El avance de nuevos barrios privados en la capital provincial tiene luz verde desde este jueves 11 de octubre. El Concejo Deliberante aprobó por ajustada mayoría una derogación de la Ordenanza Nº 9130 que los prohibía, y fuera aprobada en tiempos de la gestión de Blanca Osuna.

 

La iniciativa había duramente criticada por la organización ambientalista CAUSE y en el recinto hubo argumentaciones en contra de especialistas de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná.

 

El proyecto de la edil de Cambiemos, María Marta Zuiani, fue aprobado con siete votos del oficialismo (Emanuel Gainza, Karina Llanes, Elsa Ermácora, Claudia Acevedo, Zuiani, Carlos González) y el del representante del Frente Renovador, Luis Díaz. Su par de bloque, Silvina Fadel, estuvo presente pero ya no estaba al momento de votar.

 

En el oficialismo marcó su disidencia y pidió más tiempo el concejal Santiago Gaitán que votó en contra, junto con el bloque del Frente Para la Victoria, Stefanía Cora, Cristina Sosa, David Cáceres, Enrique Ríos y Sebastián Bertoli.

 

En la apertura de la sesión, la Asamblea Ciudadana ocupó el espacio dedicado a las voces de la comunidad. La organización se expresó en contra de la propuesta y entre sus expositores se sumó el ex funcionario de la gestión de Osuna, Abelardo Llosa.

 

Alineamiento

 

La autora del proyecto limitó sus argumentaciones a la perspectiva jurídica. Dijo que la propuesta se pliega a los cambios al Código Civil y advierte sobre la necesidad de adaptar la norma local.

 

La nueva ley nacional consagró el carácter de nuevo derecho al de habitar un “conjunto inmobiliario” como un barrio privado o un club de campo.

 

Tras extensas exposiciones del peronismo -que sembró dudas sobre “los verdaderos intereses” que estarían detrás de la iniciativa que empezará a regir el 1 de abril– la edil rebatió los argumentos de la oposición reclamando que “debieran haber militado todos estos planteos cuando el peronismo, siendo mayoría en el Congreso de la Nación, aprobó esto”. También reparó en un Decreto Nº 851, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, que prevé la adaptación de la norma entrerriana al nuevo código e insta a los municipios a hacer lo propio.

 

“En la República Argentina, el conjunto inmobiliario es un derecho real. La normativa local no puede ir contra la ley de fondo y así lo dice el gobernador Bordet que afirma que hay que hacer el reconocimiento de este derecho”, apuntó.

 

Además, dio cuenta de la presentación de dos expedientes solicitando autorización para avanzar en proyectos de este tipo, pedidos que estarían apuntando a la incongruencia que pesaría sobre la prohibición dispuesta por ordenanza en Paraná. En este sentido, dio por descontado Zuiani que de no avanzarse con la derogación era un hecho el litigio judicial sobre el punto.

 

Sociedad de clases

 

Hubo argumentos de variado tipo, que apuntaron a “las contradicciones” que la norma aprobada tendría con el ideario del radicalismo; enmarcaron la medida en una gestión de Cambiemos, “una gestión neoliberal, que fortalece el individualismo y busca quebrar los lazos sociales”, apuntó Cora que reclamó la falta de espacios de participación ciudadana y de consulta a una perspectiva multidisciplinaria sobre el tema.

 

Trajo al recinto un texto del sociólogo polaco Sygmunt Bauman para exponer acerca de la segregación social, la divisoria de clases en el territorio, el control urbano de quienes ostentan el poder, el lugar de la violencia y el de la ley en las sociedades actuales. Advirtió que en la historia procesos de este tipo tuvieron su momento culminante en el holocausto judío.

 

Fundamentó Cora la necesidad del pase a comisión, tal como lo había propuesto su par de bancada, Cristina Sosa. Pero la moción no tuvo los votos suficientes.

 

Voz de los vecinos

 

En el espacio “Voz y Opinión Ciudadana”, otorgado en el plenario a la “Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná”, expusieron su opinión los arquitectos Abelardo Llosa, Mora Uriburu y Clelia Zapata.

 

Llosa, al sintetizar la opinión de los disertantes manifestó que “los barrios cerrados no son emprendimientos convenientes para un desarrollo sustentable de las ciudades, ya que fragmentan a la sociedad, tienden al aislamiento y desprecian el espacio público, cuando las ciudades del futuro deben ser ciudades abiertas, democráticas e inclusivas”, para acotar que estos emprendimientos urbanísticos “no aportan a ese modelo”.

 

Añadió que “la idea es que los mismos no proliferen, dado el escaso suelo del ejido de la Municipalidad de Paraná. Si tuviéramos cien emprendimientos de esta naturaleza, se agotaría el suelo disponible dentro del ejido municipal, quitando la posibilidad que el mismo quede disponible para otros tipos de uso”, ejemplificó.

