La Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos Basta es Basta repudió en un comunicado la decisión del Superior Tribunal de Justicia provincial de cercenarles un recurso extraordinario federal para reclamar ante el máximo tribunal de la Nación por el decreto del gobernador que acorta las distancias de fumigación alrededor de las escuelas rurales. Los ambientalistas denunciaron a los jueces por favorecer a las entidades gremiales de la Mesa de Enlace rural. También criticaron que el Gobierno provincial por no cumplir con las medidas de seguridad para las fumigaciones anunciadas por la Fiscalía de Estado. “A la Corte vamos igual, en queja”, adelantó a ERA Verde Daniela Verzeñassi, del Foro Ecologista.

 

Es “un escándalo jurídico en Entre Ríos, otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”, expresaron desde la Coordinadora Basta es Basta para anunciar que con la firma de Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos les negó el recurso de apelación a la Corte Suprema de Justicia de Nación ante el rechazo de un amparo para que se nulo e inconstitucional la normativa que habilita a realizar pulverizaciones alrededor de las escuelas rurales a una distancia menor a las fijadas anteriormente por la Justicia.

 

El cuestionado decreto es el Nº 2.239/19, que establece una prohibición de las aspersiones con agrotóxicos 100 metros de los establecimientos educativos si se realiza de forma terrestre y de 500 metros si son aéreas. Antes, el camarista Oscar Benedetto había fijado en octubre de 2018 distancias mayores: 1.000 y 3.000 metros respectivamente.

 

Esta impugnación al decreto del gobernador Gustavo Bordet que llevaron adelante el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos fue rechazada parcialmente por el STJ el 28 de octubre pasado. El Superior Tribunal entendió que en el decreto N° 2.239 superaba uno anterior sobre la misma cuestión, el N° 4.407/18, pero que tuvo una vida efímera porque aquella vez fue declarado efectivamente nulo.

 

Igualmente, ante un eventual fallo adverso como finalmente sucedió, al recurso de amparo ambiental le quedaba una instancia en la Corte Suprema de Justicia, pero que llamativamente el STJ negó a los litigantes. De todos modos, las demandantes irán al máximo tribunal de la Nación, anticipó a ERA Verde Daniela Verzeñassi, del Foro Ecologista, que se mostró indignada por las determinaciones del STJ.

 

Interrogantes

 

Entre otros reclamos, desde Basta es Basta reprocharon a los jueces que en la notificación recibida el 8 de febrero está acompañada por una decisión que “contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho internacional nos respalda”, sostuvieron, y agregaron: “Es de suponer que estos jueces que integran el órgano máximo en la justicia entrerriana, son las personas más formadas en la materia. Por tanto ¿desconocen la gratuidad de la acción de amparo ambiental, otorgada en la propia Constitución de Entre Ríos?  ¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denominado agronegocio?”, interrogaron. “El Supremo Tribunal reunido casualmente con la Mesa de Enlace, beneficiados por sus fallos ya que tendrán más tiempo para fumigar. Jamás escucharon a las y los afectados”, dispararon.

 

En cuanto al decreto Nº 2.239/19, desde la Coordinadora reclamaron respuestas ante los dichos del fiscal de Estado que aseguraba que la norma garantizaría “la seguridad ambiental y la salud”, y preguntaron:

 

“¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? Esa información fue provista en 2014 a la Secretaría de Agricultura, relevada por uno de nuestros compañeros. Pero ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud”.

 

“¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?

 

“¿Ya puso en línea el Gobierno de Entre Ríos el cacareado ‘sistema web de gestión de información con tecnología georeferencial’ y el ‘sistema de monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos que implique la adquisición, registro y gestión de alarmas con transmisión de datos basados en una microcentral para ser instalado en pulverizadoras’ prometido en el artículo 8° del decreto. ¿Habrá llegado la hora milagrosa de que los pueblos fumigados podamos acceder a la información de quienes son los responsables de envenarnos? Las empresas aplicadoras y el Colegio de Agrónomos ya lo saben de sobra, hace largo tiempo porque la tecnología está vigente y es utilizada por la agroindustria”.

 

Ratificando la salida a este gran problema es la promoción de la agroecología, desde Basta es Basta afirmaron que “es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet. Entre Ríos merece otro destino. ¡Hay alternativa; Agroecología!”, concluyeron.

 

Foto: Emilio Castrillon cuando era presidente del STJ con los vocales Bernardo Salduna, Miguel Giorgio y Martín Carbonell, recibiendo a representantes rurales el 23 de mayo de 2019.

De la Redacción de ERA Verde