llevando con con las Universidades y organismos técnicos como el INTA y Senasa, y que estos aportes “son el sustento académico y productivo que genera una consolidación de las políticas públicas”, consideró.

 

Por su parte, Barbieri, dijo que “para avanzar en el diálogo es fundamental incorporar a otros actores que realicen aportes científicos al tema para tratar de echar luz a todos los interrogantes y que puedan volcarse en un nuevo decreto que regule y contemple todas las inquietudes”.

 

Finalmente, recordó que actualmente “está vigente en la provincia la Ley Nº 6.599 de Agroquímicos y cuyo órgano de aplicación es la Secretaría de Producción. Es una ley vieja, que tiene muchos decretos reglamentarios por lo que se está trabajando en generar insumos para un nuevo texto. Esos aportes serán muy propicios para ello”.

 

 

De la Redacción de ERA Verde