 

Llosa enfatizó que “este no es un tema menor y debió ser discutido en el contexto de una planificación urbana mayor”.

 

Destacó que “representa un asunto importante tanto por lo social, como por lo territorial”, y mencionó: “Esos son los argumentos que sostenemos, reclamando que este proyecto vuelva a Comisión, no se derogue la ordenanza 9130/13 y que apostemos a la planificación de una ciudad más integral y no con medidas tan aisladas”.

 

Al impugnar los argumentos esgrimidos por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos), al sostener la iniciativa, en el sentido de que una ordenanza (Nº 9130) “en tanto de norma inferior, no puede contener preceptos opuestos al Código Civil y Comercial de la Nación”, Llosa manifestó: “Entendemos que esto no es así, al tema lo hemos analizado con asesores jurídicos expertos en derecho urbanístico”, acotando que “incluso dentro de la pirámide jurídica hay ámbitos de autonomía y la cuestión de las localizaciones de los usos del suelo, son parte precisamente de las autonomías municipales”.

 

Al respecto indicó que “a esto lo reconoce la Constitución Nacional en su artículo 123 y la Constitución Provincial en el artículo 240, por lo que hay que distinguir claramente -advirtió- lo que es la figura jurídica del Conjunto Inmobiliario, de lo que son los Barrios Cerrados”.

 

A renglón seguido, puntualizó que “el Conjunto Inmobiliario es una figura jurídica que crea el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y que se puede aplicar a un Barrio Cerrado, a un Cementerio, a un Parque Empresarial y a diferentes tipos de uso del suelo”.

 

“El municipio es quien tiene reservada la facultad de regular los usos de ese suelo y al decir que no permite Barrios Cerrados o un Parque Empresarial, lo que está haciendo es regular  esos usos, no se está oponiendo a la figura del Conjunto Inmobiliario”, aseveró.

 

El representante de la “Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná” se preguntó finalmente a quién beneficia la derogación de la ordenanza 9130, cuáles son los intereses que busca defender y en qué aporta dicha medida a superar el contexto de crisis económica y social del país.

 

“Seguramente no son los intereses de la mayoría de los habitantes de Paraná y mucho menos, los de las generaciones futuras como exige el paradigma del desarrollo sustentable”, concluyó.

 

Presidencia

 

La crítica más dura sin embargo -como ha sucedido en otros casos- llegó de la mano de la propia viceintendenta Josefina Etienot, dirigente del PRO e integrante del binomio que encabezado por Sergio Varisco se impuso en diciembre de 2015.

 

Desde la Presidencia, expuso sus argumentos y hasta aconsejó al peronismo la moción del voto nominal, tal como se hizo, aunque a tal propuesta Zuiani contrapuso la “omisión de lectura” de los artículos del proyecto. Así las cosas, uno por uno los ediles se expresaron a favor o en contra acerca de puntos desconocidos para quien seguía la sesión.

 

“Pido que se escuche a la gente que quiera hablar. Y propongo que se dé el espacio de voz y opinión ciudadana sobre este tema en cada uno de los barrios en los que vamos a sesionar hasta noviembre, en el programa El Concejo en tu barrio”, manifestó Etienot. “Que nos digan los vecinos que les parece que en sus extensiones se levante un barrio privado, que digan que les parece que no puedan pasar para el otro lado, que tengan que dar toda la vuelta porque hay un barrio privado. Seguramente van a tener su opinión”, ironizó.

 

“Más allá de mis diferencias enormes, en lo local, con los que dicen representar a Cambiemos, también uno es parte de Cambiemos. Les pido a todos ustedes que tengan a bien darle tiempo a este tema, que sostengan la bandera del espacio que dicen representar y que es escuchar a la gente. No está bien que decidan sobre el poco espacio de tierra que le queda a la ciudad. Representen a los electores que nos trajeron hasta acá”, advirtió.

 

“Escuchar al vecino no es sólo en un timbreo si no en los espacios institucionales que hay. Lo indicado es escuchar al vecino en estas sesiones en los barrios que vamos a hacer. ¿Qué piensa la gente del barrio El Sol, los de Parera, los de la zona del Puerto? ¿Qué les parece que 20 hectáreas, que 8 hectáreas de sus terrenos puedan ser ocupados por privados? Pregúntenle al vecino y después decidan lo que corresponda”, exhortó sin suerte.

 

Finalmente, la norma quedó derogada. En uno de los artículos, un inciso impone a los copropietarios del barrio privado disponer “un sector destinado a áreas comunes de esparcimiento, entendiéndose como tal a sectores deportivos, sociales, culturales y recreación, en pleno contacto con la naturaleza”. Todo eso que hasta hoy tiene derecho todo ciudadano, por el sólo hecho de ser paranaense.

 

 

Fuente: Luz Alcaín/Página Política – Prensa HCD